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Las empresas de medicina prepaga ya anunciaron que aplicarán un aumento del 12 por ciento a partir de julio, no bien pasen las elecciones legislativas. Será el tercer ajuste del año y, según las empresas, se destinará al pago de salarios. En la Cámara de Senadores espera el proyecto de ley –con media sanción de Diputados– para regular a las Entidades de Medicina Prepaga (EMP), donde se fijan las obligaciones que deben cumplir las compañías del sector por los servicios que prestan. Según el texto de la ley, tendrán que pedir autorización para aplicar cualquier tipo de aumento y deberán cumplir con atención irrestricta sin exclusiones, contratos transparentes y no abusivos. Pero lo que más les preocupa a las prepagas es el punto que les prohíbe financiarse con los aportes de la Administración de Programas Especiales (APE), un fondo que se conforma con dinero derivado de las obras sociales de los trabajadores. En el país hay más de 3,5 millones de usuarios que carecen hasta el momento de un marco legal que proteja sus derechos, justo en un momento donde las crisis sanitarias están en el centro de la escena producto de la influenza A.
Los asesores de la senadora Haide Delia Giri, titular de la comisión de Salud, estuvieron reunidos el pasado 5 de mayo con los representantes de las cámaras empresarias de medicina prepaga, cooperativas y mutuales. Según indicaron a Página/12 desde el despacho de Giri, el objetivo del encuentro fue escuchar las objeciones de las cámaras involucradas. “El proyecto se está tratando desde hace algunas semanas, para nada está cajoneado”, respondieron a este diario colaboradores de la senadora del FpV.
“El actual sistema de prepagas es sustentable sólo a base de la expulsión. Los contratos presentan condiciones abusivas. Este proyecto de ley, que fue aprobado por unanimidad en Diputados, no hace más que dejar por escrito las obligaciones actuales de las empresas. No sé por qué todavía no se trató en Senadores”, señaló a Página/12 Roberto Zorzoli, especialista en temas de defensa del consumidor y asesor en la redacción del proyecto.
La reunión con los asesores de Giri les sirvió a las prepagas para continuar con su lobby. “De sancionarse este proyecto, las empresas van a desaparecer. Los senadores lo vieron y por eso frenaron la ley”, dramatizó a este diario un dirigente de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (Cimara), a la que están asociadas Medicus, Galeno, Mapfre y Swiss Medical, entre otras. Desde el sector empresario dejan traslucir cierta tranquilidad por la impasse en que cayó el proyecto de ley. Por eso están evitando realizar cualquier manifestación pública sobre el proyecto.
Las empresas de medicina prepaga pretenden recibir este año un aumento del 30 por ciento para el valor de sus cuotas. Justifican estos incrementos en el alto costo salarial que tienen. Sin embargo, ésa es sólo una versión de la historia. “No hay un correlato entre los aumentos que reciben las prepagas con lo que se traslada a los prestadores médicos”, manifestó el año pasado la Confederación Odontológica de la República Argentina, en una reunión de la comisión de Salud de la Cámara baja, días antes del tratamiento del proyecto en el recinto. Parte del problema está en que las compañías no transparentan los costos. Por eso, los prestadores pequeños y medianos prefieren que exista una legislación que regule al sector.
“Los aumentos recurrentes y sin justificación demuestran que es necesario regular el servicio de la medicina prepaga. La salud no puede considerarse como una mercancía”, aseveró a Página/12 Patricia Vaca Narvaja, vicepresidenta de la Cámara de Diputados y una de las impulsoras del proyecto, junto con la ex legisladora Graciela Rosso.
El año pasado, el proyecto pudo tratarse en Diputados porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y la ministra de Salud, Graciela Ocaña, le dieron el impulso político necesario. Pero luego las urgencias políticas y parlamentarias pasaron por la movilidad jubilatoria, la expropiación de Aerolíneas Argentinas y la nacionalización de los fondos de las ex AFJP. Después de la media sanción del proyecto para regular las prepagas, ni siquiera la oposición hizo el ruido suficiente para su tratamiento, a pesar de que en Diputados había sido aprobado por unanimidad.
Mientras tanto, el lobby de las prepagas estuvo (y está) centrado en los siguientes puntos: que les dejen aumentar las cuotas libremente, que se permita el derecho de admisión, y que cualquier requisito que se establezca en la nueva legislación tenga contemplado el mecanismo financiero para implementarlo. Es decir, las prepagas quieren que les aseguren la financiación, antes de implementar cualquier modificación regulatoria. Por eso, el punto más resistido es el que impide a las compañías recibir aportes de la Administración de Programas Especiales.
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