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El Senado aprobó el megacombo anticrisis, que prevé un blanqueo de capitales, la moratoria impositiva y la regularización del empleo no registrado, por 42 votos a favor y 27 en contra. Según los fundamentos del Poder Ejecutivo, estas normativas serán un pilar más para enfrentar los embates de la crisis económica, que se suma al plan de obras públicas (por 71.000 millones de pesos) y los créditos hacia el consumo (13.200 millones). La oposición (UCR, Coalición Cívica, el socialismo, el Frejuli y algunos kirchneristas) criticó duramente el capítulo de la repatriación de capitales, que también recibió el visto bueno de la Cámara alta (39 votos a favor contra 28 en contra). En este punto, el oficialismo recibió el voto negativo de Carlos Reutemann, la chaqueña Elena Corregido y la abstención de Roberto Urquía. Para los detractores del bloque K, este proyecto “será la puerta hacia el lavado de dinero y el narcotráfico”, lo que fue reiteradamente negado por el oficialismo. En la misma sesión, el Senado eliminó la “tablita de Machinea” por unanimidad (ver aparte).
“Nadie está hablando de narcotráfico. Sí estamos hablando de dinero negro que proviene de la evasión impositiva, tal cual se hace en otras partes del mundo. No se puede decir que en seis meses nos convertiremos en un paraíso fiscal. El delito en la Argentina progresa por otras cosas y no por la apertura de un blanqueo por seis meses. Con esta medida estamos buscando los mejores escenarios para poner en el circuito financiero esos capitales que se fugaron”, defendió Fabián Ríos (FpV, Corrientes), casi al cierre del debate.
La última sesión del año no fue la más ríspida de todas (lejos quedó el fantasma de la Resolución 125). De todas maneras, hubo acusaciones cruzadas y chicanas políticas. La aprobación en general fue holgada -–como todas las votaciones que siguieron a la Resolución 125–, mientras que el capítulo sobre repatriación de capitales resultó el más ajustado desde la noche del voto no positivo.
Así y todo, el Ejecutivo consiguió su plan anticrisis en tiempo record. En un mismo texto, se aprobaron tres capítulos diferentes:
- Regularización de tributos y recursos de la seguridad social: “Se trata de una medida que otorga la posibilidad de adecuar y regularizar las contingencias fiscales que arrastren los contribuyentes, de modo de no tener pendientes una situación fiscal dañosa que dificulte su actividad”, según puede leerse en los fundamentos de la normativa. La inscripción dentro de este régimen suspenderá las acciones penales en curso. La medida prevé la exención de multas y otras sanciones. Los contribuyentes/evasores se verán beneficiados con una exención del pago de intereses de sus deudas. Pagarán sólo el 30 por ciento cuando ingresen en el régimen durante el primer mes de vigencia, el 40 por ciento cuando se adhieran entre el segundo y tercer mes y un 50 por ciento cuando ingresen a parir del quinto mes.
- Regularización del empleo no registrado: Se producirá la extinción de la deuda originada en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social en empresas de hasta diez trabajadores. Los empleados incluidos en la regularización tendrán derecho a computar 60 meses de servicios con aportes. A partir del trabajador número 11 se establece que las deudas deberán pagarse de acuerdo con las formas que establezca la AFIP. Durante los primeros doce meses, los empleados que tomen nuevo personal o regularicen la situación de sus trabajadores, sólo pagarán el 50 por ciento de las contribuciones sociales. Durante el segundo año, pagarán el 75 por ciento.
