Más cerca de la intervención

Después de la desprolija asamblea de accionistas de ayer, Aerolíneas Argentinas habría quedado más cerca de la intervención, que el Estado podría disponer per se o apelando a la Justicia. El cónclave sirvió para expresar nuevamente las diferencias de criterio entre los representantes de Marsans y los delegados estatales, pero no para tomar una decisión que saque a la compañía y a su controlada Austral de su actual estado de disolución, debido a su patrimonio neto negativo. Después de haber excluido ese punto del temario el día anterior, los españoles amagaron con “capitalizar” 100 millones de pesos, cifra irrisoria en relación al rojo actual. El Estado propuso “reintegrar” capital por ese monto, lo que le hubiera permitido reestatizar con esa sola maniobra y sin poner más dinero.

A instancia de Marsans, se aprobó el balance de corte a julio del 2008. En virtud de éste, el rojo patrimonial de las líneas aéreas trepa a poco más de 1000 millones de pesos, casi la mitad del identificado por la Auditoría General de la Nación, para quien el agujero es de 2190 millones. Una empresa que se devoró su patrimonio no sólo está técnicamente quebrada, sino en condiciones de ser disuelta, según lo dispone la ley de Sociedades. Pero esa misma norma establece dos procedimientos para salvar ese rojo. En apariencia semejantes, pero de consecuencias diferentes en este caso.

Según los abogados estatales, la capitalización es un mecanismo de instrumentación lenta al que puede apelarse en cualquier momento y cuyo efecto inmediato es expandir el capital, aumentando con ello el valor de las acciones de la sociedad. En este estado, Aerolíneas y Austral valen 0 y capitalizándolas según ese mecanismo, le hubieran dado un precio.

El reintegro es una figura más precisa para un cuadro crítico, ya que consiste en cubrir el rojo de un capital menguado, pero sin que esto tenga efecto sobre el valor total. Apelando a esta fórmula, el Estado aspiraba a superar el estado de disolución. Para ello hubiera utilizado como aporte los fondos que ya desembolsó en los últimos meses y por esta vía hubiera podido capturar el 100 por ciento de las acciones. Sin dinero adicional, sin discutir tasaciones y sin siquiera darle participación al Congreso. No pudo ser.

El día anterior, Marsans modificó en una reunión de directorio el orden del día previsto para la asamblea de ayer y excluyó el punto de la capitalización, reservándolo para una futura reunión, a realizar el 18 de diciembre. Lo hizo preventivamente, para evitar que el Estado pudiera cumplir su cometido y quedarse con la compañía en un sólo paso formal y, de paso, ganar tiempo para seguir presionando por un precio.

Pero ayer los representantes de los españoles fueron a la asamblea con el planteo de capitalizar 100 millones de pesos y cubrir así el rojo patrimonial que se deriva de los balances cerrados a diciembre de 2007. Aunque a juicio de los delegados estatales resultaba poco creíble que Marsans desembolse un billete cuando su afán es irse cobrando por la cesión accionaria, se opusieron. Y al estar el punto fuera del orden del día, no tuvo la unanimidad estatutaria que se requiere para tratarlo.

El representante por el Estado, el secretario Legal y Técnico de Planificación, Rafael Llorens, fue con el mandato de pedir el reintegro.

Presunto modo de reestatizar rápido y eludiendo otros poderes. Naturalmente, los accionistas privados se opusieron.

“Somos piezas difíciles a la hora de negociar”, se jactaba ante este diario un vocero de los españoles poco antes de la asamblea, en la que Marsans planeaba también analizar la designación de directores y sus honorarios. Los accionistas privados no dejan de destacar con malicia que, ante las millonarias pérdidas, el ex director por el Estado y actual legislador Ariel Basteiro, tendrá que devolver el dinero que habría retirado como remuneración a cuenta de las utilidades que no fueron.

Basteiro, a semejanza de otros legisladores, es partidario de la expropiación. Pero este podría ser el último mojón de un camino que empezaría por la intervención, a disponer por decreto o resolución o a través de la Justicia, invocando previamente la situación de riesgo en la que se encuentra el servicio público prestado por Aerolíneas y Austral. Una salida que se analiza en los despachos oficiales como recurso de última instancia ante la falta de acuerdo con los españoles. Cuando Ricardo Jaime visite hoy la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, quizás dé una pista del próximo a dar por el gobierno.

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