Deportes|Martes, 12 de marzo de 2002

Por Gustavo Veiga

Más allá de la “jornada de tregua” vivida este fin de semana, el viaje en que está embarcado el violento fútbol argentino es hacia ninguna parte. Desde el 17 de febrero, el día en que se tirotearon las barras bravas de Racing e Independiente, la violencia en el fútbol ha generado tantas víctimas como reuniones inoperantes para discurrir sobre ella. Algo parece que huele mal. Y es la utilización política de un tema que garantiza repercusión en los medios. Especialistas en seguridad deportiva tildan de “mamarracho” al proyecto de ley del secretario de Turismo y Deporte, Daniel Scioli, que empuja Duhalde en el Congreso. En el entorno de Javier Castrilli sospechan que Mauricio Macri, a través de su fundación Creer y Crecer, presentó un remedo de las propuestas del ex árbitro difundidas en diciembre de 2000. Mientras, las causas judiciales se amontonan.
“Después que hay un muerto (los personajes políticos) aparecen siempre. Deberían aplicarse las leyes, porque las tenemos. Nosotros no vamos a propiciar las reformas”, le dijo a Líbero, el ex árbitro, comisario retirado y experto en seguridad deportiva, Mario Gallina. La impresión del ex funcionario es compartida por otros especialistas, quienes recelan de los políticos. “Con un proyectito no se va a arreglar este quilombo”, confió un miembro del Consejo de Seguridad en el Fútbol, el órgano deliberativo que depende del secretario de Seguridad Interior, Juan José Alvarez. Aludía a la nueva ley que ya ingresó al Parlamento, presentada por Scioli y que habría sido redactada por un asesor del ex motonauta, un par de letrados de la Policía Federal y un abogado afín a Julio Grondona. El miércoles 6 por la tarde, el edificio anexo del Congreso ofició como una cámara de resonancia para esa normativa. Allí estuvieron Alvarez, Scioli y los diputados Miguel Angel Toma y Antonio Ubaldo Rattín, entreotros. Cada uno tomó la palabra para referirse a los temas que los convocaban. El presidente Duhalde ya se había pronunciado por la mañana y su opinión fue tomada, por todos, como una orden.
Durante esa semana, tras el combate a palazos y trompadas entre la Policía Federal y la barra brava de Chacarita y una pelea a tiros y navajazos entre “pesados” de River y Chicago, en el Comité de Seguridad deportiva se conocieron las cifras de personal adicional contratado por los clubes locales y que corrió por cuenta del Estado. En Chacarita-Boca hubo 750 efectivos y en River-Chicago 560, de los que 450 y 360, respectivamente, fueron abonados por las primeras instituciones. Una disminución en la cantidad de policías pagados al contado y por adelantado a la que, no sin cierta suspicacia, algunos dirigentes relacionan con el actual espiral de violencia.
El domingo 3, José Luis Meiszner, el secretario general de la AFA, reconoció en una entrevista publicada por Página/12 que “la dirigencia no cumple sus propios reglamentos” y abogó por la redacción de una nueva ley del fútbol. Scioli lo escuchó en lo que se refiere a la violencia, endureciendo las penas y aportó la figura del “homicidio por odio deportivo”, que sería castigado con prisión perpetua. Se desprende del comentario de Meiszner que sus pares no respetan el artículo 246 del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA referido a “la suspensión de un mes a cinco años al dirigente que...”, entre otras cosas, “entregue de favor y sin cargo carnets, credenciales, entradas o plateas a integrantes de grupos indeseables y/o denominados ‘barras bravas’ o similares, con el fin de permitirles el libro acceso a los partidos o bien por cualquier otro medio o mecanismo, les facilite gratuitamente a dichas personas el ingreso a los estadios”.
La pregunta pertinente, entonces, es: ¿si los dirigentes futbolísticos no cumplen sus propios reglamentos, cabe esperar que los funcionarios del Estado respeten las leyes?
