Mastrini analiza en el libro Mucho ruido, pocas leyes las políticas de radiodifusión nacional.
Que tras haber pasado más de 21 años desde la apertura democrática, el sistema de radiodifusión argentino continúe regulado por la Ley 22.285, firmada por Rafael Videla, Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz, es una de las cuentas pendientes de la democracia. Mucho ruido, pocas leyes, editado por La Crujía, es una exhaustiva investigación que se propone recorrer la economía y las políticas de comunicación que existieron en el país desde 1920 hasta la fecha, intentando echar luz sobre un tema tan complejo como escasamente explorado en profundidad. Escrito por Guillermo Mastrini, titular de la cátedra de Política y Planificación de la Comunicación de la UBA, el libro no sólo es un detallado recorrido por la historia de la radiodifusión argentina sino que, además, analiza las distintas formas de intervención estatal y las relaciones de poder establecidas a partir del sistema de medios.
El trabajo aborda cuatro períodos cortos en su duración, pero decisivos a la hora de evaluar la historia de las políticas de comunicación en el país: la Comisión de 1938, la adjudicación de licencias de TV en 1955-1958, la estatización de los canales de Buenos Aires en la década del ’70 y la posterior privatización de las emisoras de televisión realizadas al inicio del gobierno de Carlos Menem. “Lo llamativo es que tanto el informe de la Comisión del ’38 como la idea en el tercer gobierno de Perón de impulsar un modelo de servicio público como en Europa fueron los dos momentos que más se planificaron, pero que menos consecuencias históricas tuvieron”, explica Mastrini en la entrevista con Página/12. “En cambio –continúa–, la creación de la TV privada en la década del ’50, que tenía la finalidad de eliminar al peronismo de la radiodifusión argentina, y las políticas de privatización de Menem, que estaban vinculadas no a una política de comunicación sino a un proceso privatizador más amplio, no fueron pensadas como una planificación comunicacional, pero terminaron estableciendo un modelo de radio y televisión que se prolonga hasta estos años.”
–El libro demuestra que desde el comienzo de la radiodifusión en el país hubo una ausencia total del Estado. El sector privado siempre fue a la vanguardia en esa materia...
–El Estado no ha podido, no ha querido o no ha sabido definir una política de comunicación tanto para sus medios como para los medios comerciales. Esto se expresa muy claramente cuando después de 21 años de democracia seguimos sujetos a la ley de radiodifusión de la dictadura. Es el mayor fracaso de la democracia. Se hicieron modificaciones en esta ley, pero siempre fueron primero consagradas en el mercado y después recién fueron enmendadas legalmente, como la concentración de la propiedad, la trasnacionalización y la propiedad extranjera de los medios. Mientras por un lado se hicieron esos cambios, las ONG o las economías solidarias siguen sin poder acceder a los medios, el Comfer sigue estando intervenido... El sistema democrático no tuvo capacidad para instalar la más mínima política comunicacional democrática.
–Pero se trata de un problema histórico.
–Es un proceso muy largo, que arranca en la década del ’20. Es cierto que ha sido una constante, donde el sector privado ha sabido imponer sus intereses comerciales, que pueden ser legítimos. El problema surge cuando esos intereses comerciales excluyen la posibilidad de participación de otros. En la sociedad en que vivimos es normal que haya intereses comerciales detrás de los medios de comunicación. Sin embargo, lo que resulta llamativo es que la ley sólo permita ser radiodifusores a aquellos que tienen fines de lucro.
–El hecho de que desde la llegada de la radio el Estado no haya intervenido con una planificación de servicio público de los medios, ¿cree que de alguna manera condicionó el marco regulatorio posterior?
–Evidentemente, el carecer desde el primer momento de una política de radiodifusión hace que cada vez sea más complicado establecer unapolítica. En definitiva, una política de radiodifusión democrática trata de poner reglas de juego que permitan que todos participen. Los niveles de concentración de la propiedad de los medios de comunicación, merced al menemismo, superan a la mayoría de los países. Con la particularidad de que se trata de lugares por donde circulan las palabras y los significados simbólicos, que permiten ponernos al tanto de la política y de todo evento social y cultural.
–En el imaginario social está instalada la idea de que en los ’90 no hubo planificación comunicacional alguna. ¿Es tan así?
–En la década del ’90 hubo una contundente política de comunicación. Lo que ocurre es que se trató de una política distinta al concepto histórico que había de política de comunicación coherente de normas. En cambio, en los ’90 hubo un modelo de país en el que se dispusieron medidas para adecuar el sistema comunicacional a las necesidades del modelo neoliberal.
–¿Sobre qué ejes debería hacer hincapié la nueva ley de radiodifusión?
–Básicamente sobre la apertura, para que todos los sectores sociales puedan participar de la radiodifusión, considerar una política específica para los medios públicos, disponer de una cantidad de frecuencias para que las organizaciones sin fines de lucro puedan acceder a la radiodifusión y circulen otras voces, limitar la concentración de la propiedad de los medios, mecanismos de control público real y publicidad de la situación patrimonial y proyectos culturales de cada licenciatario.
–¿Cómo ve la posibilidad de que finalmente se apruebe una nueva ley que reemplace a la de la dictadura?
–Soy muy escéptico. Si hubiera voluntad política, se hubiera aprobado una nueva ley. La modificación del artículo 45 fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero hace meses que no se puede aprobar en el Senado. Tampoco hay acuerdo con la idea de que los medios públicos tengan algún tipo de administración pública y no gubernamental. Si hubiera voluntad política, estas cuestiones se resolverían fácilmente. Más allá de esto, creo que se trata de un tema que no hay que relegar sino que la sociedad debe asumir como propio. No se va a resolver en tanto no haya un reclamo social importante. En los últimos tiempos, socialmente se ha dado más importancia al reclamo de una nueva ley. Eso es positivo. Un ejemplo es la iniciativa Coalición por la Radiodifusión democrática, que agrupa en 21 puntos a un montón de sectores sociales, derechos humanos, sindicatos y universidades, y que expresa un reclamo social y no individual sobre el tema. El problema es que en estos casos pareciera que hay otro tipo de presentaciones no tan públicas que son más efectivas.
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