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La recaudación de julio, que se presentó el martes, sorprendió hasta al más optimista de los consultores, pero mostró un flojo desempeño del IVA, que refleja una menor tasa actividad. El IVA neto, descontadas las devoluciones, arrojó un alza interanual del 21,7 por ciento. Pero el dato que despertó mayor atención fue el IVA DGI, proveniente de las ventas internas, que aumentó tan sólo 16,8 por ciento, cuando en los primeros seis meses del año había trepado 31,6. El titular de la AFIP, Claudio Moroni, relativizó ayer esos datos y ofreció otro: aseguró que la recaudación bruta de ese impuesto creció 30 por ciento.
El funcionario también se refirió a la confusa salida del director de la DGI, Horacio Castagnola. Sostuvo que el cambio en esa repartición no alterará el destino de las fiscalizaciones. Así buscó desestimar los rumores que señalan que el desplazamiento de Castagnola fue porque estaba investigando a una empresa constructora santacruceña, allegada a los Kirchner.
Moroni explicó que en los informes que difunde la AFIP hay fondos que ingresan por IVA pero que se imputan en otros rubros. De esa forma, según indicaron desde el organismo, la recaudación bruta del impuesto no sería del 26 por ciento sino que superaría el 30 por ciento. “A partir del mes próximo, se agregará el comportamiento del IVA bruto y lo que se devolvió y se compensó con otros impuestos”, adelantó Moroni. De todos modos, no queda claro por qué esa diferencia no habría existido los meses anteriores (también había devoluciones y compensación con otros tributos), cuando el IVA bruto que informa la AFIP crecía en el orden del 37 por ciento.
Por otro lado, si no se contabilizaran los 100 millones de pesos de devoluciones de julio que estuvieron por encima de la media del primer semestre de este año, el aumento de la recaudación del IVA neto sería del 23,5 por ciento, lejos de 35,5 por ciento de los primeros seis meses.
El titular de la AFIP, en tanto, relativizó los rumores que indicaban que el desplazamiento de Castagnola de la dirección de la DGI se debió a que estaba investigando por emisión de facturas apócrifas a Gotti, una empresa constructora santacruceña supuestamente vinculada al ex presidente Néstor Kirchner. Moroni argumentó que “la AFIP tiene un esquema de procedimiento y de informática en donde es impensable que una sola persona pueda torcer el destino de la fiscalización”.
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