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A 18 años de la privatización de Aerolíneas Argentinas y en medio del avance del Gobierno para lograr su expropiación, la Sala I de la Cámara Federal dictó un fallo que sería extemporáneo de no ser por la actual puja con los accionistas de la compañía. El tribunal sostuvo que la venta de la empresa estatal fue ilegal desde sus inicios y ordenó que sean indagados Carlos Menem y Domingo Cavallo. Los considera responsables de un proceso viciado, “planificado y ejecutado en condiciones lesivas” para el Estado que tuvo como objetivo “sustraer bienes que conformaban el patrimonio” público. Según los jueces, existen pruebas de sobra para responsabilizar a ambos del delito de peculado, que prevé hasta diez años de cárcel, al igual que a los empresarios que se beneficiaron con la operación, entre ellos Enrique Pescarmona, también acusados de defraudación. El fallo le da al Poder Ejecutivo una herramienta jurídica importante en su pulseada con el grupo Marsans.
La resolución divide a la privatización en dos grandes etapas: la del traspaso de la aerolínea impulsado por decretos del Poder Ejecutivo y los primeros años de gestión (1989 a 1994) y la de las maniobras de vaciamiento por parte de privados –encabezados por Iberia– cuando el Estado ya había renunciado a su poder de veto y perdió toda injerencia en el directorio (hasta 1997). Según los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah, en la fase inicial se concretó el peculado y en la segunda la defraudación a la administración pública. Pero también señalan que el nuevo juez deberá definir si también hubo cohecho (sobornos) –hay un pago de 78 millones de dólares que nunca tuvo justificación contable– y asociación ilícita.
El tribunal asegura que “un grupo de funcionarios” actuó “de acuerdo a una división de tareas previamente establecida y con la necesaria colaboración de particulares”. “Sustrajeron –agrega– bienes de carácter público, provocando un inmenso perjuicio al Estado.” No sólo aluden al ex presidente Menem y a Cavallo, como ex ministro de Economía, sino también a Roberto Dromi, arquitecto de las privatizaciones del Ministerio de Obras Públicas, y a los ex ministros Erman González y Julio Mera Figueroa. Pero la causa penal es tan vieja que para Dromi caducó, mientras que González y Mera Figueroa fallecieron. Al dúo Menem-Cavallo, los largos años en el poder le juegan en contra porque interrumpen el conteo de la prescripción.
La denuncia inicial la hizo Alejandro Olmos en 1990 (el mismo que planteó la ilegalidad de la deuda externa) y con el tiempo se sumaron una veintena de denunciantes, entre legisladores, abogados y fiscales. En 1996 el ex juez Carlos Liporaci sobreseyó a todos los implicados. El expediente se reabrió cuatro años después por una presentación de la Oficina Anticorrupción. Pero en 2006 nuevamente hubo un sobreseimiento masivo. El juez, en este caso, era Jorge Ballestero, quien desde hace unos días integra la misma sala de la Cámara que firmó el fallo de ayer. Como manda la ley, se excusó de votar.
Freiler y Farah objetan puntos concretos de la privatización y gestión posterior:
- Por decreto, recuerdan, se prescindió de una tasación precisa sobre la empresa a licitar “lo que permitió manipular el precio de la operación”.
- Otro decreto transformó a Aerolíneas en una sociedad anónima con participación estatal minoritaria, una modalidad que “no encuadra” en ninguno de los tipos señalados por la ley de sociedades. Es una “sociedad irregular”, aseveran. En aquel entonces hubo un juez que señaló esa anomalía en un fallo que la Corte menemista revocó por cuestiones formales, sin entrar en la discusión de fondo, con el famoso per saltum.
- La nueva Aerolíneas Sociedad Anónima (ARSA) quedó conformada en un 15 por ciento por el Estado. El contrato de transferencia y una conciliación fijaron que la compra del paquete no la pagaría el grupo adjudicatario: se saldaría con bienes de la propia sociedad. Los adjudicatarios pagaron un adelanto en efectivo de 130 millones de dólares. Por otros 130 millones el Estado aceptó bonos de la deuda depreciados. Los 1610 millones restantes se compensaron con una nueva adquisición accionaria del Estado, que llegó a tener el 43 por ciento, lo que licuó la deuda de los privados. La participación pública volvió a bajar, a 5 por ciento, y en 1994 el Estado ya no tenía injerencia en las decisiones. Su poder de veto, al que renunció, servía para evitar el perjuicio y endeudamiento.
- Nunca se cumplió con el plan de inversiones –en esencia la compra de aeronaves–, que también asumió ARSA.
- Los empresarios que asumieron la conducción protagonizaron, según los jueces, un proceso de vaciamiento. Hubo, dicen, una “indebida y perjudicial tercerización de servicios”. “El grupo adjudicatario” provocó “el “desapoderamiento de bienes”, “un fuerte endeudamiento” y “la disminución de su capacidad operativa y rentabilidad” de la empresa privatizada.
El fallo dice que, además de indagar a Menem y Cavallo, tendrán que responder a la indagatoria los empresarios Francisco Colomina Pérez del Río, Alfredo Pott, Enrique Pescarmona, Francisco de Vicenzo, Amadeo Riva y Jorge Flamarique, todos beneficiarios de la privatización. La lista incluye a Abdo Menehem, que representaba al Estado en ARSA, al contador Rubén Poncio y a Horacio Fargosi, que actuaron en la negociación. El fallo fue enviado a las presidencias de Diputados y Senadores y a la Comisión Bicameral de seguimiento de las privatizaciones. Podría aportar a la base argumental del Gobierno en la batalla por la expropiación.
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