Economista de Flacso, viejo observador de las idas y venidas de las privatizaciones y de las megaempresas resultantes, señala con dureza las extraordinarias ganancias, los chantajes y privilegios de un sector que ganó como nadie y ahora pelea para mantener sus ventajas y ganar más subsidios.
Por Washington Uranga y Natalia Aruguete
–¿Qué herramientas legales podría usar el Gobierno en la renegociación?
–Para empezar hay que decir que la ley de Emergencia Económica aprobada al comienzo del gobierno de Duhalde rompe con uno de los privilegios históricos de las privatizadas, que era tener sus tarifas fijadas en dólares. Esto les permitió, durante los ‘90, por medio de artimañas ilegales declaradas como tales por varios jueces y por el procurador del Tesoro, indexar las tarifas según la evolución de los precios de EE.UU. En los últimos seis años, el IPM (índice de precios mayoristas) en EE.UU. creció el 20 por ciento, mientras que en la Argentina decayó el 1,1. En la Argentina hubo deflación de precios, pero las tarifas estuvieron indexadas según la inflación de EE.UU.
–¿Cuál es la diferencia entre las renegociaciones de los ‘90 y la que se plantea llevar adelante ahora?
–En las renegociaciones anteriores se buscó preservar la rentabilidad de privilegio de las empresas. Ahora, en el artículo 9 de la ley de emergencia se fijan criterios de renegociación de todos los contratos. El primero es la influencia que tienen las tarifas de los servicios públicos sobre la competitividad de la economía y la distribución del ingreso. El otro, planteado en el artículo 13, propone regular los precios de los mercados, sobre todo de los oligopólicos. Por ejemplo, el del petróleo, que tiene una influencia decisiva sobre la cadena energética (gas natural y energía eléctrica).
–Derogada la ley de Convertibilidad, ¿qué sucede con los aspectos de esa norma que prohibían la indexación de las tarifas?
–Ese es el elemento más importante. El artículo 4 sostiene algo que parece elemental en cualquier país serio, menos en la Argentina: se mantienen vigentes aspectos de una ley que ya no rige. El artículo 4 dice: “Mantiénese derogadas, con efecto a partir del 1º de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier forma de repotenciación de deudas”. Decir que hay una ley existente que se debe cumplir, no es otra cosa que decir que fue sistemáticamente violada a través de decretos y resoluciones que llevaron a la dolarización e indexación de las tarifas. Esto abre un campo importante y todo depende de cómo lo utilice el Ejecutivo en la renegociación.
–¿Qué estrategias podría desplegar el Ejecutivo para negociar?
–Se puede renegociar de acá para adelante o revisar el pasado antes de negociar para adelante. Se pueden revisar todos los privilegios de los que gozaron las privatizadas e incorporarlos como componente de la renegociación. Hay elementos para revisar como el de la indexación o las omisiones respecto de la neutralidad tributaria. Otro aspecto que surge de una investigación del área de economía de Flacso es que los “ingresos ilegales” derivados de las indexaciones que acumulan las empresas hasta fines del 2000 superan los 9 mil millones de dólares. Si en lugar de incluir estos aspectos en las negociaciones se piensa sólo en el futuro, la posición del Gobierno se debilita.
–Frente a estas dos posibilidades, ¿cuál es la estrategia de las privatizadas?
–Las empresas dicen que hubo un incremento en los costos de los insumos importados y pretenden que eso sea trasladado a tarifas. Por ejemplo, Aguas Argentinas pide que sus importaciones, que mayoritariamente son de filiales, se sigan haciendo a paridad 1 a 1. Con un agravante: en la mayoría de los casos desapareció la industria proveedora local porque se usaron siempre insumos y equipos importados. Ahora que todos esos insumos se encarecieron al doble, ¿cómo se hace para recomponer la industria proveedora local? Otro elemento que las privatizadas pretenden plantearestá relacionado con la creciente morosidad de los usuarios. En Aguas sería del 40 por ciento. En el conurbano bonaerense dejaron de pagar, por lo menos en algunos de los bimestres del último año, el 35 por ciento de los usuarios de Edenor. Y después de esta crisis va a ser mucho peor. Las empresas quieren garantizar sus ingresos y sus beneficios extraordinarios aplicando tarifas sociales para los consumos más bajos, financiadas con subsidios del Estado.
–¿Cuáles son los reclamos de las empresas frente a la devaluación?
–Están pidiendo un seguro de cambio retroactivo. El argumento es que se endeudaron afuera para invertir adentro. No hay ninguna seguridad de que toda la deuda contraída se invirtió y no terminó en el mercado financiero local aprovechando las tasas diferenciales de interés, en dólares, entre el mercado local y el internacional. Y el Estado no tiene medios de saberlo. ¿Y por qué una pyme que sacó un crédito en el exterior va a tener que pagar 1 por 2 y las privatizadas 1 por 1?
