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Economía|Domingo, 18 de enero de 2009
EL GOBIERNO ASEGURA QUE EL CAMPO LIDERARA LA ADHESION AL PLAN DE RECONOCIMIENTO DE FONDOS

Enemigos íntimos, socios del blanqueo

Pese a la pelea política, en el Ejecutivo afirman que los productores rurales serán los que más participarán del blanqueo. Se estima que 24 millones de toneladas de soja están en negro. La AFIP lanza una fuerte campaña. Espera recaudar 2000 millones como piso.

Por David Cufré
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Según las autoridades, hay más de 24 millones de soja que podrían pasar a la formalidad.

El controvertido blanqueo de capitales le permitiría al Gobierno recaudar no menos de 2000 millones de pesos el próximo año. Esa es la proyección que la AFIP le acercó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los 2000 millones son un piso, según confiaron a Página/12 desde un encumbrado despacho oficial. Pero lo más sorprendente del informe en poder de la Presidenta no es la cifra, sino cuál sería el sector que más aprovecharía las facilidades para transparentar dinero negro: el más enfrentado con la Casa Rosada, el sector rural. “Hay arriba de 24 millones de toneladas de soja no declaradas que ahora tienen un puente de plata para pasar al circuito formal”, explica un funcionario de trato diario con la jefa de Estado. “Vamos a trabajar muy fuerte para convencerlos de las ventajas de participar”, avisa, bordeando la amenaza. En términos políticos, la relación entre el Ejecutivo y el campo privilegiado pinta cada vez peor, pero en medio de la batalla que se está armando para este año hay posibilidades de hacer negocios mutuos –el Gobierno recaudando, los productores blanqueando–, y negocios son negocios.

Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, conoce bien el paño, ya que antes de saltar a ese puesto estuvo al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) lidiando con los ruralistas. El organismo recaudador trabaja contra reloj para terminar la reglamentación de las leyes de blanqueo y la moratoria impositiva, que estará lista esta semana, aunque la publicación en el Boletín Oficial podría demorarse hasta principios de la próxima a la espera del visto bueno final desde Presidencia.

El plan del Gobierno es “salir con todo” con una campaña de “inducción” de contribuyentes para incorporarlos a la formalidad. Su lanzamiento está previsto para los primeros días de febrero. Habrá un despliegue de funcionarios de la AFIP brindando información y concientizando en consejos profesionales de ciencias económicas, cámaras empresarias, estudios jurídicos y yendo a empresas con antecedentes de incumplidoras fiscales. Todos aquellos a los que les hayan practicado ajustes, tengan deudas certificadas o causas judiciales en trámite recibirán una notificación de la AFIP para convocarlos al blanqueo o la moratoria.

Como sector económico, el rural es el que más participaría, de acuerdo a la estimación oficial. La primera razón, como se indicó más arriba, es por la gran cantidad de evasores que acumula. Existen más de 24 millones de toneladas de soja no declaradas, según sospechan en el Gobierno, que ahora podrían pasar a la formalidad bajo condiciones muy convenientes. El agropecuario es uno de los rubros con niveles de evasión más altos. Para ellos habrá un incentivo especial: la reglamentación de la ley dirá que aquellos que expongan sus pertenencias al Fisco y reinviertan sus capitales en actividades “agrícola-ganaderas” pagarán sólo el uno por ciento de los fondos blanqueados. Esa es la segunda causa de la expectativa de una alta incorporación de productores y pooles de siembra.

Pero la AFIP apuntará también a empresarios y profesionales de alto poder adquisitivo en general que tienen la plata “bajo el colchón”. “No esperamos tanta repatriación de capitales, pero sí que vuelva al circuito formal dinero que hoy está en cajas de seguridad o abajo del colchón”, sostienen desde el Ejecutivo. A los bancos se les encomendará la tarea de entregarles a sus clientes con cajas de seguridad folletos informativos sobre el blanqueo y la moratoria. Pero de ninguna manera se forzará la apertura de esas cajas ni se difundirán los nombres de sus titulares, prometen en el Gobierno. “Hay un dato contundente: los bancos ya no tienen cajas de seguridad disponibles. Esto se debe a que después de 2001 muchos no se arriesgan a hacer depósitos bancarios, a que por la inseguridad no quieren guardar el dinero en la casa y a las dudas que genera el sistema financiero internacional. Para muchos el blanqueo es una gran oportunidad”, evalúan.

El organismo recaudador hará un cruce de información a través del sistema financiero para localizar a posibles candidatos de las leyes formalizadoras. Otro objetivo serán los dueños de tarjetas de crédito emitidas por bancos extranjeros con cuentas fuera del país, ya que son personas que viven aquí y gastan aquí, pero con plata que fugaron en su momento.

“Queremos que haya inversión física, en el sector rural, en el inmobiliario. Se promoverán fideicomisos inmobiliarios para reactivar el sector de la construcción”, anticipan. El blanqueo seguido de la inversión le permitirá a los declarantes pagar sólo el uno por ciento del dinero reconocido. La proyección es que como piso la recaudación por esta ley será de 2000 millones de pesos, aunque entre los funcionarios hay espacio para la ilusión y algunos hablan de que se podría duplicar o triplicar esa cifra.

La reglamentación de las leyes definirá que el plazo para sumarse a la moratoria y al blanqueo vencerá el 31 de agosto. En el caso de la moratoria, habrá descuentos significativos de intereses para quienes adhieran en los dos primeros meses. Página/12 también pudo saber que los contribuyentes deberán pagar en efectivo el 6 por ciento del capital adeudado y el resto hasta en 120 cuotas al 0,75 por ciento de interés mensual. Las cuotas nunca podrán ser inferiores a 150 pesos.

La proyección de recaudación de la moratoria tiene una expectativa de máxima de algo más de 19.000 millones de pesos. La cifra surge de la suma de 8900 millones de pesos de deudas impositivas ya certificadas más otros 11.000 millones de ajustes fiscales y determinaciones de oficio hechas por la AFIP. El cálculo “realista” de los funcionarios es que entre el 75 y el 90 por ciento de ese total terminará dentro del plan de regularización tributaria. Dentro de este grupo, otra vez, aparece el sector rural, a través de las exportadoras de cereales que habrían liquidado mal las retenciones el año pasado. En definitiva, la actividad agropecuaria sería la estrella de esta parte del plan del Gobierno para atemperar los efectos de la crisis. Curiosamente, es el sector que más trabaja para amargarle al kirchnerismo las próximas elecciones y el que le propinó hasta el momento su derrota más dura.

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