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La militarización del Mundial de Brasil se confunde con las obras terminadas a último momento y un país dividido por los costos y presuntos beneficios que arrojará el torneo. Esta semana se conoció que el gobierno envió a un grupo de policías a entrenarse en tácticas antiterroristas en Estados Unidos. Los mandó a la empresa Academi, la ex Blackwater que operó durante la invasión y ocupación de Irak, acusada de crímenes de guerra. La multinacional emplea mercenarios para todo servicio. Su presidente es Billie Joe McCombs, un multimillonario que fue dueño de San Antonio Spurs, donde juega Emanuel Ginóbili y otras franquicias de la NBA y el fútbol americano. “Fuimos enviados porque somos la tropa especializada que será empleada durante una amenaza de ataque terrorista en San Pablo”, le dijo al diario Folha el teniente Ricardo Bu-ssotti Nogueira, jefe del Comando de Operaciones Especiales (COE) de la policía militarizada en aquella ciudad. En su página web Academi, que tiene tres sedes y campos de entrenamiento en EE.UU., muestra un mapa a escala planetaria. Sobre él están marcados los territorios donde presta servicios. Una buena parte de Sudamérica está señalada. No en vano la convocó el gobierno de Dilma Rousseff.
La noticia publicada en Folha de S. Pablo les erizó la piel a los opositores al Mundial. Muchos se reúnen por estos días para coordinar acciones de repudio a la organización de la Copa. Son quienes ya marcharon por las calles de varias ciudades del país pidiendo hospitales, escuelas y seguridad con el estándar FIFA que se aplica a los estadios. En portugués: el padrâo FIFA.
Un grupo de veintidós efectivos policiales realizaron el entrenamiento de tres semanas en Moyock, estado de Carolina del Norte. Academi tiene allí una de sus sedes. Las otras están en San Diego y Salem. Los uniformados pudieron ser enviados gracias a un programa de colaboración entre Brasil y Estados Unidos. Y fueron entrenados por especialistas surgidos de una cantera temible: navy seals, rangers, marines, fuerzas especiales canadienses y equipos SWAT.
La empresa de McCombs, a quien se le atribuye una fortuna que supera los mil millones de dólares, está muy preocupada porque se la mencione como la continuadora de Blackwater. Tampoco quiere que le recuerden a su anterior dueño: Erik Prince. No la ayudan demasiado a despegarse sus antecedentes y los integrantes de su staff: John Ashcroft, el ex fiscal general de EE.UU. durante el primer gobierno de George W. Bush, el almirante retirado Bobby Inman, y otro ex de la Casa Blanca, el abogado Jack Quinn. En su página oficial se lee: “Academi es una empresa totalmente independiente de la ex Blackwater”.
La compañía instruyó al teniente Bussotti Nogueira y su grupo en Obstrucción Marítima de Terrorismo, un curso dictado por especialistas de la fuerza especial de la marina –los navy seals– y de miembros de la guardia costera de Estados Unidos, que financió el entrenamiento, según Folha de S. Pablo. El gobierno de Barack Obama lleva invertidos 2,2 millones de dólares en la formación de policías brasileños.
Según explicó la Secretaría Extraordinaria de Seguridad de Grandes Eventos (Sesge) brasileña, que depende del ministro de Justicia Eduardo Cardozo, el objetivo del entrenamiento fue “la seguridad portuaria con foco en cómo los terroristas operan en un ambiente marino, y cómo reconocer amenazas y mitigarlas cuando sea necesario”.
Los efectivos enviados al campo de Moyock son apenas un puñado entre los 170 mil agentes policiales, militares y privados que se encargarán de la seguridad durante el Mundial. Como quedó comprobado en Sudáfrica 2010 cuando se azuzaba el fantasma de Bin Laden y un posible atentado durante el torneo que nunca se produjo, es más factible que se confirmen las hipótesis de conflicto interno. A saber, ataques de bandas narcos como el Comando Vermelho de Río de Janeiro o de la delincuencia común.
Pero el gobierno no montará el mayor operativo de seguridad en la historia de los mundiales –y cuyo costo estimado es de 870 millones de dólares–, solo por eventuales ataques externos o internos. También le preocupa que se repitan las protestas del año pasado durante la disputa de la Copa de las Confederaciones. En ellas se movilizaron distintas expresiones de la sociedad brasileña: miles de jóvenes que se autoconvocaron por las redes sociales, opositores a Dilma de las clases acomodadas, vecinos de barriadas humildes que lindan con los estadios y cuyas casas fueron demolidas –el periodista Juca Kfouri calcula que 8350 familias fueron afectadas solo en Río–, ladrones que aprovecharon para hacer su agosto y hasta un puñado de policías que se plegó a las marchas con una sentada en San Pablo.
Entre el 1º y 3 de mayo se organizará en Belo Horizonte –donde quedará concentrada la Selección argentina– una gran reunión de la Ancop, la Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa. Son espacios colectivos de ciudadanos que están en contra del Mundial y que vienen militando en diferentes sedes del torneo desde el año pasado.
Denuncian que “este megaevento está siendo usado para que diversas empresas e instituciones –o sea, una minoría privilegiada– puedan lucrar y explotar el erario y los bienes públicos. Somos una movilización popular que organiza acciones de respuestas rápidas, críticas y propositivas que queremos conseguir que nuestras ciudades y sus poblaciones como un todo, puedan disfrutar de las inversiones realizadas”.
Las manifestaciones contra la Copa de la FIFA, la organizadora que es tan cuestionada como el gobierno por estos grupos, llevaron el conflicto hasta Pará, al norte de Brasil, en la frontera con Surinam. Allí la presidenta inauguró el viernes pasado el complejo portuario Miritituba-Barcarena que conectará la Amazonia con el Atlántico para exportar soja. A Dilma le gritaron: “No habrá Copa” y “Renuncio a la Copa, quiero más dinero para la salud y la educación”. Otro grupo salió en su defensa, pero ella se vio obligada a interrumpir su discurso por un momento.
El Mundial viene muy recalentado. Su organización demandó del Estado brasileño el 85 por ciento de lo que se invirtió, mientras que el sector privado colocó el 15 por ciento restante concentrado en los aeropuertos y estadios. Las críticas que escuchó Rousseff en Pará no se detendrán. Quizá una de las más duras llegó desde el ambiente del fútbol. En junio de 2013 Romario, campeón mundial en 1994 y hoy diputado del Partido Socialista, comentó: “El verdadero presidente del país hoy se llama FIFA. Llegó aquí y montó un Estado dentro de nuestro Estado”. Cuando comience a rodar la pelota se verá si escalan las protestas de quienes se oponen al Mundial o si el fútbol impone su propia música para silenciarlas. Como sucedió casi siempre.
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