–¿El Ejecutivo mantendrá los criterios planteados en la ley o se está replegando?
–Por los trascendidos periodísticos e incluso por la demora en constituir la comisión bicameral de seguimiento de la nueva ley de emergencia, pareciera que se está permitiendo un fortalecimiento del poder de lobby no sólo de las grandes empresas y de los grupos que están en los consorcios de las privatizadas sino la presión de los países de origen de las privatizadas. Otro agravante que diluye la potencialidad que tenía la ley de emergencia es en qué derivaron las retenciones a los hidrocarburos. –¿Por qué? ¿Qué establecía la ley en ese sentido?
–La ley hablaba originalmente de la retención a los hidrocarburos y terminó sólo siendo una retención al petróleo de apenas el 20 por ciento y del 5 a los combustibles. Krieger Vasena –a quien nadie puede acusar de trotskista–, cuando devaluó el 40 por ciento bajo un gobierno no leninista como el de Onganía, fijó para el sector agropecuario, que era el principal sector exportador (la Argentina no exportaba ni petróleo ni hidrocarburos), una retención del 25 por ciento. Si estamos hablando de una devaluación real que supera el 100/150 por ciento, al sector de hidrocarburos en gas y petróleo le correspondería una retención de casi las dos terceras partes. Con un agravante: se trata de recursos no renovables. Los datos de reservas que hay en la Argentina no están auditados. La información oficial proviene de las propias empresas petroleras. En el caso de la exploración petrolera, las inversiones vienen decayendo en forma sistemática. La relación entre las reservas reales y las exportaciones de recursos no renovables no se condice con los estándares internacionales. Esto trae un riesgo cierto de incentivo implícito a las exportaciones y podría agudizar los problemas intergeneracionales. Sin retenciones significativas, hay riesgo de que se incrementen sustancialmente las exportaciones y que dentro de diez años nos enteremos de que no tenemos más gas y debamos importarlo de Bolivia.
–Si se plantea la renegociación mirando la performance de las privatizadas, ¿cuáles son los elementos más relevantes para tener en cuenta?
–Por la manera en que se hicieron y desarrollaron, las privatizaciones modificaron por completo la estructura de precios y rentabilidades relativas en la Argentina. Gran parte de la inflación, en el marco de cierta estabilidad de precios, tiene como componente esencial el aumento de las tarifas de los servicios públicos. La rentabilidad de las privatizadas fue, en todos los años, entre 5 y 6 veces más grande que la rentabilidad de las mayores empresas del país. En la década de los ‘90, el ritmo de crecimiento de las tarifas de los servicios públicos impactó sobre la competitividad de la economía y sobre la distribución del ingreso, en ambos casos en forma regresiva. Otro aspecto tiene que ver conlos privilegios de los que gozaron las privatizadas, como la dolarización y la indexación según el índice de precios de EE.UU.
–Las empresas argumentan falta de seguridad jurídica.
–En el caso de las privatizadas, la seguridad jurídica que no existió fue la de los usuarios y consumidores. Lo que ha primado sistemáticamente ha sido la tasa de rentabilidad de las empresas, independientemente de los costos e implicancias sobre la seguridad jurídica de los usuarios y consumidores. Hubo una sistemática traslación de privilegios especiales hacia las empresas.
–¿Cómo se puede demostrar esto?
–Mirando cómo se aplicó la cláusula de neutralidad tributaria. En la mayor parte de los contratos, y en el Pacto Fiscal Federal del ‘93, se estableció que todo incremento impositivo puede ser trasladado a tarifas. Esto podía ser válido en el ‘91. Sin embargo, de ahí en más, la política de Cavallo y de los que le siguieron fue bajar la presión sobre el capital y sobre las empresas e incrementarla sobre el consumo y los salarios. La reducción de impuestos sobre las empresas en general y sobre las privatizadas en particular debería haberse trasladado a tarifas. Hubo reducciones de aranceles del 15 por ciento que deberían haberse trasladado a tarifas. Hubo reducción de impuestos a los sellos en la Capital Federal. Se bajó el impuesto a los activos. La rebaja de cargas patronales fue sustantiva. En todos estos casos, las reducciones no fueron trasladadas a tarifas o, en las propias excepciones en que se aplicó, no se efectivizaron de acuerdo con la legislación vigente.
–¿Cuánto mayor es la tasa de ganancia que las privatizadas tienen en la Argentina en relación con la que obtienen en otros países?
