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Los economistas profesionales que gustan mostrarse racionales y portadores de una seguridad envidiable para defender pronósticos fallidos enarbolan el latiguillo de “la consistencia” para evaluar una determinada política económica. En esa línea, deberían dar cuenta de la (in)consistencia de la evaluación que existe sobre lo que está pasando con los precios, los supuestos controles oficiales y el índice minorista de inflación publicado por el Indec. Hay algo en ese cuadro de situación que no cierra en el discurso dominante, que se instala con facilidad en el sentido común. Analistas que expresan la opinión de los grandes productores de bienes de consumo hablan de un control absoluto de precios por parte de la Secretaría de Comercio Interior, comandada por Guillermo Moreno. Esas crónicas informan de abusos y maltratos detallando que sólo se autorizan alzas de precios previa justificación de incremento de costos por parte del fabricante. Esas subas van del 3 al 8 por ciento dependiendo de si se trata de bienes masivos, selectivos o gourmet. Precisan, además, que esos ajustes son aplicados en las diversas cadenas de comercialización también previa autorización oficial. Si así fuera, la evolución de los precios sería bastante cercana a lo publicado por el Indec. Pero los índices del organismo público son cuestionados y no son tomados en cuenta por la mayoría, porque no son creíbles debido a los cambios realizados en la gestión y la elaboración de estadísticas. En cambio, son fiables los indicadores realizados por consultoras privadas que detectan su-bas persistentes en los precios de bienes básicos de la canasta familiar, que supuestamente están bajo un “control absoluto” de Comercio Interior. Una parte de esta ecuación no es consistente, como dirían economistas de la city que se jactan de saber hacer cuentas.
Las opciones que se presentan para revelar la incógnita Moreno de la inconsistencia de “controles absolutos” y “firmes aumentos de precios” serían las siguientes:
El secretario de Comercio Interior está haciendo bien su trabajo de funcionario encargado de disciplinar a los eslabones concentrados de la cadena de producción y comercialización de productos masivos.
El Indec está capturando con fidelidad la evolución de precios de esa cesta de bienes claves para la mayoría de la población.
Los grandes productores y cadenas de venta minorista cumplen con la formalidad burocrática de presentar las planillas en Comercio Interior, pero luego hacen lo que quieren con sus respectivas listas de precios.
Los relevamientos privados detectan esos “verdaderos” ajustes al alza de los precios y no los que figuran en acuerdos oficiales definidos con Moreno.
La mayoría se inclinaría a pensar que las alternativas 3 y 4 son las más probables. Las dos primeras tienen pocos adeptos en el mundo de los economistas heterodoxos, incluso en niveles jerárquicos dentro del Gobierno. Pero si así está planteado el panorama, el desplazamiento de Guillermo Moreno debería ser resistido por las grandes empresas, con el apoyo de los voceros de la corriente conservadora, para poder seguir así preservando sus privilegios. En cambio, ese funcionario ha sido defendido con fervor por la máxima conducción de la administración kirchnerista. Hay un sinsentido en esta polémica y en la historia mediática creada alrededor de la figura de Moreno, que requiere de un análisis más profundo que el debate sobre buenos modales.
Un aspecto esencial se refiere al rol del Estado en la economía. Pero también a la destrucción en la década de los noventa de la estructura técnica para el seguimiento de precios. Desde 2003 se instaló con fuerza el discurso de la necesidad de la recuperación del Estado como protagonista fundamental para tratar de armonizar las tensiones económico-sociales. Esta ha sido una de las virtudes políticas de ese proceso, batallando contra una corriente dominante que considera que el Estado es un escollo para el desarrollo nacional. Ese avance conceptual ha encontrado sus propios límites en la incapacidad de reconstruir una estructura institucional que exceda la gestión de un funcionario. Esa organización pública debería servir para formar cuadros técnicos capacitados para ofrecer información útil para facilitar la intervención con eficacia en la economía conociendo las estructuras de costos y los márgenes en cada uno de los eslabones productivos. La transparencia y publicidad de esa tarea se presentan como una herramienta importante para acumular legitimidad en esa imprescindible intervención para preservar el poder adquisitivo de los sectores vulnerables.
La gestión de Moreno ha logrado la convergencia de cuestionamientos provenientes de esos dos flancos políticos. La corporación privatista lo detesta por ser un símbolo del intento de recuperar el Estado como árbitro en un mercado desbalanceado. Pese a que, en la práctica, su esquema de control de precios se ha convertido en un colador. Además, grupos concentrados no deberían tener muchos motivos de queja porque su injerencia ha facilitado la aprobación de fusiones que consolidaron la posición dominante de empresas en mercados sensibles (servicios de televisión por cable, cerveza, supermercados), allanado el camino para alzas de precios con prepotencia oligopólica. Por otro lado, economistas heterodoxos y grupos políticos a favor de la intervención estatal consideran que su trabajo no merece una buena calificación y que su gestión sólo ha desprestigiado la idea de un Estado activo. Además lo critican por no haberse preocupado por construir un eficaz organismo de fiscalización del mercado que no dependa de la presencia de una sola persona. Moreno, que extendió su influencia a diversas áreas como si fuese capaz para participar en todo, ha preferido negociar con los eslabones más concentrados apostando de ese modo a que podía mantener en línea los precios. Los casos más emblemáticos son la carne y la leche: esa forma de intervención sólo terminó perjudicando al productor primario (pequeños tambero y ganadero) y al consumidor final, facilitando que pocas y poderosas empresas (usinas lácteas, grandes frigoríficos y cadenas de comercialización) sean las principales beneficiarias de ese tipo de política pública.
A esta altura, luego del saldo de las últimas elecciones, la evaluación técnica del trabajo de Moreno ha quedado en un segundo plano y se ha convertido en un factor político. El Gobierno se ha resistido a despedirlo por temor al destino del seguimiento de precios basado en una estructura personalista, asumiendo así más costos que beneficios, tanto políticos como de gestión. En tanto, a la oposición no se le presenta mejor escenario que la permanencia de Moreno en su cargo debido a que le permite una fácil tarea de erosión del oficialismo. Esta puede ser una clave para empezar a develar la incógnita Moreno.
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