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Golpe al corazón
de la impunidad
por
Horacio Verbitsky
Los alzamientos castrenses de 1987 a 1990, que arrancaron de las autoridades constitucionales la impunidad para los delitos contra la vida, la libertad y la dignidad humana cometidos durante la última dictadura militar hirieron de gravedad el estado de derecho. Había comenzado a recomponerse a partir del juicio a los miembros de las tres primeras juntas militares, cinco de los cuales fueron condenados luego de un proceso con todas las garantías, pero se hizo añicos a partir de la primera rebelión carapintada, pocos días antes de la aparición de Página/12. La ilusión duró bien poco, en realidad. La lucha colectiva por recuperarla, continúa. Una sucesión de asesinatos, casos de corrupción política, lavado de dinero y brutalidad policial, en los que la justicia actúa tarde y mal han generalizado desde entonces la pringosa sensación de impunidad que se instaló cuando Raúl Alfonsín pronunció su desdichada frase de la Pascua de 1987 sobre héroes y orden doméstico. Este proceso de deterioro culminó con la pulverización del contrato social y el estado de derecho por Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo, cuyas decisiones sobre la fortuna de los argentinos y, en muchos casos como consecuencia también sobre su vida, fueron agravadas por el senador Eduardo Duhalde y su banda bonaerense. La impunidad no ha sido así un disvalor circunscripto a un momento y a un sector de la sociedad, sino una mancha venenosa que se ha ido extendiendo hasta cubrirlo todo. Si los más graves crímenes ocurridos en la historia de nuestro país quedan sin castigo, ¿qué legitimidad tendrá el sistema jurídico para sancionar los delitos menores, que en comparación con aquellos son todos los demás? Por eso, la anulación de las leyes de impunidad dispuesta el año pasado por dos jueces federales y confirmada por la Cámara de Apelaciones de la Capital constituye el intento más consistente ocurrido en los quince años de vida de este diario por recomponer el imperio de la ley. Un sondeo de opinión publicado en la semana del fallo indicó que el 78 por ciento de la población favorecía la reanudación de los juicios. La Corte Suprema de Justicia tiene ahora en consideración la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, cuya incompatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos ya fue adelantada en un caso similar del Perú por el más alto órgano jurídico del sistema interamericano. Hay razones para creer que la Corte no volverá a aislar a la Argentina de las corrientes centrales del derecho internacional o, dicho con las palabras de Juan Bautista Alberdi, del “pueblo-mundo, el género humano formando una sola sociedad superior y complementaria de las demás”. La reanudación de los juicios por el genocidio del siglo XX es vital para construir sobre bases sólidas la democracia del XXI, para que vivamos en una República y no como rehenes de diversas mafias que se ríen de la ley porque con toda razón se sienten fuera de su alcance.