Resulta complejo evaluarlo. Aunque un estilo de hacer política en la Argentina abona el pesimismo. Y es que la patota siempre presta servicios. Requiere de matones a sueldo que responden a punteros barriales o de los barrabravas dispuestos a todo. Son los mismos personajes, pero con un itinerario de operaciones distinto. Pueden agredir, tanto a vecinos que realizaban un cacerolazo pacífico en Merlo el 22 de febrero, como a hinchas indefensos a la salida de cualquier cancha. Responden a Raúl Othacehé, un político duhaldista, como le respondían en el pasado a Juan Carlos Rousselot, un ex intendente menemista. Lo mismo da.
En las oficinas que todavía frecuentan en la ciudad de La Plata, dos colaboradores del ex árbitro Javier Castrilli, apuntan: “El proyecto que presentó Mauricio Macri es bastante parecido al que hicimos nosotros. Una de las diferencias es que propone la creación de un cuerpo de fiscales especializados y nosotros un fuero contravencional deportivo”. Mario Gallina y el abogado Gustavo Romano Duffau notaron ciertas coincidencias. Trabajaron con Castrilli hasta que se desmontó la denominada Comisión de Investigaciones sobre Seguridad en Espectáculos Deportivos. El informe al que contribuyeron fue presentado en diciembre de 2000. Es lo más serio y documentado que se desarrolló hasta hoy desde un sector del Estado.
No obstante, el ex referí y su gente han penado entre la desatención de los funcionarios y la asfixiante crisis económica y este verano Castrilli se convirtió en un desempleado más. Pero así como la emergencia nacional sepultó sus planes, la robustecida violencia en el fútbol hizo que Luis Genoud, ministro de Seguridad Bonaerense, le prestara atención a sus demandas. Se vigorizó entonces una vieja aspiración del Sheriff: la posibilidad de convertirse en autoridad de aplicación, mediante un Comité de Seguridad Deportiva, en todo el territorio bonaerense. O sea, un punto de referencia para la Justicia y la Policía en estas cuestiones. Cuando el jueves 7, Scioli y otros altos dirigentes futbolísticos acompañaron la iniciativa presentada por el ingeniero Macri bajo el lema “Fútbol sin violentos = Familia en las canchas”, Castrilli se sintió defraudado. Cuentan que dijo: “Usaron datos de la comisión”. En tanto, en la sala de conferencias de la Bombonera, el presidente de Boca, le extendía un puente a su socio político, el secretario de Turismo y Deporte: “Esto es el complemento del proyecto de ley que presentó el amigo Daniel Scioli, que es bueno pero llevará tiempo para implementarse”. A su lado, el único menemista del gabinete de Duhalde, presumió: “Esta reunión marca un antes y un después en la lucha contra la violencia”.
Estaban junto a ellos José María Aguilar, el presidente de River y Fernando Marín, el principal accionista de Blanquiceleste S.A. El primero, un nuevo cofrade del ingeniero y el empresario, su ex socio comercial. Es extraña la mutación que ha tenido Aguilar con respecto a las opiniones que le dispensaba a Macri hasta hace poco tiempo. Tal acercamiento es asimilado con cierta incomodidad por sus pares de comisión directiva: “Ya se dieron demasiados piquitos”, dijo uno.
A fines del mes pasado, el abogado y ex comisario de la Policía Bonaerense, Edgardo Mastandrea, acusó a los dirigentes del fútbol, y a los de Boca en particular, de mantener y financiar a sus barras bravas. Denunció a “un capo mafioso de la barra brava de Boca que está en el área de seguridad de la Legislatura, pero no trabaja, tiene licencias especiales y viaja a donde va Boca; antes de los clásicos se instala en un bar de la calle Perú a vender entradas que le regalan”.
La seria acusación Macri la respondió de manera escueta: “Boca no tiene ninguna relación con la barra brava ni le otorgó entradas”. Se desconoce si Mastandrea efectuó una presentación judicial. Resultaría conducente que si Mastandrea tiene aquella información, lo haga. Sobre todo, porque en la Legislatura porteña fue asesor del Frepaso en temas de seguridad.

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