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El Poder Ejecutivo instruyó al ministro de Planificación, Julio De Vido, a iniciar el proceso de expropiación de Aerolíneas Argentinas, Austral y sus empresas controladas, mediante la actuación de la Procuración del Tesoro. Además, el Gobierno designó una Unidad Administrativa, con cuatro directores, para ejercer –hasta tanto finalice el proceso de recuperación– “todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren”. Por otro lado, el Ejecutivo volvió a ratificar –como ya lo había hecho cuando sancionó la ley que declaró de utilidad pública a las compañías– su intención de presentarse en todas las causas penales existentes en las que se investiguen posibles delitos cumplidos por los accionistas mayoritarios de AA y Austral. Por su parte, el Grupo Marsans acusó al Estado de querer “confiscar las acciones de las empresas” y volvió a insistir con su demanda en el Ciadi, pero aclaró que todavía queda una puerta para la negociación.
El gobierno continúa dando los pasos necesarios para concluir el proceso de expropiación de AA y Austral. Hasta que comience y finalice el juicio sumario que deberá llevar adelante la Procuración del Tesoro, a pedido del Ministerio de Planificación (designado como el órgano expropiante), el Estado continuará interviniendo ambas compañías. Con el objetivo de poder tomar decisiones de manera más ágil y saltear las posibles trabas que presenten los empresarios españoles, el Ejecutivo designó una Unidad Administrativa, que podrá instrumentar “todos los actos y gestiones necesarias para la toma de posesión de todos los bienes sujetos a expropiación”.
Los designados fueron Julio Alak, actual gerente general de la compañía, quien ocupa ese cargo desde julio del año pasado; Jorge Simeonoff, titular de la Uniren; Juan De Dios Cincunegui, que ya ocupaba un cargo dentro de AA desde julio de 2008, y Héctor García Cuerva, ex interventor de Racing Club. El objetivo principal de la Unidad Administrativa será garantizar la prestación del servicio público aerocomercial, evitando cualquier tipo de traba por parte del Grupo Marsans.
Por su parte, los empresarios españoles no se sorprendieron del decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, ya que lo consideran una embestida más del Ejecutivo. “Es la continuidad de las acciones que viene llevando adelante el Gobierno respecto de la confiscación de las dos compañías aéreas. Esto era esperable, ya que hay una ley que habilita la expropiación, pero todavía no hemos sido notificados de nada”, indicaron fuentes de Marsans.
El grupo español continúa con su vaivén argumental. Por un lado, amenaza con que seguirá adelante en su demanda en el Ciadi, donde reclama que el Estado argentino le pague aproximadamente 500 millones de dólares. Por el otro, Marsans insiste en que continúa dialogando con el Gobierno para llegar a una salida negociada.
Una versión que dejaron correr los españoles era que ellos desistirían de su demanda en el Ciadi, a cambio de que el Gobierno se hiciera cargo de un contrato con la compañía Airbus, donde Marsans se comprometió a comprar –para el grupo y no para Aerolíneas– aviones por un valor aproximado en 1000 millones de dólares. Sin embargo, fuentes cercanas a De Vido indicaron a Página/12 que el Gobierno sí adquiriría algunos de los aviones que se habrían encargado al constructor europeo, pero que la operación se cerraría entre AA (a cargo del Estado) y Airbus. No habría ningún intercambio con Marsans.
En el decreto firmado ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner también se ratificó la voluntad de analizar el origen de los pasivos de ambas compañías para discriminar su legitimidad. El informe final de la Auditoría General de la Nación, que se utilizó como base para determinar la expropiación, estableció un patrimonio neto negativo de AA y Austral de 2500 millones de pesos. Sumado a un pasivo de 890 millones de dólares, del cual el 40 por ciento corresponde a organismos públicos.
Debido a las irregularidades cometidas por el Grupo Marsans, el Estado se comprometió a presentarse en todas las causas penales en las que se investigue a los actuales accionistas mayoritarios y a denunciar eventuales ilícitos que fueran de conocimiento del Estado.
Desde la intervención de la empresa hasta la fecha, el Estado de-sembolsó más de 900 millones de pesos, mientras que en el Presupuesto 2009 se calcula una transferencia de 1000 millones.
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