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Tras una ansiosa espera de los legisladores y tasadores oficiales, las gerencias financiera y técnica de Aerolíneas Argentinas presentaron ayer al directorio el balance de 2007 y el que corresponde a julio de 2008. Según fuentes oficiales, los estados contables descubren que, junto a su controlada Austral, la compañía tiene un patrimonio neto negativo cercano a los 1000 millones de pesos que, de acuerdo con la ley de Sociedades, debe ser reintegrado so pena que la sociedad se disuelva. Este dato también resulta decisivo para la valuación de las acciones que el Estado aspira a comprar.
Esos estados contables sobre los cuales los directores estatales no se pronunciaron serán formalmente considerados en una asamblea de accionistas el 14 de octubre. Casualmente, el mismo día que vence la polémica acta acuerdo que firmó Planificación con los socios privados.
El directorio de Aerolíneas, que integran diez representantes de Marsans, dos por el Estado nacional y uno por los trabajadores, se reunió durante toda la semana para poder redondear el tema, bajo la presión de la Inspección General de Justicia para que subsane un vicio de forma, como no haber presentado el balance de 2007 antes del 30 de abril. No fue el único defecto formal.
Los proyectos de balance no fueron acompañados por el informe del auditor externo, la consultora Price. Esa fue una de las causas por la cual los directores estatales Julio Alak y Vilma Castillo se abstuvieron de pronunciarse sobre el tema, mientras que los delegados de los españoles optaron por “tomar razón”, procedimiento eufemístico para avalar. Aun así, para que sean aprobados por la asamblea de accionistas es necesario que la Auditoría General de la Nación también se expida, según dispone la ley de reestatización.
El patrimonio neto negativo de la empresa da un elemento más de negociación al Estado que, casualmente, en el Presupuesto 2009 reservó para Aerolíneas un importe similar a esa brecha entre un pasivo más grande que el activo. El Estado tiene sólo el 5 por ciento de la empresa y nada en Austral. Si, como todo sugiere hasta el momento, decide capitalizarlas en aquel monto irá avanzando de hecho en la compra de las acciones cuya cotización hoy intentan el Credit Suisse y el Tribunal de Tasación. Si a ese posible aporte se suman todos los que viene haciendo para garantizar la operatividad de las líneas aéreas, más la cobertura del pasivo, el rescate en curso puede resultar extremadamente oneroso.
La asamblea de accionistas fue convocada para el mismo día en que vence el acta acuerdo que Planificación firmó con Marsans y que, a contramano de la ley de reestatización, dispone que el precio de las acciones a recomprar por el Estado deben surgir de un acuerdo de las partes o ser impuesto por un tercero a elegir. En esto sí hay comunión de criterios.
La distancia resurge a la hora de confeccionar un plan de negocios, crucial para definir el futuro de las líneas aéreas. Marsans habría elaborado un auspicioso plan en el que prevé que en corto plazo no sólo se habrá esfumado el déficit operativo sino que el grupo tendrá una rentabilidad acorde a la industria. No es una cuestión menor, ya que los accionistas españoles aspiran a que las acciones a comprar por el Estado sean valuadas según el método de flujo de fondos que, justamente, contempla la evolución de la caja y no sólo la foto que contrasta los magros activos con los abultados pasivos actuales.
Los balances fueron acompañados por un bosquejo de aquel programa, que desde el Estado se mira con desconfianza: no hay siquiera coincidencia respecto de cuál es la flota en condiciones operativas ni cómo podría ser reestructurada. “Esto supone un paso adelante de cara a que los evaluadores tengan las herramientas adecuadas para fijar un precio de venta de las acciones al Estado argentino”, se entusiasmaron ayer fuentes empresarias en declaraciones formuladas a la agencia EFE.
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