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Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, representantes del grupo español Marsans en Aerolíneas Argentinas, definirán este fin de semana en Madrid la estrategia para concretar su retiro parcial de la compañía, cuyo gerenciamiento aspiran a conservar. Esta pretensión podría darse de bruces con la de los eventuales accionistas argentinos que podrían incorporarse a la empresa, con la anuencia del gobierno local y en condiciones económicas aún no precisadas. Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebús, está entre los más firmes candidatos, aunque hizo saber que, de poner un pie, lo haría con afán de tener el management. “Si hay alguien que está realmente interesado, que aparezca, nadie habló ni se presentó hasta ahora en la compañía”, indicó un vocero de Aerolíneas, al tiempo que ratificó la intención del grupo controlante de “argentinizar” la empresa, “aunque reteniendo la mayoría accionaria”.
Este, el del futuro control de gestión, es sólo uno de los puntos críticos de la eventual reargentinización, que tendría lugar en un momento de mucha tensión entre los socios ibéricos y la Secretaría de Transporte. La discusión se hace pública justo cuando el Gobierno acaba de transformar a los vuelos de cabotaje, médula de este negocio, en una actividad subsidiada.
La relación entre Marsans y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, está en uno de sus peores momentos. El funcionario considera que la empresa de la que el Estado tiene el 5 por ciento no honró las promesas de inversión, en parte por un manejo deficiente, y que su gran pasivo “derrumba su valor”, algo que juega a favor de cualquier potencial comprador. La compañía sostiene que los recientes anuncios oficiales de subir la banda tarifaria un 18 por ciento, subvencionar gran parte de los destinos y limitar el precio de la aeronafta son dádivas insuficientes para una firma con precios bajos en relación con sus costos crecientes. Esto se traduciría en una pérdida diaria de miles de dólares.
La inquina entre ambos es tal que, desde las oficinas de la privatizada, en la torre de Bouchard 527, hace tiempo se descuenta una maniobra de Jaime en contra de los accionistas españoles. Esta, suponen, se estaría perpetrando con la cooperación de APLA, el gremio de los pilotos, que en el último tiempo paralizó recurrentemente a la compañía aérea con medidas de fuerza inspiradas en los más diversos motivos, según aducen. Esa presión sería funcional a la idea de expulsar a los españoles, total o parcialmente, para propiciar el ingreso de un grupo argentino y, eventualmente, de otros accionistas hispanos, lo que permitiría preservar un vínculo más relajado con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Todavía no hay certeza sobre el nuevo grupo local, pero algunos nombres en danza van ganando chances sobre otros. López Mena, que además del servicio fluvial entre Buenos Aires y Colonia explota en España el cruce de Gibraltar vía Algeciras Ceuta (el Marruecos español), es uno de ellos. Jorge Brito, un banquero amigo del Gobierno, otro. Eduardo Eurnekian, aunque oficialmente lo desmiente, podría engrosar la danza de postulantes, aunque por su condición de operador de los aeropuertos del país (Aeropuertos Argentina 2000) estaría inhabilitado para ingresar en el negocio del transporte aéreo.
“Es una negociación entre privados”, se desentienden en Transporte, donde aseguran estar esperando una reunión para la próxima semana con los españoles para una eventual definición. Marsans hizo saber el viernes por un comunicado que no se oponía a la incorporación de socios argentinos –dejando en claro que no es una idea propia–, pero asegura que aún no abrió ninguna negociación. “Nosotros íbamos a propiciar ese proceso a través de la apertura de nuestro capital a la Bolsa”, aseguró ayer a este diario el vocero de Aerolíneas desde Madrid, donde se discutirá el tema junto a los máximos responsables de Marsans.
Entre los rumores de mercado no confirmados ni negados está el eventual reemplazo del grupo español por la dupla Indra e Isolux, del mismo origen. La primera es una firma informática, con ligazón con la privatizada, y resultó de las pocas que tuvo el privilegio de cobrar íntegramente su deuda de poco más de un millón de dólares en el concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas. La segunda es un grupo de construcción e ingeniería que ganó la licitación para construir la usina termoeléctrica de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz.
También falta definir cómo puede hacerse el pase de manos en una empresa virtualmente quebrada que necesita la inyección de capitales frescos. El Estado reconoció su voluntad de subir la participación accionaria del 5 al 20 por ciento, pero no terminó de negociar de qué modo conseguirá los títulos que le faltan. Un paso previo a esto es definir cuánto vale la empresa que Marsans tuvo por nada: cuando la estatal española SEPI –holding al que pertenece Iberia– se retiró, lo hizo aportando varios cientos de millones de dólares para que ese grupo privado pudiera ingresar tomando el control. El destino de ese dinero, que básicamente debía destinarse a cancelar pasivos, resultó tan opaco como las discusiones que hoy se están llevando a cabo para la incorporación de eventuales socios argentinos.
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