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La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó ayer los recursos extraordinarios contra la condena a prisión del jefe de la barrabrava de Boca, Rafael Di Zeo, y otros integrantes procesados por el violento enfrentamiento con hinchas de Chacarita, ocurrido en La Bombonera en 1999, cuando ambos clubes disputaban un partido amistoso. Este fallo de la Sala III del tribunal deja abierta la posibilidad de que se dicten órdenes de detención contra los procesados, que deberán cumplir penas de prisión efectiva.
Las condenas por “coacción agravada por el uso de armas”, en el hecho que tuvo como víctima principal al simpatizante de Chacarita Daniel “Pajarito” Benedetti, dictadas por el Tribunal Oral Federal número 6 en septiembre de 2005 y confirmadas en diciembre último, podrían volverse efectivas luego de que Casación Penal rechazara el pedido extraordinario de los abogados defensores de los barrabravas, que podrían quedar detenidos no bien se libren las detenciones. Los implicados son Di Zeo, su hermano Fernando, Gustavo “el Oso” Pereyra, Juan Antonio Castro, Diego Marcelo Rodríguez y Fabián “Fredy” Kruger, cuyas penas superan los tres años de cárcel, lo que impide que el castigo quede en suspenso.
Di Zeo recibió cuatro años y tres meses de prisión; su hermano Fernando y Pereyra, tres años y diez meses; Juan Antonio Castro y Diego Marcelo Rodríguez, cuatro años y seis meses, y Kruger, tres años y seis meses. Por el mismo ilícito, Roberto Joaquín Ibáñez, Leonardo Gabriel Chávez, Alejandro Javier Falcigno, Juan Carlos Alejo y José Luis Fernández fueron condenados a tres años de prisión, cuyo cumplimiento se dejó en suspenso, mientras que Víctor Croce resultó absuelto.
El fallo fue confirmado en diciembre último por la Sala III de la Cámara de Casación contra lo que los abogados defensores interpusieron recursos extraordinarios que tuvieron dictamen favorable del fiscal Raúl Pleé. Los defensores sostuvieron que la sentencia era “arbitraria”, que había falta de imparcialidad del Tribunal y que existía una campaña “pública e ilegítima de distintos poderes del Estado” para segregar de la sociedad a los imputados.
La Sala III de la Cámara sostuvo que “las defensas no han logrado demostrar la arbitrariedad que aducen y cómo se habría operado la violación a las garantías constitucionales que alegan, en tanto basan su impugnación en juicios distintos al criterio adoptado”. Los camaristas Eduardo Riggi, Angela Ledesma y Guillermo Tragant afirmaron, además, que la garantía constitucional de la imparcialidad del juzgador “se ha visto efectivamente resguardada” en el juicio a los barrabravas de Boca.
El jefe de la barra boquense es juzgado, además, por encubrimiento. Ya que en octubre de 2003 se escapó de un departamento en el que vivía, en Flores, luego de haber sido dictada una orden de detención, y la Policía Federal, que allanó su departamento, argumenta haber encontrado armas, documentos de otras personas y cerca de 15.000 dólares falsos. Pero Di Zeo rechaza esas imputaciones. “Yo no vivía ahí, sino mi mamá”, se defendió Di Zeo, que al igual que otros integrante de la cúpula de La Doce, no puede ingresar en las canchas del conurbano bonaerense porque se le aplica el derecho de admisión.
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