- Blanqueo de capitales: “Los fondos argentinos residentes en el exterior son una fuente de importantes recursos que, sumada deudas y acreencias de todos los agentes públicos y privados de la economía, representan más de 40.000 millones de dólares en el exterior”, asegura el texto de la normativa. Los bienes que estén radicados en el exterior, que se declaren pero no regresen al país, tributarán un 8 por ciento de ese capital. Los bienes y capitales radicados en el país pagarán un 6 por ciento. Mientras que el dinero destinado a la compra de títulos públicos tributará un 3 por ciento y la plata que se invierta en la compra de viviendas o en obras de infraestructura, el uno por ciento. “El régimen no liberará a las entidades financieras de las obligaciones vinculadas con la legislación tendientes a la prevención de las operaciones de lavado de dinero”, aseguró el Poder Ejecutivo en los fundamentos de la ley.
“¿Qué significa esta exteriorización? A pesar de que en el artículo 32 se manifiesta que estos capitales no están eximidos de la ley 25.246 (es decir, penar a los sujetos que quieran entrar capitales del narcotráfico), de todas maneras hay algunos senadores que quieren encontrar en esta normativa un perdón para aquellos que mal lograron esa plata. La AFIP es un sujeto obligado a informar a la UIF sobre cualquier irregularidad. ¿Y qué pasará ahora? Lo mismo. Con esta ley no va a pasar ni más ni menos que lo que ocurre en la actualidad. No habrá ni más ni menos lavado de dinero que hasta el momento.” Con estas palabras, el senador Fabián Ríos defendió el punto más polémico del proyecto de ley, por el cual se permitirá un blanqueo de capitales por un período de seis meses.
“Eso no es repatriación de capitales. Si yo no obligo a traer la plata, entonces no es una repatriación. Esta es la verdadera intención subjetiva de esta ley. Ahí está el espíritu del autor de la norma (N.d.R.: estaba hablando de Cristina Fernández de Kirchner) y no el espíritu del legislador. Los capitales no se van a investigar. ¿No sabemos que el narcotráfico está invadiendo Latinoamérica? Y nosotros le abrimos las puertas”, cuestionó igualmente la puntana Liliana Negre de Alonso.
El misionero Luis Viana (FpV), uno de los pocos kirchneristas que habló, señaló que el proyecto de ley contempla en su artículo 40 que los sujetos obligados a informar cualquier movimiento extraño (por ejemplo la AFIP o un Banco), “seguirán denunciando lo que tengan que denunciar”. “No es por esta ley que nuestros hijos tendrán un futuro negro”, señaló Viana, en una alusión a la senadora Negre de Alonso, quien segundos antes había puesto en duda el futuro de la Argentina a partir del blanqueo.
De todas maneras, el senador reconoció que la Argentina tiene un déficit en materia de lavado de dinero, “ya que hay ninguna persona física condenada por estos delitos”, sostuvo el legislador. Desde su puesta en funciones en 2002, la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió 4032 reportes de operaciones sospechosas.
El blanqueo de capitales ocupó casi todo el tiempo de debate. La moratoria tributaria también fue criticada, sobre todo por “romper la cultura tributaria”, como argumentaron desde la oposición. “Las moratorias se han aplicado luego de períodos de gran crisis. No podemos seguir premiando a los que menos pagan. Las principales moratorias de la historia del país fracasaron”, aseguró el radical Juan Carlos Marino (La Pampa).
El final del debate fue pura chicana. El radical Ernesto Sanz arremetió contra los radicales K, en particular el gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, al que calificó de “cobarde”, entre otras cosas. “Hay que dejar de lado el proyecto de poder para recuperar un proyecto de país, para eso se necesita diálogo y consenso”, aseveró Sanz, apuntando directamente al kirchnerismo. Miguel Pichetto, titular del bloque K, no se quedó callado. “Este partido centenario, en los últimos tiempos, pareció perder la brújula. Eso se vio en su voto negativo a la nacionalización de las AFJP”, arremetió Pichetto, antes de cerrar el último debate del año. “Todos los gobiernos democráticos hicieron un blanqueo, desde Illia hasta Menem. Hay 130.000 millones de pesos dando vuelta por el mundo, es un dato positivo querer que vuelvan”, concluyó el titular del bloque K.
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