El proyecto aún está en elaboración, pero ya despierta polémicas. Oposición de refinadoras, empresas de transporte y fabricantes de vehículos comerciales.
Por Raúl Dellatorre
Ya funcionan en el país unas 200 estaciones de GNC.
La idea no se transformó aún en proyecto de ley, pero ya desató una polémica: el Ministerio de Economía impulsará la utilización obligatoria de gas natural comprimido (GNC) como combustible para todo el transporte público, incluidos taxis y remises. A favor del proyecto se alinean intendentes de grandes ciudades y algunos sectores industriales que se verían favorecidos por el trabajo generado. En la vereda de enfrente se paran las refinerías de petróleo y fabricantes de vehículos comerciales, que se resisten a reconvertir los motores de sus unidades. El proyecto, de todos modos, avanza y en las próximas semanas arribaría al Congreso.
La combustión a GNC fue puesta en el mercado nacional hace poco más de una década. En paralelo se desarrolló una tecnología de motores y compresores para equipar los automóviles de baja escala, pero de buen rendimiento. Según los especialistas que trabajan en el proyecto de ley, con los actuales actores más los que se sumarían si se impulsa la reconversión de todo el parque automotor del transporte público, sería posible hacer la conversión a GNC de no menos de 100 mil unidades por año hasta el 2005, fecha prevista en los primeros borradores para la conversión obligatoria de la mayor parte del autotransporte público al GNC.
Los transportistas han pedido una serie de condiciones para apoyar la conversión. En Economía hay voluntad de acceder, al menos, a dos de ellas: habilitar algún mecanismo de financiamiento barato de la conversión de los vehículos (algunas estimaciones lo valúan en mil dólares por unidad) y garantizar una relación estable entre los precios del GNC y los combustibles derivados del petróleo (nafta y gasoil).
Menos proclive a un acuerdo se han mostrado, hasta ahora, las refinerías de petróleo y al menos una terminal fabricante de vehículos comerciales, que ha puesto en intensa actividad su lobby para frenar el proyecto. Los fabricantes deberían abastecer todo el parque nuevo del transporte público con unidades equipadas para cargar GNC. La industria refinadora estaría obligada a buscar en la exportación una salida alternativa para su producción, si se limitan sus posibilidades en el mercado local. Pero lo que más inquietaría a las petroleras es la pérdida del control del mercado de combustibles, si la red de estaciones de servicio de GNC se atomiza y se abre a la participación de otros competidores. Hay que tener en cuenta que la intención del proyecto es, en una etapa posterior a la conversión del transporte público, incorporar a no menos de un millón de vehículos particulares en el mediano plazo (5 a 10 años) al parque de usuarios de GNC.
Desde Economía, así como otros impulsores del proyecto, destacan entre las ventajas del uso del GNC los aspectos ambientales (menor polución), la reducción de costos del transporte (el combustible es infinitamente más barato y a partir de un recurso mucho más abundante en el país que el petróleo), el desarrollo y consolidación de la industria vinculada (la fabricación de equipos tendría proyección exportadora) y hasta aseguran que habría ventajas económicas para el país en liberar petróleo y naftas para la exportación. Por distintas razones, sectores del menemismo y del ARI han coincidido con la propuesta.
Todavía los poderosos lobbies petrolero y automotor no han dado el brazo a torcer, por lo cual la batalla sigue abierta. La novedad inmediata es que la puja será puesta en el escenario en los próximos días, cuando sus impulsores salgan a defender el proyecto en público. En las últimas horas no son pocos los intentos que se han hecho para silenciarlos, pero la mesa de discusión tiene cada vez más participantes. A Economía ya se han sumado la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior y las provincias productoras de gas para participar en la elaboración del proyecto. E intendentes –o candidatos a serlo– de grandes capitales, como Buenos Aires y Rosario, han requerido ser escuchados.
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