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Producción: Tomás Lukin
Por Laura Perelman *
La negociación colectiva en la Argentina estuvo estrechamente vinculada con los avatares que marcaron la vida política y económica del país. Desde su institucionalización en los años ’50, fue suspendida en reiteradas ocasiones, tuvo un alcance limitado en la determinación de los salarios durante la convertibilidad y recobró mayor protagonismo desde 2003. A partir del nuevo escenario que abre la crisis internacional, es importante repasar los distintos modos que adoptó la negociación colectiva y su influencia sobre la fijación de las remuneraciones y la desigualdad salarial.
Hasta fines de los años ’80 predominaron los acuerdos por actividad y una práctica de negociación imitativa (aunque también competitiva) que implicaba, en líneas generales, el seguimiento por parte de los sindicatos más débiles de las pautas salariales establecidas previamente por los sindicatos con mayor capacidad de negociación. En un contexto inflacionario y con bajo desempleo, este patrón de negociación constituía un mecanismo eficaz para la preservación del poder adquisitivo del salario y tenía un impacto homogeneizador sobre las remuneraciones, compensando relativamente las diferentes posiciones de fuerza que pudieran tener los sindicatos según su distinta inserción en la estructura económica.
En los años ’90, uno de los ejes de la política neoliberal fue promover la descentralización de la negociación colectiva y limitar los acuerdos salariales al desempeño de la productividad sectorial. El objetivo fue debilitar la capacidad de negociación de los sindicatos, que además se veía erosionada por los crecientes niveles de desocupación y precariedad. En términos generales, se interrumpió la negociación imitativa, se fragmentó la negociación al interior de cada actividad (dejando un amplio margen a los empresarios para modificar condiciones de empleo a cambio de ajustes en el salario) y se amplió la brecha entre los salarios efectivamente pagados en los sectores más y menos dinámicos.
La megadevaluación que acompañó la salida de la convertibilidad implicó, en lo inmediato, una fuerte caída del salario. A partir de 2003, en un contexto de acelerado crecimiento económico, la recuperación del salario estuvo inicialmente motorizada por la política estatal de adicionar sumas fijas y posteriormente por la revitalización de la negociación colectiva, que en principio se orientó a incorporar a los básicos los aumentos decretados. Además, la recomposición del salario mínimo elevó considerablemente el piso sobre el cual se iniciaba toda negociación salarial. Así, a partir de 2003 la negociación colectiva comienza a tener un rol cada vez más relevante en la fijación de los salarios, ya que se produce un incremento significativo en el número de convenios (de 348 en 2004 a 1231 en 2008), ganan peso los convenios firmados a nivel de las actividades, y los salarios básicos se constituyen en un referente fundamental de los salarios efectivos en el sector formal. También se fue reinstalando una mayor coordinación (imitación) en las negociaciones. Este esquema favoreció fundamentalmente a los sindicatos con menor poder de negociación, que tendieron a alinear sus demandas con la pauta salarial previamente establecida por los acuerdos firmados por algunos gremios emblemáticos, mientras que algunos sindicatos mejor posicionados lograron elevar sus salarios de convenio por encima de dicha pauta.
Recientemente, sectores del empresariado han cuestionado la conveniencia de abrir las paritarias en el corriente año, escudándose en la desaceleración del ritmo de crecimiento y los efectos que la crisis internacional pudiera tener sobre la economía doméstica. Aun cuando esta postura fue rechazada por parte del gobierno y por las centrales obreras, ésta operaría en el sentido de obstaculizar la fijación de un piso mínimo para las negociaciones. Dada la persistente inflación, la ausencia de coordinación iría ciertamente en desmedro de la preservación del poder adquisitivo de aquellos trabajadores agremiados en entidades más débiles.
Por lo tanto, lo que está en discusión actualmente es en qué medida la intervención sindical a través de una acción coordinada fortalecerá la posición de los gremios con menor poder de negociación, o bien su papel se reducirá a canalizar los determinantes económicos en la fijación de los salarios. Otro aspecto a tener en cuenta es qué rol jugará el Estado en la fijación de un piso mínimo para las negociaciones. El tipo de intervención del Estado dependerá en buena medida del papel que se le asigne al consumo interno y, en particular, a los salarios para mantener el nivel de actividad en el nuevo contexto económico.
* Investigadora del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES).
Por Jimena Valdez *
Tras el estrepitoso derrumbe del salario real en 2002 (del orden del 24 por ciento), éste comenzó su recuperación y en el segundo semestre de 2006 alcanzó el nivel de 2001, poco mérito si tenemos en cuenta que ese nivel fue el más bajo desde los años ’70 –sin contar el período hiperinflacionario de 1989–. Todavía más: si comparamos el salario real de 2006 con el de 1994 (el mejor de los ’90), el resultado es aún menos feliz: todavía está un 13 por ciento por debajo.
