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Cuando Jorge “Fino” Palacios se hizo cargo de la Gerencia de Seguridad en Boca en el segundo semestre de 2004, con Ciro James como uno de sus laderos, el presupuesto del área subió de 800 mil a 1.500.000 pesos anuales. Para entonces, el club tenía contratada a una empresa de origen israelí que brindaba el servicio, PCP (Prevención y Control de Pérdidas) que comenzó a convivir con la estructura que montó el comisario procesado por encubrimiento en la causa AMIA. Aún hoy, esa compañía se mantiene en funciones gracias a un contrato hasta marzo de 2010.
Una de las herencias que dejaron las tres presidencias de Mauricio Macri en la institución deportiva (1995-2007) fue el fuerte incremento en el rubro seguridad, que ahora ronda los 3.600.000 pesos. O sea, subió un 320 por ciento una inversión casi inocua, si nos atenemos a los logros obtenidos en la tarea de persuadir a la barra brava para que no cometiera hechos violentos. Entre otras actividades, quien tuvo un paso efímero por la jefatura de la Policía Metropolitana debía mantener a raya a Rafael Di Zeo hasta que éste se entregó a la Justicia en marzo de 2007, para cumplir una condena por coacción agravada a cuatro años y tres meses de prisión.
Boca le creó a Palacios el cargo de gerente de seguridad que hasta su llegada no existía. El cumplía sus funciones desde una oficina en la planta baja de la Bombonera, donde antes funcionaba la señal de cable Boca TV, un emprendimiento televisivo que fracasó. Allí quedó el comisario retirado Pedro Santa Eugenia, quien atesora un valioso archivo de filmaciones y conoce como pocos los secretos que guarda uno de los estadios más emblemáticos del fútbol argentino. Jorge Gómez, otro comisario que era habitué de programas como el de Mauro Viale, apuntala la seguridad desde afuera. En el club señalan que fue nombrado por el ex presidente Pedro Pompilio cuando se alejó el Fino.
El ex vicepresidente boquense y dirigente peronista Roberto Digón confirmó con su testimonio y con unas fotografías que difundió como prueba, el modo en que Palacios y James trabajaron codo a codo en la institución mientras Macri la conducía. También aseguró que el comisario cobraba a su llegada un sueldo de 15 mil pesos y se retiró ganando 25 mil. Una sola vez –dice– se cruzó con él mientras caminaba por el estacionamiento de la Bombonera. A Digón acababan de aplicarle el derecho de admisión para no dejarlo ingresar a un partido con Banfield, el 2 de abril de 2006. “Me dio la mano, comentó que teníamos amigos en común y que Mauricio estaba enceguecido conmigo y no lo escuchaba.”
En aquel momento, Digón había denunciado un negociado con plateas y entradas al Museo de la Pasión Boquense del que Palacios habría estado al tanto. Eso motivó que le impidieran entrar a la Bombonera y ahí fue cuando apareció James. “Era uno de los que vino a sacarme. En el club lo conocíamos como Ciro, a secas. Ahora me enteré de que era el espía de la SIDE que pinchaba teléfonos.” En una de las fotos que conserva Digón, aparece durante el operativo con un chaleco de la Policía Federal, donde revistaba.
En Boca y en el ambiente judicial hay quienes sostienen que las fugas que emprendió Di Zeo, ex jefe de la Doce, cuando lo buscaba la Justicia habrían contado con la invalorable colaboración de algunos servicios de inteligencia. La primera ocurrió el 2 de octubre de 2003 y tuvo ribetes cinematográficos. En el libro La Doce, del periodista Gustavo Grabia, una documentada investigación sobre la barra brava de reciente aparición, el ex juez Mariano Bergés cuenta que “debió haber un acuerdo para que se fuera. Yo pienso que compró su fuga en cincuenta mil pesos”. El último escape se prolongó durante veinte días en marzo del 2007. “El Rafa siempre estaba un paso adelante”, le comentó una fuente a Página/12.
Especialistas en seguridad deportiva como el abogado Gustavo Lugones, quien trabajó en el Coprosede bonaerense y ahora lo hace en la Secretaría de Deporte de la Nación, sostiene que “Palacios no cambió la seguridad en Boca y su presencia coincidió con el auge que cobró Di Zeo. Tuvo un perfil demasiado bajo cuando estuvo en el club”. Bergés investigó delitos cometidos por la barra brava, procesó a algunos de sus miembros y al dirigente Luis Buzio en mayo de 2004. Hoy recuerda que el comisario “todavía no estaba en el club cuando yo inicié una causa por hechos ocurridos durante un Boca-River. En esa época declaró el ingeniero Omar Toti, un hombre muy sano, personal jerárquico del club, al que después despidieron”.
En la instrucción de Bergés quedó acreditado que la Doce encabezada por Di Zeo ingresó al superclásico del 16 de mayo de 2004 sin pagar entrada, trabando los molinetes e intimidando al personal de control. Y aunque la causa después se cayó, porque la Cámara lo desautorizó, marcó el final de una sucesión de hechos que habían comenzado en la Bombonera en marzo de 1999 con un ataque de la barra a hinchas de Chacarita y otro enfrentamiento entre ambos grupos el 31 de agosto de 2003.
Esta continuidad de episodios violentos habría sido la que convenció a Macri de contratar a Palacios en Boca. Así fue como llevó consigo a James, a quien antes había recomendado en la Policía Federal, según sus propias palabras. En febrero de 2004, anticipándose a la llegada del Fino, lo habían designado a Andrés Ibarra gerente general del club. El mismo que ocupa el cargo de subsecretario de Gestión Económica en el Ministerio de Educación que conduce Mariano Narodowski y donde se desempeñaba el hombre de la SIDE.
Macri, Palacios, Ibarra y el espía procesado y detenido por el juez federal Norberto Oyarbide convivieron en Boca durante la última presidencia del ingeniero (2004-2007). También coincidieron en esa época como boquenses de ley que se precian de tales, los actuales ministros Guillermo Montenegro y Carlos Stornelli. Los dos integraban ad honorem una comisión con una temática semejante al área de Palacios: la comisión de seguridad que compartieron con otros hombres del derecho: Ariel Lijo, Raúl Plee, Carlos Alberto Beraldi y Gerardo Pollicita. Esa que tenía como fin asesorar a Macri, quien en junio del 2007 le ganaba la elección a Daniel Filmus para el cargo de jefe de Gobierno porteño y comenzaba su retirada del club.
Desde entonces, “Boca tiene dos ejércitos, uno pago, el de la seguridad, y otro que es la barra”, dice Claudio Giardino, uno de los integrantes de la asamblea de representantes que se opone a que en el club haya “más personal de uniforme que socios”. En la asamblea que aprobó la memoria y balance el último viernes por la noche, la política de gastos en seguridad se mantuvo, aunque la violencia de la barra brava, ahora conducida por Mauro Martín, no decreció. Esa situación en apariencia contradictoria, además de los títulos ganados en serie, los negociados con futbolistas juveniles y profesionales a través de fondos comunes de inversión o compañías subsidiadas por la comisión directiva y los discriminatorios avales para poder presentarse como candidato a dirigente, son algunas de las señas particulares que dejó Macri en sus doce años de gestión.
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