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“Usted fue capaz de embolsarse 500 millones de dólares y mi pregunta es si eso es justo para un presidente ejecutivo de una empresa que ahora está en quiebra. Es algo inimaginable”, se enfureció el presidente del Comité de Reforma Gubernamental y Control de la Cámara baja de Estados Unidos, Henry Waxman, con la mirada clavada en el CEO del quebrado Lehman Brothers, Richard Fuld. El financista corrigió la cifra: la redujo a 350 millones de dólares en ocho años. Los banqueros domésticos que operaron durante catorce años las AFJP todavía no tuvieron que comparecer ante el Congreso sobre los ingresos cobrados con el dinero previsional de los trabajadores a lo largo de ese período. La labor de la Comisión de Previsión Social del Senado tiene la oportunidad de avanzar en ese tema sensible, que permitirá sumar más contenido a los conceptos de “saqueo” y “confiscación”, aunque en sentido contrario a los alaridos de los defensores del sistema de capitalización que desquició el régimen jubilatorio. Como saben interpelar los fanáticos militantes de la ley de la oferta y la demanda, cada uno tiene el derecho a recibir el ingreso que pueda conseguir en el mercado. Provocan con que no es pecado ganar mucho dinero y que quienes lo cuestionan son envidiosos que no entienden cómo funciona el capitalismo. Esas reglas de juego son muy claras. No se requiere explicarlas ni abordar ese tema sabido. No se trata de la moral del capital ni de las retribuciones en sí de un equipo de ejecutivos, sino que esos fabulosos ingresos no surgen de la conocida relación desigual obrero-empresario ni de la especulación financiera con dinero de inversores como en Lehman, sino que nacen del aporte previsional de trabajadores. Si ya esos elevados salarios tienen ese origen odioso, la situación todavía es más irritante porque esos financistas siguieron cobrando fortunas pese a las enormes pérdidas contabilizadas por el juego especulativo con los fondos de capitalización, además de que se proyectaban jubilaciones miserables para esos trabajadores. La estructura de remuneraciones en los bancos de inversión de Wall Street, como Lehman Brothers, termina siendo menos perversa que la de las AFJP. Esos banqueros de Wall Street no cobraban salarios extra cuando las inversiones recomendadas no rendían y sus ingresos disminuían cuando realizaban mal su labor. En cambio, los ejecutivos de las administradoras eran inmunes a cualquier eventualidad. Primero, constituyeron sus salarios con el aporte de los trabajadores retenido por elevadas comisiones. Luego, si las inversiones de las cuentas de capitalización ofrecían ganancias o pérdidas no influía en su nivel de ingresos básico. Si el saldo era positivo, recibían un bonus; el resultado opuesto, ninguna rebaja. Y, por último, el resultado de ese sistema derivaba en haberes paupérrimos para los trabajadores, que con sus aportes ayudaron a construir un esquema que enriqueció a unos pocos. La jubilación mínima equivale, en promedio, al 2 por ciento del salario mensual de esos ejecutivos. Así se diseñó la exageración del capitalismo: la fuerza de trabajo no sólo sirve para la reproducción del capital, sino que el dinero previsional de los trabajadores fue utilizado para la generación del propio capital.

Además de sus niveles salariales, los representantes de las AFJP tendrán la oportunidad de explicar ante los senadores las varias defraudaciones que realizaron esas compañías con los fondos de los trabajadores. El Estado, a través de funcionarios públicos de la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de AFJP, frenó varias de ellas protegiendo el capital de los afiliados, que teóricamente era el principal objetivo de las administradoras. El caso más escandaloso y que llegó a un juicio oral y público involucró a la AFJP Siembra, cuando pertenecía al Citibank, y a la agencia bursátil Rabello. La maniobra que realizaban era tan simple que ofende la idea de sofisticación del negocio financiero. Si la cotización de la acción comprada bajaba, el papel se asignaba al fondo de Siembra, y así la pérdida era contabilizada por los trabajadores que aportaban para su jubilación privada. En cambio, si el precio de la acción subía, otro era el comprador y se llevaba la ganancia. Para ello se había constituido un acuerdo entre operadores de Siembra y de Rabello. El primero le indicaba al segundo ejecutar la operación de compraventa, que se realizaba con Cedears (certificados representativos de acciones extranjeras), a través de una comunicación por un teléfono celular, para no dejar registro. Utilizaban esa vía porque los teléfonos de la mesa de dinero de Siembra eran grabados por normas internas para controlar y para aclarar diferencias con contrapartes. A quién se le asignaba la operación, según el resultado, se definía al final de la jornada. Como esos papeles tenían una elevada volatilidad en una misma rueda, si el saldo era quebranto, el “mal negocio” era para los aportantes a la AFJP. En cambio, si el balance era una ganancia, ésta pasaba a engrosar otras cuentas ajenas al fondo de Siembra. Cuando se quería oficializar la operación, se recurría a las líneas telefónicas de la mesa de dinero.

La Unión Industrial, la Asociación Empresaria Argentina, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham) han manifestado una defensa cerrada de las AFJP. La AmCham no expresó en ese caso de estafa de Siembra tanta preocupación por el desmanejo de los fondos de los futuros jubilados privados que afectaban “derechos adquiridos”, la “seguridad jurídica” y la “confianza y credibilidad”, argumentos incluidos en el desmesurado comunicado de esa entidad de lobby difundido el jueves pasado para atacar el proyecto que pone fin a las AFJP. Uno de los integrantes de la AmCham es el Citibank, que en ese momento manejaba la AFJP Siembra.

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