La explicación de semejante retraso luego de cuatro años de crecimiento económico ininterrumpido excede los propósitos de esta nota, pero resulta útil el siguiente dato: a inicios de 2007 cuando el salario estaba (presumiblemente) por superar el valor de 2001, se disparó la inflación, atentando contra el bienestar de los trabajadores. Así las cosas, ¿cómo enfrentan los sindicatos las próximas paritarias?
En primer lugar, intuitivamente podemos decir que aquella inflación no sólo no desapareció sino que se incrementó; técnicamente no podemos decir nada, ya que el Indec permanece intervenido por el Gobierno desde enero de 2007. Es así como el ataque general al sistema estadístico nacional deriva en el gravísimo problema de que los líderes sindicales que se sentarán a negociar su aumento salarial desconocen la magnitud de la inflación, o sea, de la merma en su poder de compra. Por lo tanto, se disponen a negociar “a ciegas”. Sin embargo, tienen un dato guía: el tope a las paritarias proclamado por el gobierno. En estos últimos años, el resultado de la negociación entre sindicatos y empresarios ha estado siempre muy cercano a esa cifra inicial, aquella que mantendría el “pacto social”. Seguramente será entonces ese mismo número el obtenido por los sindicatos de las actividades más dinámicas, y luego los pertenecientes a ramas menos relevantes intentarán acercarse.
En segundo lugar, al inconveniente detallado se le suma la crisis internacional, cuyo impacto ha comenzado a sentirse en la economía argentina, cuestionando así las estrategias del Gobierno. El Ministerio de Trabajo ha consignado datos precisos de los efectos de la crisis, contabilizando despidos, suspensiones y reducciones de jornada laboral. Si bien admite que el escenario es complicado, confía en que no habrá destrucción neta de puestos de trabajo, al tiempo que no se descartan medidas para proteger el empleo existente. Se sabe además que, por el lado de las empresas, la apuesta consiste en mantener la actividad y conservar el empleo, al tiempo que postergar los aumentos salariales para “tiempos mejores”.
Como vemos, el contexto es difícil y parece imponerse una estrategia para los trabajadores mucho más defensiva que ofensiva. Sin embargo, resulta penoso comprobar que en las épocas de mayor crecimiento económico, acompañado por un vigoroso aumento del empleo –esto es, una etapa de mayores oportunidades–, las organizaciones de trabajadores no han sabido resolver dos temas fundamentales.
Por un lado, la democracia sindical. Aun después del fallo de la Corte Suprema (noviembre 2008), no ha habido una resolución política ni real sobre este tema. Es así como los hechos superan a los dichos: proliferan hace años en variadas actividades grupos autoconvocados alternativos (como caso paradigmático el de los trabajadores del subte). Si bien la CGT no se equivoca del todo al interpretar que este modelo debilitaría el poder de negociación de los trabajadores (al posibilitar la multiplicación de gremios), no se encuentra en condiciones de negar que su propia organización se ve muchas veces superada en los lugares de trabajo por otros grupos más dinámicos y progresivos.
Por el otro, adaptarse a los tiempos que corren, esto es, a un mercado de trabajo que hace tiempo ha dejado de ser homogéneo y comprehensivo. En la actualidad, la desocupación alcanza (aún) a un alto porcentaje de la población y los trabajadores cuyo vínculo es precario son alrededor del 40 por ciento (nuevamente, es imposible saberlo con exactitud). ¿Cómo está representada toda esa gente? En 2001 era previsible que el movimiento de trabajadores se viera superado por el de desocupados, pero en 2009 no hay todavía una unidad, en el sentido amplio que el heterogéneo contexto amerita.
Ambos fenómenos confluyen en cuestionar a los sindicatos como institución misma. Si bien es innegable que las organizaciones de trabajadores se han fortalecido con respecto a los ’90 e incluso recuperado cierto prestigio, no han sabido rearmarse. Es necesario que revisen sus fundamentos a la luz de los cambios estructurales acaecidos. De otra manera, su representatividad está en juego y, por lo tanto, en un sistema democrático, su capacidad para avanzar. Debe democratizarse como institución –de manera además de ganar prestigio público– y fortalecer su rol de interlocutor ante el resto de los actores, funcionando realmente como expresión de la clase trabajadora de nuestro país. El futuro no es auspicioso, pero quizás en algún momento alguien tire la primera piedra para el cambio.
* Investigadora del Ceped (UBA), [email protected]
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