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La tasa de informalidad de la economía es de 36,2 por ciento en el segundo trimestre del año, según el Indec. Es un porcentaje elevado. Pero ese nivel es ampliamente superado en el medio rural donde el trabajo en negro se ubica entre 70 y 80 por ciento en algunas producciones, según un estudio del Ministerio de Trabajo. Las últimas fiscalizaciones realizadas por la cartera laboral a las que tuvo acceso Página/12 detectaron que en promedio el 60 por ciento de los peones rurales se encuentra en situación irregular. Para la AFIP, en cambio, la informalidad trepa al 70 por ciento. Las estimaciones varían según la fuente y el tipo de relevamiento, pero todas dejan en evidencia que pese a la bonanza de los últimos años se mantiene la precariedad de las condiciones de trabajo en el agro.
A la informalidad por la ausencia de aportes jubilatorios, se suman el bajo nivel ingresos, la inestabilidad laboral y la alta tasa de accidentes que registra el sector. Las formas indirectas de contratación acentúan la fragilidad de los trabajadores rurales. Según el último Censo Agropecuario, la actividad emplea alrededor de un millón de personas. De ese total más de la mitad son asalariados, el 10 por ciento empleadores y el 25 por ciento son trabajadores por cuenta propia. La industria de la madera y el empleo doméstico son los otros dos grupos donde la tasa de informalidad supera considerablemente a la media nacional.
En lo que va del año, el Ministerio de Trabajo detectó un 59 por ciento de irregularidad promedio en el empleo rural. Los relevamientos se concentraron en algunas economías regionales, como el tabaco en Misiones donde se registró un 60 por ciento de trabajo en negro. En la cartera laboral estiman que la informalidad ronda el 80 por ciento, pero explican que durante las fiscalizaciones no se detectan todos los casos por las dificultades que existen para realizar las inspecciones, ya que muchas veces los empleadores “esconden” a los trabajadores.
En Santiago del Estero el 51 por ciento de los empleados se encontraba en situación irregular. En los alrededores de la ciudad de Mendoza la informalidad llega hasta el 60 por ciento, mientras que en San Rafael asciende al 80 por ciento. En Trabajo explican que la informalidad es mayor en la cosecha que en la siembra. Esta última actividad maneja tiempos más previsibles que los de la cosecha.
Según señaló a Página/12 el subsecretario de Fiscalización, Guillermo Alonso Navone, “el objetivo del ministerio es ir quitando excusas para que los empleadores no blanqueen”. En ese sentido una de las herramientas que están impulsando en conjunto con algunos ministerios provinciales son los convenios de corresponsabilidad entre sindicatos y cámaras. Por su parte, la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, destacó la relevancia de las fiscalizaciones “en un sector como el rural donde el trabajo no registrado es tan elevado, para generar una política de cumplimiento que redunde en dotar de plenos derechos a los trabajadores y generar reglas claras para los empleadores”. En los próximos meses los inspectores se concentrarán en la frutihorticultura, principalmente cereza y frambuesa, en Río Negro y Neuquén. También recorrerán producciones citrícolas (naranja y mandarina) en Corrientes, algodoneras en Chaco, Corrientes y Santa Fe.
En una conferencia realizada recientemente el especialista del Ceil-Piette, Guillermo Neiman, advirtió que “la informalidad es claramente mayoritaria en el caso del sector primario; es una condicion histórica. Algunos de los procesos han ido modificando la situación, exacerbando las condiciones y en otros casos resultando en mejoras relativas. Pero de ninguna manera cambió el escenario de informalidad”. El sociólogo rural sostuvo que aunque mejoren los indicadores de trabajo no registrado, la inestabilidad, la falta de sistemas de protección social y la brecha de las remuneraciones con otras ramas de actividad mantienen una tendencia creciente.
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