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En el sector industrial empiezan a surgir debates sobre definiciones que habían quedado pendientes antes de las elecciones del domingo pasado y que el resultado del escrutinio no llegó a resolver. Frente a la postura “dura” en contra de cualquier tipo de intervención regulatoria del Gobierno expresada por las cúpulas industriales, un sector de la mediana empresa ha salido a reclamar un debate amplio sobre el modelo industrial y una acción del Estado que contemple “la regulación a grandes empresas extranjeras y compañías oligopólicas de capital nacional”. A diferencia de los grupos económicos concentrados y las entidades que los representan, demandan políticas diferenciales en favor de las pymes y un “incremento en los márgenes efectivos de protección” para sectores de importancia estratégica, en vez de megadevaluaciones o transferencias directas y sin contraprestación del Estado hacia los grupos dominantes. Un trabajo titulado “Diagnóstico y propuestas para un desarrollo estratégico de la industria de bienes de capital en la Argentina”, preparado por la cámara que agrupa a las empresas del sector –Cipibic–, señala estos y otros puntos para forzar, según expresan, “una necesaria discusión política e ideológica en Argentina” acerca de su política de industria y desarrollo. Durante la campaña electoral, el núcleo más concentrado de la cúpula empresaria jugó un rol protagónico en la oposición al Gobierno, siguiendo la línea dibujada sobre el mapa político por la Mesa de Enlace rural un año antes. El oficialismo, sin embargo, no logró instalar la diferenciación entre los modelos económicos en pugna como eje de discusión, pero tampoco logró que los sectores representados por un modelo económico de inclusión social se involucraran en la pelea electoral. Un aspecto clave que explica esta ausencia es no haber logrado dar participación a los sectores económicos más afectados por la concentración industrial, comercial y financiera de los ’90 (pymes e industria local enfrentada a grupos dominantes) en el debate sobre el diseño de una política que transformara esas condiciones estructurales.
Un documento elaborado por la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (Cipibic) propone “una serie de ejes argumentativos para confrontar con sectores que, con amplio consenso social, plantean que la mejor opción para la Argentina pasa por consolidar un perfil de especialización productivo-industrial estrechamente ligado al procesamiento de recursos básicos, derivados de los sectores agropecuario, hidrocarburíferos y minero”. Es decir, señala, “la preservación y la potenciación del statu quo productivo resultante del largo período de vigencia del neoliberalismo extremo en nuestro país (1976-2001)”.
También señala que, en muchos aspectos, estos factores se mantuvieron vigentes en “la trayectoria de la economía y la industria doméstica en el escenario de la posconvertibilidad”, período en el que incluyen al gobierno de Néstor Kirchner. En tal sentido, critica las posturas que tienden al fortalecimiento del “reducido universo de actividades consideradas eficientes dados sus costos de producción, y por esa vía a los grandes capitalistas que las controlan”.
Esos preceptos básicos derivaron, según la Cipibic, “en un acentuado repliegue de la estructura fabril hacia actividades ligadas con la explotación de recursos naturales y la producción de commodities, y el desmantelamiento de las manufacturas de mayor complejidad y densidad tecnológica, en particular las relacionadas con la fabricación nacional de bienes de capital”.
Dadas las condiciones previas, señala el provocativo estudio empresario, “no resulta casual que la señalada reestructuración regresiva del sector fabril doméstico se haya dado de la mano de una fenomenal concentración y centralización del capital, que se refleja en la consolidación de un puñado de grandes empresas y grupos económicos, mayoritariamente de capital extranjero, y un marcado retroceso del segmento de las pymes”. A juicio de los autores del estudio, ello tuvo repercusiones negativas sobre el mercado laboral, la distribución del ingreso y la configuración regional de la producción industrial.
Lo curioso es que a esos resultados negativos se haya llegado a través de un proceso de expansión de la economía (de 2002 a 2008) sin precedentes históricos. El documento de Cipibic da su interpretación del fenómeno. Admite que en los últimos años se ha verificado un crecimiento en los niveles productivos y ocupacionales, pero al mismo tiempo se ha dejado de lado una integración industrial que permitiera difundir las ventajas comparativas de unos pocos segmentos de actividad. Mientras se verifica el dinamismo de aquellos sectores vinculados con la explotación de recursos básicos (minerales y agropecuarios, como siderurgia y aceites, por ejemplo), se observa el retroceso de actividades con un elevado grado de desarrollo tecnológico (industria de bienes de capital y de procesos). Una característica adicional es que los primeros, los sectores dinámicos, operan en mercados altamente concentrados.
Tal desintegración y “simplificación productiva” consolidó la dependencia tecnológica y la vigencia de una matriz productiva desintegrada. El efecto fue que, a medida que crecía el sector vinculado a la explotación de recursos básicos, aumentara la importación de insumos, maquinaria y equipo de producción. Pese al perfil y orientación claramente exportadores de los grupos concentrados que controlan aquellos sectores, la industria pasó a ser crecientemente deficitaria en el comercio exterior sectorial.
En tanto esos grupos concentrados son visualizados como los “generadores de divisas para el país”, advierte Cipibic, logran una proyección política que pesa sobre el conjunto de la sociedad. Se trata, principalmente, de cerealeras, aceiteras, productoras de alimentos envasados y petroleras. “Este lugar les otorga un determinante poder de veto sobre la orientación de las políticas públicas y, más en general, el funcionamiento del aparato estatal”, define el trabajo.
Advierte el documento que “la vigencia de un tipo de cambio real competitivo y estable puede ser un aliciente necesario para la expansión de las actividades fabriles, pero es claramente insuficiente si a lo que se aspira es a contar con un sistema industrial integrado”. En cambio, una política que aliente “alternativas de reindustrialización” y difusión de los beneficios de los que se apropian hoy los sectores concentrados debería contemplar, entre otros puntos, la regulación del Estado sobre empresas extranjeras que predominan en el sector industrial local y “de muchas compañías oligopólicas de capital nacional que tienen una lógica de acumulación que es asimilable a aquéllas”.
En sus conclusiones finales, el documento de la cámara de la industria de bienes de capital sostiene que “recolocar al país en un sendero de desarrollo económico y social, es decir, de reindustrialización y redistribución del ingreso no podrá ser obra del mercado, sino que se requiere una intervención estatal decidida, sostenida y flexible (...). Sin duda, esto implicaría enfrentar a importantes segmentos de la sociedad (empresarios industriales, entre ellos). Sin embargo, las dificultades no serían más serias ni más riesgosas que las que se desprenderían de no hacerlo o de llevar a cabo una estrategia de conciliación de intereses inadecuada, inconveniente en tanto profundizaría aun más el subdesarrollo nacional”.
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