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Producción: Tomás Lukin
Por Alejandro Fiorito *
La persistencia de ideas equivocadas, como la que sostiene que la oferta impulsa el crecimiento, es la que sobrevive en el reciente plan de gobierno de retorno de capitales. Sin una perspectiva de incremento de sus ventas, ninguna empresa invierte ni aumenta su producción. Dicho de otra manera: sólo la demanda agregada es la causa del aumento de la inversión, tanto en épocas de auge como de crisis.
Asesores y economistas formados en la ortodoxia acusan erradamente a la demanda de inflacionaria cuando se crece, y de imposible cuando se está en recesión. Como en la época de Keynes, se refuerzan las rémoras de un lastre doctrinal que se basa en la creencia de que ahorrando se genera inversión. Para ellos pareciera que nunca se puede crecer.
Esto se nota ahora también en el orden de implementación de las medidas adoptadas por el Gobierno. Primero el plan de retorno de capitales que se encuentran en el exterior, pero que en un clima de caída de demanda externa e interna no supone incrementos en el nivel de inversión.
De otra manera, ¿qué pudo ser más claro que la evolución de las inversiones que desde 2002 crecieron, por el acicate macroeconómico de la demanda agregada externa e interna? El resultado de la discusión sobre la posibilidad de crecimiento sin inversiones externas sorprendió a más de un gurú económico de los ‘90, dado que los fondos volvían desde afuera “de cualquier manera” (back to back en la city porteña), si existía un mercado demandante como el que ofreció el gobierno de Kirchner.
La piedra de toque de lo real es la macroeconomía. Si ahora se encuentra en una situación recesiva, verbigracia: caída del consumo, parate inmobiliario, caída de precios de bienes de exportación, el acecho de saldos exportables mundiales con dumping, una sensible apreciación del tipo de cambio real por la suba de precios domésticos, tasas de interés reales que han subido, suba de tarifas de energía, baja de subsidios, sumado a una recesión mundial, no es claro el supuesto neoclásico implícito de que las empresas invertirán porque se facilite el acceso a créditos y tipos de cambio efectivos de índole microeconómica.
Por su parte, el plan de inversiones públicas anunciado no especifica claramente el tiempo de su implementación y, como se dijo más arriba, la demanda debe preexistir si se trata de modificar el comportamiento inversor y revertir el “tsunami de despidos”. Entonces, parafraseando a Galbraith, no sólo deben garantizarse los fondos para prestarse sino efectivamente tomar prestado y gastar sin cortapisas.
Pero sumado a este problema de causalidad aún no muy claro en la cabeza de algunos asesores de gobierno sin “confianza modélica” en el crecimiento por demanda, se debe tener en cuenta un segundo frente de restricción que predomina entre los países no desarrollados industrialmente, que es la restricción del balance de pagos, que excede a lo que el plan de retorno de capitales pueda lograr.
Un crecimiento del gasto que implique mantener las tasas de crecimiento debe asegurarse de discriminar entre sectores, de manera de sustituir importaciones y al mismo tiempo permitan elevar la productividad del trabajo. De lo contrario, se profundizará el desbalance externo de divisas, debido a nuestra estructural mayor dinámica relativa de las importaciones, y tarde o temprano el país se encontrará en una fuerte apreciación del tipo de cambio real, cuya corrección brusca, tarde o temprano, representará una nueva fuerte devaluación con resultados más graves aún.
Los trabajadores pasaron en pocos meses de discutir paritarias a discutir menores despidos. Por ende, junto al plan de elevar la demanda doméstica se debe acompañar con cambios discretos del tipo de cambio, dando cuenta del nivel que necesita la menor productividad industrial respecto del agro, ante el aumento de sus costos. Esto a su vez reduce los salarios reales, por lo que se los debe compensar impulsando políticas de ingreso, con un esquema integral impositivo y un monitoreo permanente de los derechos de exportación sobre los bienes de la canasta salarial que se exportan y los precios internacionales.
Se llega pues al límite político de toda economía donde se reparte el excedente producido. No otra cosa exudan los pedidos al Gobierno por fuertes devaluaciones de parte de industriales y productores del agro, para depositar las mejoras de competitividad abaratando salarios, ni el ajustar con despido de trabajadores en grandes empresas automotrices. El Gobierno ha respondido con un conjunto de medidas contracíclicas, pero que por su orden y lentitud de implementación pueden no alcanzar para superar el dilema de incrementar el gasto sin perder la competitividad; de subir las inversiones sin el límite de un balance de pagos negativo.
* Docente e investigador del Grupo Luján-UNLU y UBA.
