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Por si ocurriese un inédito desaire parlamentario y el Senado no alumbrara la ley de expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, el Ministerio de Planificación habilitó una vía alternativa para asumir la propiedad de la línea aérea sin aportar dinero adicional. Los abogados estatales reclamaron ante la Justicia la posibilidad de capitalizar los millonarios aportes que ya hizo el Estado y que sólo desde julio a la fecha totalizan alrededor de 300 millones de dólares. El pedido fue formulado ante el juez Esteban Furnari, el mismo que impuso un “veedor” sobre la privatizada para evitar que Marsans la maneje a su arbitrio en esta decisiva transición.
El planteo fue formulado ayer por el Departamento de Asuntos Jurídicos del ministerio que comanda Julio De Vido y tiene como fundamento los artículos 5 y 6 de la ley de rescate de Aerolíneas y Austral, votada en septiembre pasado. Esa norma fue la primera disposición formal que le da algún carácter concreto al dinero público que alimenta la caja de las líneas aéreas para solventar gastos corrientes: según aquellos puntos, los aportes del Estado son “exigibles” (préstamos que la empresa debería pagar) o “capitalizables”.
La intención oficial es avanzar en este último sentido, lo que le permitiría al Estado hacerse con las acciones de las compañías, hoy mayoritariamente en manos de Marsans, sin necesidad de aportar más dinero del que viene desembolsando cotidianamente y del que deberá aportar para ir cancelando el pasivo que asumirá como propio tras la reestatización.
Furnari, juez del fuero Contencioso Administrativo, entró en escena semanas atrás, cuando el Estado pidió que se designe un interventor para impedir que Marsans desplace de sus funciones al gerente general estatal Julio Alak, aprovechando su carácter de socio mayoritario. Ese corrimiento fue intentado por los españoles, que designaron a uno de sus hombres como subgerente general y planeaban investirlo con un poder de firma que hubiera limitado las facultades operativas de aquel funcionario. El magistrado nombró al contador José Luis Perrone como “veedor informante”, imponiendo un obstáculo a la estrategia del accionista privado.
Aprovechando el dominio de la asamblea que le da tener más del 90 por ciento de las acciones en su poder, Marsans también bloqueó la posibilidad de que el Estado capitalice los aportes, tal como plantearon los directores estatales en el último de esos cónclaves. Esta chance será ahora analizada en los tribunales, como un recurso adicional a la ley que tendrían que sancionar los senadores. Si por alguna razón no tuviera lugar la expropiación, que en los términos previstos permitiría al Estado quedarse con el grupo privatizado por un valor simbólico, se jugaría esta carta como alternativa.
En este juzgado hay otras cuestiones pendientes, comenzando por la propia competencia de su titular. Marsans recusó a Furnari, sugiriendo que no se habrían respetado los mecanismos para el sorteo de la demanda interpuesta por el Estado. De algún modo, insinuando que habría un eventual acuerdo entre el magistrado y los funcionarios que la promovieron. El tema recaló ahora en la Cámara de Apelaciones del fuero que debería resolver acerca de la habilitación del juez, algo que de prosperar podría poner en tela de juicio la decisión del magistrado de designar a aquel veedor, pero no invalida el planteo formulado ayer para que el Estado pueda capitalizar sus aportes.
Hoy existe consenso mayoritario en el Congreso acerca de la necesidad de expropiar las líneas aéreas, aunque los caminos se dividen sobre las formas de hacerlo. La propuesta oficialista con media sanción plantea el rescate de las acciones, lo que implica también asumir el millonario pasivo. Parte de la oposición brega por que este mecanismo sea selectivo y sólo deje en manos públicas los activos, eludiendo así la deuda. Pero ninguno de los dos proyectos contempla la chance de que el Estado aproveche de algún modo los fondos que ya aportó, vitales para mantener las compañías en vuelo.
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