La AFIP detectó una red de estudios que “fabricaban” facturas truchas y luego las vendían a grandes empresas para evadir.
El subcomisario Dante Papanisse, frente a una firma allanada.
La División Defraudaciones y Estafas participó con 300 policías.
Más de 90 allanamientos se realizaron ayer a grandes empresas en el ámbito de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, originados en una denuncia de la AFIP por evasión y asociación ilícita. Más de 60 empresas y 12 estudios contables fueron “visitados” por inspectores tributarios, policías de la División Defraudaciones y Estafas de la Federal y oficiales de la Justicia, tras una investigación de varios meses que permitió detectar una organización dedicada a la falsificación de facturas para ser descontadas en las liquidaciones de IVA e imputadas como gastos en el impuesto a las ganancias. Fuentes del organismo fiscal evaluaron que la evasión vinculada con estos hechos podría alcanzar entre 15 y 20 millones de pesos.
El operativo, del que participaron unos 500 inspectores y 300 policías, fue ordenado por el juez en lo penal económico Bernardo Vidal Durán a partir de una denuncia de la AFIP y la Unidad de Fiscales para la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufidtco). Los allanamientos tuvieron lugar en entidades financieras y empresas vinculadas con los rubros telefonía, casinos y entretenimientos, construcción, alimentación, radiodifusión, recolección de residuos, clínicas y supermercados. Sólo trascendieron dos nombres entre las firmas allanadas: Banco de Valores SA, en el centro, y la radio Rock & Pop, en el barrio de Colegiales.
Según describieron fuentes oficiales ligadas a la investigación, un grupo de 12 estudios contables actuaban como “usinas” de la facturación apócrifa, que habrían sido utilizadas en el IVA como crédito fiscal, para pagar menos impuestos. “El negocio consistía en armar sociedades para hacerlas facturar, sin empleados, con un domicilio falso, con socios insolventes que en muchos casos no tenían conocimiento de que figuraban como dueños de una empresa”, describió la fuente consultada.
Por instrucción judicial, la División Defraudaciones y Estafas de la Policía comenzó un seguimiento de las operaciones de las empresas sospechadas, mediante escuchas telefónicas y tareas de inteligencia, detectando así a los posibles implicados. “Todos los allanamientos resultaron exitosos, en el sentido de que se pudo ingresar e incautar documentación: ahora viene el trabajo de ‘hormiga’ de encontrar la que efectivamente sirve para comprobar los hechos denunciados”, señaló la misma fuente. Otro especialista del sector privado señaló que la participación de grandes estudios contables era imprescindible para concretar la maniobra, “no sólo para crear las empresas truchas, sino porque además no se puede armar todo el circuito sin un buen asesoramiento técnico”.
En principio, la denuncia abarcó a “quince empresas ficticias, constituidas por testaferros, insolventes o personas no localizables con domicilios falsos”, sin personal registrado. Dichas empresas fantasma “facturaron servicios inexistentes a más de 90 empresas, algunas de primer nivel, por más de 30 millones de pesos”, según informó la AFIP. “Las empresas usuarias que recibieron esas facturas falsas las emplearon para abultar créditos fiscales y simular gastos; de esta manera, al incorporar esas facturas apócrifas a sus respectivas contabilidades evadían IVA y Ganancias”, agrega la información oficial. La estimación que hizo pública el organismo fiscal es que el fraude rondaría los 8 millones de pesos, aunque fuentes de la investigación no descartan que esa cifra alcance los 20 millones, a partir de otras empresas que surgen vinculadas, de acuerdo con la detección de los hechos.
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