–El caso más llamativo es el de Aguas Argentinas, que durante la década pasada tuvo tasas de beneficio de aproximadamente 23 por ciento del patrimonio neto, mientras que por ejemplo en Estados Unidos la tasa de beneficio en el mismo período fluctuó entre 6 y 12,5 por ciento. Otro ejemplo es el de las empresas de telefonía básica. La filial argentina de Telefónica de España obtuvo un margen de beneficios que prácticamente duplicó al que logró la casa matriz en su país de origen. Las empresas transportistas de gas tuvieron todos los años beneficios superiores al 40 por ciento respecto de su facturación y recuperaron toda la inversión en dos años, mientras que las distribuidoras de gas tardaron cuatro años en recuperar la inversión original. Entre el ‘93 y el 2000, las 200 empresas más grandes del país tuvieron una rentabilidad de casi 29 mil millones de dólares. De ese total, las privatizadas se apropiaron del 56,8 por ciento. –¿Qué presiones adicionales usan las empresas?
–Las empresas amenazan con irse del país. Esto es un chantaje. Sería mejor que se vayan y hagan juicio. Lo más probable es que lo pierdan y entonces se podría replantear la estrategia oficial, desde privatizar nuevamente o, incluso, re-estatizar. Y el Estado puede hacer “negocio”. Cualquier tribunal internacional puede revisar la secuencia de ilegalidades que se llevaron a cabo para darles privilegios a las empresas.
–¿Existen posibilidades de re-estatizar estas empresas?
–Creo que se podría hacer en algunos casos. Habría un juicio internacional, alguien se haría cargo de la empresa y los trabajadores serían los mismos. En Inglaterra se está discutiendo la reestatización de los ferrocarriles y ese país fue líder en materia de privatizaciones. No sé si hoy es el momento, pero no descarto que de acá a cinco años la Argentina empiece a estatizar empresas.
–¿Y por qué no ahora?
–Todavía no hay contexto político para plantear una cosa así, salvo que alguna de estas empresas en lugar de amenazar se vaya realmente. Si la Argentina está dispuesta a declararse en default, ¿qué problema le puedecausar que se vaya alguna de las empresas privatizadas? Además, ninguna de estas empresas se va a ir porque las ganancias que han obtenido acá son tan siderales que si se las bajan a la mitad o a la cuarta parte se quedan igual.
–¿En qué condiciones internacionales va a empezar a negociar la Argentina con estas empresas de capital extranjero?
–Las condiciones son muy desfavorables para la Argentina. Sin embargo, no sé si existe otra experiencia en donde un país se declare en default con presencia masiva de la gente en la calle. Es muy preocupante para los organismos multilaterales que un país se declare en cesación de pagos con la gente en la calle. La Argentina dice eso con movilizaciones en cada esquina, con cacerolazos por todos lados, con asambleas vecinales permanentes y para los organismos multilaterales de crédito esto es, seguramente, un motivo de preocupación por su posible efecto demostración.
–En las condiciones sociales actuales, ¿qué elementos podrían contribuir a una renegociación más favorable?
–La transparencia. Una de las características esenciales de todas la renegociaciones que se hicieron durante la época de Menem es que fueron opacas. Incluso los entes reguladores no se enteraban. Por ejemplo, cuando se modificó el marco regulatorio de la concesión del sistema de aguas y saneamiento, se hizo mediante acuerdos directos entre María Julia Alsogaray y Aguas Argentinas. La famosa audiencia pública de la renegociación con los ferrocarriles que se realizó en Moreno terminó a las cuatro de la mañana y a las ocho de la mañana ya estaba publicado el decreto.
–¿Hay relación entre estas negociaciones y las exigencias del Fondo Monetario?
–La presión del FMI no pasa tanto por lo que pueda surgir de la renegociación con las privatizadas. Creo que el Fondo se cansó de prestarle plata a la Argentina para que el Gobierno siga alegremente licuando pasivos de Pérez Companc, Techint, Soldati, y otros tantos. El FMI no tiene ganas de seguir financiando lo que hizo Cavallo en los ‘80. En este juego, los únicos que salen perdiendo son los verdaderos acreedores externos. A todos los demás les licuan los pasivos o les dan seguros de cambio. Hubo una apuesta grande del FMI hasta el año ‘95 porque la Argentina era la experiencia más exitosa y brusca del neoliberalismo. Sin embargo, los últimos documentos del Banco Mundial sobre privatizaciones son cada vez más críticos. Que el FMI preste 25 mil millones de dólares para que se lo repartan entre Pérez Companc, Macri y Escasany... no parece muy probable. Si el ministro Remes habló de 15 millones de pobres, con este ajuste parecería que están dispuestos a que sean 20 millones de pobres. La inflación creo que ya en marzo va a ser mayor de lo previsto y, seguramente, las pautas del presupuesto aprobado se verán desbordadas, no sólo en lo referido a la tasa inflacionaria. Y la caída del salario real puede llegar a ser, a no muy largo plazo, igual o mayor de lo que fue durante los tres primeros meses de Martínez de Hoz, donde el salario real decayó un 30 por ciento.
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