El gobierno bonaerense y, a la par, el de la Nación, han llegado a ese punto de estancamiento institucional, cuyo rasgo sobresaliente es el abismo que separa a la sociedad de las representaciones partidarias, por el que ya pasó Italia durante el conocido “proceso de manos limpias”. En aquella experiencia, para destruir la relación entre delito y política amparada por la corrupción impune y administrada por verdaderas mafias enquistadas en el Estado, Italia tuvo que destruir el sistema de partidos, en primer lugar a los que cogobernaron durante la segunda mitad del siglo XX, y reemplazarlos por nuevas agrupaciones. Surgieron así dos bloques principales, coaliciones multipartidarias: el Olivo, de centroizquierda, que se hizo cargo del gobierno con el ex comunista Massimo D’Alema a la cabeza, y el Polo de la Libertad, de centroderecha, que lo sustituyó en la gestión por voto popular, encabezado por el empresario conservador Silvio Berlusconi. En ambas direcciones se inscribieron veteranos y nuevos militantes, con la condición de que no fueran imputados o condenados por la Justicia. ¿Alguien podría asegurar hoy en Argentina que el PJ y la UCR están en condiciones de depurar sus cuadros orgánicos y recuperar la confianza popular en la política?
Por lo pronto, ninguno de los dos, más allá de algunas excepciones aisladas de habilitar en serio la participación popular. Los Consejos Consultivos en las intendencias y los Foros Ciudadanos de Seguridad son dos ejemplos de participación formal pero sin relevancia efectiva. Surgieron de leyes y normas aprobadas por el efecto intimidatorio del estallido popular de diciembre de 2001, pero casi ninguna autoridad los tomó en serio. A la vez, ninguna autoridad puede ignorar que hay administraciones en distritos del conurbano y en provincias que son réplicas del juarismo de Santiago del Estero. Dicho de otro modo: no hay política de seguridad viable si además no hay una reforma política que modifique los hábitos tradicionales de hacer política y de ejercer el poder con métodos que hicieron posible el funcionamiento mafioso y le dieron cobijo. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato?
En Italia fue un medio centenar de fiscales, con epicentro en Milán, centro del poder económico, la brigada de choque del “proceso de las manos limpias”, con las armas de la ley y del código penal, de su coraje cívico y el consentimiento implícito de las mayorías populares, que enjuiciaron y pusieron en prisión a un número cercano a tres mil políticos y empresarios. Es imposible, por supuesto, repetir historias ajenas sin tener en cuenta las realidades diferentes que, en este caso, son sustanciales. Para no abundar, alcanza con advertir los distintos grados de desarrollo económico-social entre Italia y Argentina que permitieron, allá, contar con el tiempo suficiente para la investigación y los trámites de ley, unos tres años, sin que otras legítimas impaciencias se sumaran a las demandas contra la corrupción mafiosa en los negocios públicos y privados, contra el auge criminal y contra la inercia, incluso la complicidad, de los gobernantes.
El retorno de León Arslanian a la cartera bonaerense de Seguridad, de la que fue expulsado por los falsos teóricos de la mano dura que, a poco andar, probaron su absoluta ineficacia para terminar con la trama siniestra que envuelve al delito, la policial, los tribunales, las cárceles y la política, es una noticia alentadora. También lo es el anuncio del ministro Gustavo Beliz de que dentro de una semana el gobierno nacional comenzará a implementar un paquete de medidas destinadas a proteger la vida y los bienes de los ciudadanos. Esos alientos, sin embargo, serán insuficientes mientras no cuenten con la voluntad política y la decisión que mostró el presidente Néstor Kirchner en otras zonas de los derechos humanos. Al gobernador Felipe Solá, mientras insista en que su principal certeza es que conservará el puesto hasta que se agote sumandato, obnubilado por el internismo partidario pero sin advertir que no se trata de una conspiración para derrocarlo sino el final ineludible de una etapa, le hará falta la determinación para tomar los riesgos de los verdaderos reformistas. Para construir lo nuevo, hay que destruir lo viejo, con todos los riesgos que supone ese tránsito.
Los esfuerzos legislativos en la Nación y la provincia muestran la hilacha sin disimulos: quieren conformar a la clientela electoral fingiendo que su responsabilidad queda cumplida con la sanción de leyes, aunque buena parte de diputados y senadores podrían, en el sofocón, repetir normas que ya sancionaron en otro momento de apuro, con tal de zafar de la emergencia creada por la multitud que se reunió el jueves pasado. Con esa formidable movilización tampoco se agotó la responsabilidad social: el adolorido Juan Carlos Blumberg no es el Mesías al que sólo hay que seguir en rebaño y los propios obispos católicos puntualizaron que el camino para terminar con la inseguridad empieza por “atacar las causas de fondo de la crisis, como la corrupción, las mafias organizadas, los malos policías, la pobreza, la marginación y las drogas”. Es un programa básico para pensar en soluciones reales. ¿Está la sociedad dispuesta a correr los riesgos de reacciones violentas de las mafias cuando éstas se vean amenazadas de extinción?
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