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La Justicia ordenó ayer a las empresas Edenor, Edesur y Edelap no cortar la luz a los usuarios que se nieguen a abonar las boletas recibidas con los aumentos tarifarios. Dichas empresas son prestatarias del servicio eléctrico en el área metropolitana y platense y fueron intimadas por el juzgado contencioso administrativo número 9, a cargo de la magistrada Cecilia de Negre, a acatar la medida cautelar hasta tanto no se resuelva el pedido de suspensión de los aumentos reclamado por vía judicial por la Defensoría del Pueblo de la Nación.
De Negre avaló, de esta forma, el pedido de Eduardo Mondino, defensor del Pueblo. Esta misma jueza había desconocido la legitimidad de la Defensoría para reclamar en nombre de los consumidores afectados, aunque su fallo fue revocado por sus superiores de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
El aumento cuestionado fue resuelto por el gobierno nacional como parte de la política de recomposición tarifaria que busca, como objetivo, sustituir los subsidios que las empresas reciben de las arcas oficiales. Según fuentes de las empresas prestadoras, el Gobierno había estimado recaudar durante el año unos 800 millones de pesos por efecto de los aumentos, que no serían de libre disposición sino que conformarían un fondo (fideicomiso) para obras de ampliación y mejoramiento.
Según la denuncia presentada por la Defensoría en la Justicia, las subas en las tarifas eléctricas se elevaban en algunos casos, al mil por ciento. Fuentes de Edenor, en cambio, señalaron a Página/12 que los ajustes en las tarifas tuvieron un mayor impacto que el incremento autorizado, debido a que, en la comparación entre los bimestre noviembre/diciembre contra septiembre/octubre, inciden varios factores que “inflaron” la tarifa del último bimestre del año respecto del anterior:
- Efecto estacional, por el mayor consumo hacia fin de primavera y principios del verano que en los dos meses previos;
- Las inusuales temperaturas del mes de noviembre, que esta temporada anticiparon el verano con la consecuente mayor demanda por uso de artefactos de ventilación y refrigeración;
- La aplicación retroactiva del aumento, que pese a que es desde el 31 de octubre, se dispuso a partir del 1º de ese mes. Este incremento de octubre se facturó dentro de la boleta del último bimestre.
Pese a estas condiciones que tergiversaron el impacto del aumento, desde las dos empresas que distribuyen la electricidad en Capital Federal y Gran Buenos Aires se aseguró que nunca se pensó en cortar el servicio a los clientes domiciliarios. Desde Edenor, voceros señalaron que permanece vigente el pago de deudas en hasta 12 cuotas sin intereses para los usuarios con alguna dificultad por cuenta de la propia prestadora, aclarando además que, en su caso, sólo 10 por ciento de sus clientes habrían sido alcanzados por el aumento a los consumos bimestrales mayores a mil kilovatios/hora. Los hogares sin acceso a la red de gas ni recepción de agua potable por cañerías, están excluidos del aumento, según resolución del ENRE, justamente porque se considera que están más necesitados de la demanda eléctrica para usos ajenos a los normales.
Sin embargo, el criterio aplicado para dividir el cuadro tarifario entre “altos” y “bajos” consumos siguió mereciendo críticas de parte del defensor del Pueblo, Eduardo Mondino. “Esta es la primera vez que se tipifica al rico o pobre según si consumen más o menos kilowatts de luz. Esto no sólo es un absurdo: es ridículo”, opinó ayer el defensor del Pueblo tras conocer el fallo.
En su fallo, la jueza De Negre ordenó impedir los cortes de luz ante eventuales tarifas impagas al tiempo que envió la notificación al Ministerio de Planificación y al Enre, órgano al que le impuso “la carga de comunicar en forma fehaciente a las tres empresas distribuidoras” Edenor, Edesur y Edelap.
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