Por Alejandro Vanoli *
El 16 de septiembre pasado, el día de la quiebra de Lehman Brothers, salió en Página/12 un artículo que escribimos una semana antes, señalando que lo peor de la crisis todavía estaba por venir. En aquel momento el FMI suponía que en 2009 vendría la recuperación. Ante el fuerte deterioro del empleo y el nivel de actividad tanto en Estados Unidos como en Europa, el Fondo tuvo que admitir en octubre que el año próximo sería de caída del PBI para todo el G-7. En ese artículo señalábamos la necesidad de políticas keynesianas. Tardíamente, Europa y Estados Unidos empezaron a avanzar en este terreno de manera zigzagueante.
La crisis global impactó en Argentina en este cuarto trimestre como lo hizo también en otros países en desarrollo. La ventaja que hoy tiene Argentina es que al estimular un crecimiento a tasas elevadas desde 2003 –desestimando a los sectores que reclamaban enfriar la economía– la desaceleración no desemboca en una recesión.
En estas semanas se sucedieron variadas medidas para minimizar las consecuencias de la crisis global. Lo relevante: el Estado asumiendo un papel central y activo para sostener el crecimiento. Un anticipo central, necesario y oportuno fue la reforma previsional. Los anuncios se podrían clasificar en tres, incentivos a la oferta, a la demanda –ambos con instrumentos crediticios o fiscales– y el plan de infraestructura.
Los incentivos a la oferta son menos efectivos en un contexto de desaceleración, pero hacen a una estrategia integral que incluye evitar despidos en sectores afectados por la crisis (por ejemplo el automotor) y con fuertes encadenamientos productivos. Además, la integralidad del enfoque implica revertir expectativas pesimistas que afecten la inversión y el consumo.
Otro aspecto central es el papel del Estado reorientando el crédito (pymes, automotores, consumo) y regulando a la baja las tasas, mediante las licitaciones de depósitos. A esto se agregan las inversiones que está realizando la Anses en instrumentos que financian al consumo y pymes, inversiones marginales para las AFJP pero centrales para la economía real.
Pero el aspecto clave es el impulso a la demanda, siendo la inversión publica la principal herramienta, como señala la crisis del ’30. Esto significa más empleo que compense la retracción del gasto privado además de modernizar y ampliar la oferta de energía, el impulso a la construcción de viviendas populares y la provisión de servicios públicos que no solo tiene un efecto multiplicador máximo en la economía sino en la justicia social.
Como impulso al consumo están la eliminación de la conocida “tablita de Machinea” y las bajas de las retenciones. El fin de la tablita elimina un esquema distorsivo y mejora los haberes de sectores medios/altos, que en parte impactará en la demanda agregada. Más efectivo por su mayor propensión al consumo son las mejoras en jubilaciones, haberes del personal doméstico y el pago adicional a desocupados y pensionados que implican mejoras adicionales a dichos sectores, quienes han sido los más postergados.
Pero más importante aún que el efecto impulso es la cuestión ética: revertir la brutal desigualdad de ingresos. Este aspecto fundamental que ha sido eje en la acción de Gobierno desde 2003 requiere una profundización para evitar que la crisis recaiga en los sectores más vulnerables, luego de un año donde la inflación global y la resistencia destituyente a la Resolución 125 dificultaron consolidar avances hacia una sociedad más equitativa.
Así se concilian mecanismos más rápidos y directos que impactan en la economía. Las medidas protegen los equilibrios productivo y social además de preservar la recaudación –equilibrio fiscal– al sostener el crecimiento. Lo inverso al modelo de 2000-01 donde un ajuste del gasto minó la recaudación y agravó el déficit.
Un tema a considerar es preservar el equilibrio externo –generador de divisas– sometido al estrés de menores precios de commodities, menor demanda de exportaciones y salida de capitales. Los controles de la CNV, AFIP y BCRA junto con la política cambiaria frenaron esa salida. No obstante la coyuntura obligará a profundizar las políticas cambiaria y externa para preservar la competitividad, el superávit externo y las reservas complementado con esquemas de compre nacional, sustitución de importaciones, mayor integración nacional de la producción, etcétera.
El mundo está regresando y la Argentina profundizando el camino del keynesianismo, alejándose del neoliberalismo que causó la peor crisis desde 1930. Un proyecto de crecimiento con equidad establece un piso para edificar los cimientos del desarrollo, lo que implica un modelo de acumulación y distribución de la riqueza distinto al de 1976-2002. Un camino que deberá recoger lo mejor del pensamiento progresista latinoamericano y la praxis de la racionalidad populista del peronismo, que hacia delante implica la confluencia de los sectores populares y progresistas, en un espacio plural que haga realidad la Argentina justa, libre y soberana.
* Economista - Vicepresidente de la CNV.
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