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Es difícil en el fútbol llamar a las cosas por su nombre. Puede escribirse un diccionario de eufemismos con todas las expresiones que hay: grupos empresarios (por aves de rapiña con DNI), códigos (por malas artes), hinchas caracterizados (por barrabravas), entradas de protocolo (por ir a la cancha sin pagar). Daniel Passarella está ante la posibilidad histórica de transformar el resultado de una auditoría en una o varias causas penales o civiles contra lo que definió como “una gestión nefasta”: la gestión de José María Aguilar y su alter ego, Mario Israel, los dirigentes que en su momento lo habían contratado a él como director técnico.

Depende más de los principios que dice profesar que de su voluntad política. Depende mucho más del técnico que enfrentó a los líderes de la barra y no del ciudadano que contrabandeó un yate.

De nada valdrán sus promesas si los responsables del desastre institucional, económico y deportivo que denuncia no dan cuenta de sus actos ante la Justicia. Mal pensados, lo decimos porque en el fútbol estamos acostumbrados al siga siga. Y no aquel que patentó Francisco Lamolina por aplicar la ley de ventaja. Casi siempre, a pésimos administradores, a directivos sospechados de enriquecimiento ilícito, los siguieron en el gobierno otros de actitud indolente, cuando no cómplice.

River, según los datos que su presidente dejó filtrar en estos cuatro meses de gobierno, tiene un pasivo de 150 millones de pesos, un déficit operativo mensual de 4,5 millones y todos los contratos importantes ya cobrados (algunos hasta 2014). Además, pagaba sueldos de hasta 50 mil pesos al personal jerárquico y regalaba siete mil entradas por partido. Un convenio leonino con la fábrica de pinturas Sinteplast, por el cual se entregaron distintos porcentajes de los pases de cuatro futbolistas (Matías Abelairas, Diego Barrado, Gustavo Fernández y Nicolás Domingo), Pa-ssarella acaba de deshacerlo.

En la conferencia de prensa que dio ayer, anticipó que los socios contarán con una línea 0800 (888-9696) para denunciar actos de corrupción. Casi que los incitó a hacerlo. Parece un fuego artificial, antes que una medida concreta. En River, cuando estaba en plena campaña, uno de sus respaldos electorales fue el de Domingo Díaz, el ex vicepresidente que hoy tiene prohibido acercarse al despacho presidencial y al que se le retiró un palco para 16 personas que nunca habría pagado.

Passarella debería inaugurar la línea 0800 con los datos que él tiene en su poder. Y ponerles nombres y apellidos a los responsables del desastre con que se encontró. La auditoría de la empresa KPMG terminará en un par de meses. Habrá que esperar un poco más para saber si alguien paga las cuentas.

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