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El Gobierno anunció ayer el descongelamiento general de las tarifas de gas, que a partir del primer día de septiembre entrañará un incremento de entre el 10 y el 30 por ciento para los usuarios domiciliarios de gas por redes y del 10 para el GNC, en este caso desde octubre. La contracara de este nuevo cuadro es que los consumos menores –que representan poco más de la mitad del padrón de todo el país–, escuelas y centros asistenciales estarán exceptuados de todo ajuste, mientras que la garrafa de gas licuado de 10 kilogramos reducirá su valor a 16 pesos, poco menos de la mitad de su precio actual. Esto último será factible en virtud de un subsidio que costearán los productores de gas natural, resignando para ese fin el grueso de su propio aumento de tarifas. A ellos, Julio De Vido agradeció especialmente, ensalzando la “buena voluntad” demostrada para cerrar estos acuerdos que ahora “hay que trajinar para que se cumplan”.
El punto resaltado en el anuncio oficial fue el abaratamiento de la garrafa a partir del 1º de octubre, producto que podrá seguir comprándose “en los comercios habituales y estaciones de servicio”. El diferencial de precio respecto del valor actual (que supera cómodo los 30 pesos) será aportado, al menos en su mayor parte, por las petroleras, que desviarán a ese fin el 65 por ciento de lo que resulte de su propio incremento de precios.
De ahí surgirán casi 450 millones de pesos anuales necesarios para subvencionar aquel producto que consumen los sectores de menores ingresos o de aquellas zonas a las que, simplemente, hoy no llega el gas por redes. Los productores de gas también aplicarán subas, con envergadura diferente según sus clientes, y de las que no estarán exceptuadas las usinas generadoras de electricidad. Este acuerdo central, complementado con otro que involucra a la cadena del GLP, fue rubricado sin mucho entusiasmo por algunas petroleras, ya que para ellas termina licuando el beneficio de poder cobrar más caro el gas boca de pozo.
El otro capítulo neurálgico del nuevo cuadro de precios gasíferos es la suba de las tarifas residenciales para los usuarios que consumen por encima de 800 metros cúbicos al año (ver aparte) en el caso de Buenos Aires, piso que trepa a 2250 m3 en el caso de Neuquén, por ejemplo, donde el requerimiento de este carburante es mayor. Según destacó Planificación, los afectados por el ajuste representan el 48 por ciento de los hogares del país, pero consumen el 77 por ciento del volumen anual de gas doméstico: son menos pero demandan más.
Los comercios y las industrias tampoco zafan. Los primeros afrontarán subas promedio del 10 y los otros de hasta el 15. Haciendo por primera vez propio un reiterado argumento empresario, De Vido subrayó que, aun con los nuevos valores tarifarios, cualquiera de las categorías de clientes argentinos abona tarifas mucho más bajas que las de los países limítrofes. Un ejemplo ofrecido por Planificación es que 200 metros cúbicos bimestrales en Argentina costarán 53 pesos, contra 1301 de Brasil. Claro que la comparación suena caprichosa: los brasileños prácticamente no tienen gas por redes.
Durante el anuncio en el que Julio De Vido invocó con llamativa insistencia a la Presidenta (en una ocasión para avisar que Cristina Fernández de Kirchner en los próximos días pondrá en marcha el gasoducto del Nordeste, que permitirá traer gas desde Bolivia) se omitió cualquier referencia al otro capítulo de esta serie de acuerdos. No hubo alusión alguna al que permitirá a las transportadoras de gas incrementar un 20 por ciento sus tarifas, primer ajuste luego del 2001. Pero hasta que acepten hacerse cargo del eventual pago de indemnizaciones que reclamaron ante el Ciadi sus socios (o ex socios), TGN y TGS tendrán que derivar lo que recauden a un fondo para obras.
Exactamente lo mismo que ocurrirá con las distribuidoras, cuyos accionistas tienen demandas activas ante el tribunal del Banco Mundial, exigiendo al Estado argentino un resarcimiento por los daños de la pesificación. Gas Natural BAN, Gasnor y Litoral Gas son las únicas que admitieron suspender esos reclamos y, por consiguiente, reforzarán sus cajas con el aumento. Es más: la primera ya pudo aplicar una suba de entre el 9 y el 11 por ciento promedio a la que se añadirá ésta. El resto deberá resignar el producido hacia un fondo fiduciario para obras. Quizás el primer granito de arena de los 3000 millones de dólares que De Vido sugirió se invertirán en toda la cadena gasífera durante la próxima década.
Todo un viraje en la política oficial para el sector, no sólo por el descongelamiento sino por los argumentos esgrimidos. Entre ellos, “evitar subsidios a los consumos”, en alusión a los de usuarios pudientes que, según destacan las empresas del sector, “pueden pagar”.
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