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River consiguió terminar el año más tranquilo en torno de lo futbolístico, pero fuera de la cancha la situación no parece ir por la misma senda. La Cámara del Crimen ordenó ayer profundizar la investigación sobre los montos de transferencias de jugadores al exterior realizadas durante la presidencia de José María Aguilar, una época que la actual administración que conduce Daniel Passarella prefiere ignorar.
Las denuncias del diputado porteño Marcelo Parrilli en referencia a la entrega de entradas a los barras y sobreprecios en la ejecución de las obras quedaron nulas, pues la Cámara Cuarta del Crimen determinó que el ex presidente fuera sobreseído. Aun así, la transferencia de jugadores está en la mira.
La Cámara, con las firmas de los jueces Alberto Seijas, Carlos González y Marcelo Lucini, aseguró que “la pesquisa no está agotada” y puso la lupa sobre el traspaso de Maximiliano López, ya que “se dispuso el pago de 90 mil euros al intermediario Néstor Schelotto, pese a que en un primer momento su pretensión había sido rechazada dado que no intervino en el tramo final de la negociación”. “Hasta la fecha se desconoce de qué modo se llegó a esa decisión, cuál fue el órgano del club que lo resolvió y cómo fue instrumentado en los libros de la entidad”, resumieron.
Por eso, ordenaron recabar todas las constancias que existan en el club vinculadas con la operación para determinar si el acto fue puesto a consideración de la comisión directiva. La causa detectó que además de López, que hoy se encuentra en el Catania italiano, otros jugadores “habrían sido transferidos a equipos en los que no jugaron y a pesar de eso luego fueron vendidos a otro por una cifra muy superior”. “Hay que determinar quiénes intermediaron tanto en las primeras operaciones como en las reventas y lo efectivamente percibido por River”, subrayaron.
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