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El trámite de licitación de una de las más importantes obras públicas encaradas por el gobierno santafesino en los últimos años, la construcción de una red de acueductos por 400 millones de dólares, quedó paralizada tras la resolución oficial de desestimar la oferta del único consorcio de capitales nacionales que se presentó. La impugnación al grupo que encabeza la firma Electroingeniería había sido planteada por el consorcio competidor que conforman las empresas locales Esuco y Roggio –cuyos titulares son el presidente y vice primero de la Cámara Argentina de la Construcción– junto con la brasileña Odebrecht. El conflicto trascendió el ámbito de las contratistas, ya que la industria plástica y el gremio que agrupa a los trabajadores del sector hicieron conocer su “preocupación” al gobernador, Hermes Binner, ante una decisión que afectaría la provisión nacional de insumos y materiales. En las ofertas alternativas (hay una tercera, también asociada a capitales brasileños), dicho aprovisionamiento tendría origen en proveedores del país vecino.
La contratación contempla el tendido de casi 250 kilómetros de tuberías, tres tomas de agua, tres plantas de tratamiento y 15 cisternas. El suministro de agua potable beneficiará a 21 localidades. Uno de los requisitos de la licitación era que cada consorcio oferente presentara una carta compromiso de financiamiento y el nombre de la o las entidades que actuarían como estructuradores del financiamiento.
Precisamente, este punto fue el argumento que provocó el conflicto. Tres consorcios presentaron antecedentes y oferta en la licitación:
Odebrecht (Brasil), OAS, Esuco, Roggio y Supercemento, con el Bndes (Brasil) como entidad financiadora;
Electroingeniería –JCR– Obring, todas de origen nacional, con el Banco de Córdoba y el Nuevo Banco de Santa Fe como financiadores;
Andrade Gutiérrez (Brasil)-Cartellone, también con carta-compromiso suscripta por Bndes.
Tras presentarse las ofertas y abierto el sobre uno de antecedentes, el primer consorcio impugnó al segundo, aduciendo que la oferta de este último carecía de propuesta de financiamiento. El oferente encabezado por Electroingeniería hizo su descargo el 2 de junio, reclamando “el principio de igualdad”, ya que las precisiones en materia de financiamiento que se le reclamaban, adujo, tampoco figuran en la oferta de la denunciante. Tras esa instancia intervinieron en el tema la Cámara de la Industria Plástica y la Unión de obreros y empleados Plásticos. En términos semejantes, reclamaron por la “descalificación” del grupo que lidera Electroingeniería y advirtieron sobre la consecuente pérdida de empleos a manos de grupos extranjeros, de consumarse su separación del concurso. A su vez, Electroingeniería reclamó el pronunciamiento del fiscal de Estado de la provincia sobre “la improcedente de-sestimación de nuestra oferta” y elevarían un recurso de queja ante el propio gobernador, por la decisión tomada en el ámbito del Ministerio de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente.
El concurso se encuentra frenado, postergando el inicio de las obras. Pero la posibilidad de que se destrabe parece condicionado por cuestiones políticas. Los dueños de Electroingeniería, Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, no niegan su vinculación histórica con Néstor Kirchner. El “olor a K” podría haber influido para que, en alguna instancia del oficialismo santafesino, se alentara su exclusión.
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