“La salud tiene problemas estructurales”

El titular del PAMI, Luciano Di Césare, afirma que el organismo mejoró sustancialmente sus prestaciones, pero que se encuentra con el obstáculo de problemas estructurales en el sistema de salud. En una entrevista con Página/12 sostiene que “a raíz de la federalización de la salud pública en los ’90, faltan, entre otras cosas, camas para terapia intensiva. Y lo peor es que el protocolo dice que, en caso de tener que elegir, tienen prioridad las personas con casos agudos, recuperables. Esto muchas veces priva de una cama a una persona mayor”. El funcionario defendió la política de la institución de mantener un importante nivel de reservas monetarias por si el país sufre algún tipo de retracción económica. Y salió al cruce de quienes critican la inversión de fondos de los jubilados para que el Gobierno pague deuda pública.

–¿Por qué el PAMI financia al Tesoro Nacional comprando Letras?

–El PAMI, por reglamento, sólo puede invertir en el Banco Nación y en títulos públicos. La garantía que dan las Letras del Tesoro y los plazos fijos del Banco de la Nación, en la práctica, es la misma: es riesgo-Estado. El Nación, en donde colocamos el 80 por ciento de los 6700 millones de pesos de reservas, nos paga una tasa de interés promedio del 8,5 por ciento anual. Por las Letras del Tesoro que acabamos de comprar recibimos un 14,5 por ciento anual. Es obvio por qué las compramos. De todas maneras, preferimos tener la mayor parte del dinero en plazos fijos, porque van venciendo todas las semanas y eso nos permite cubrir cualquier bache que pueda generarse.

–¿Cómo repercutió la crisis económica, con la consiguiente caída del empleo, en los ingresos del PAMI?

–Nuestra recaudación depende en un 75 por ciento de los ingresos de la actividad económica (el empleo) y 25 por ciento de los aportes de sus beneficiarios (los jubilados). Cualquier variación en la actividad económica nos perjudica. Pero como veníamos operando con superávit, no llegamos a tener saldo negativo. En la actualidad, mantenemos el superávit y tenemos reservas suficientes como para asegurar la operatividad más allá de avatares económicos coyunturales.

–¿Cuántas reservas contabilizan?

–Aproximadamente 6700 millones de pesos. Esta suma cubriría cinco meses en un eventual escenario de ingresos cero, situación imposible y que no ha ocurrido nunca en el PAMI. ¿Cómo llegamos a tener superávit operativo? Con buena administración de los recursos. Incorporamos casi 1,2 millón de beneficiarios. El tema es que hasta el 2004 esta institución tenía 72 empresas que le daban servicios y eran 12 personas reales. Y ahora tenemos más de 15 mil efectores, con los que trabajamos de forma directa, sin intermediarios.

–¿Cuál es el nivel de reservas adecuado?

–El actual.

–Si ya cuentan con el nivel de reservas adecuado y siguen teniendo superávit, ¿por qué no aumentan las prestaciones?

–Estamos dando más. Hasta 2005, 9000 beneficiarios recibían medicamentos en forma gratuita. Ahora superamos los 620.000 y aumentamos 10 puntos la cobertura. Los que tienen dificultad en conseguir el medicamento pueden, por la resolución 337, adquirirlos en forma gratuita.

–¿No hay forma de gastar el superávit? ¿Significa que los afiliados al PAMI tienen un 100 por ciento de satisfacción con sus prestaciones?

–No, pero estamos muy bien. En el 2004 teníamos una estimación de uso de servicios por parte de nuestros beneficiarios del 33 por ciento; ahora es del 82 por ciento. Tenemos dificultades porque estructuralmente el sistema de salud en Argentina tiene grandes problemas. Uno de los grandes déficit es la capacitación de los recursos humanos. El PAMI beca enfermeras para su capacitación.

–¿Cuál es la relación de calidad de prestación entre la atención del PAMI, las obras sociales y las prepagas?

–Una de las diferencias es que nosotros tenemos inconvenientes en la calidad hotelera del segundo nivel de atención. De la internación por patología aguda; no de alta complejidad. Una neumonía, por ejemplo. Tenemos dificultades porque contabilizamos 4,2 millones de beneficiarios que cubrirían prácticamente toda la capacidad instalada del país. Si no tuviéramos sistemas de control y contención en el primer nivel de atención a través de actividades que los mantienen sanos o con mejor calidad de vida, no alcanzarían las camas.

–¿Qué tarea hacen para prevenir?

–Primero, la provisión de medicamentos previene internaciones. Antes los pacientes se complicaban con mayor frecuencia porque no tenían dinero para la pastilla de la presión. La intención de este Gobierno es aumentar el nivel de ingresos de los jubilados: el PAMI invierte 780 millones de pesos por año para dar 45 pesos mensuales que se suman al haber de 1,5 millón de beneficiarios. Además, a 620.000 personas les cubrimos todos sus gastos en medicamentos, que equivale a no menos de 150 pesos per cápita.

–Los medicamentos son muy caros para un jubilado, aun con descuento. ¿Se podría destinar el superávit a aumentar el porcentaje de cobertura de medicamentos?

–No, la cobertura promedio general es del 72 por ciento. Sin considerar los 620 mil gratuitos. Para el resto, los descuentos van del 40 al 100 por ciento.

–Entonces, ¿qué destino tendrá el superávit?

–Si vemos encuestas de satisfacción, en el 2004, el acceso al medicamento era la primera demanda; ahora se ubica en el puesto 17. La primera demanda es la consulta al especialista, no del clínico común. Hay una queja generalizada porque los turnos a especialistas pueden tardar 30 días. Y la segunda es la internación del segundo nivel. Las camas para las patologías: una neumonía, una fractura de cadera. Esto pasa porque existe un déficit de la estructura.

–¿Hay que construir más hospitales?

–Indudablemente. El PAMI no construye; financia la construcción, tarea que está haciendo. A veces las ambulancias están con un paciente grave y no hay una cama en extensas áreas de terapia intensiva, con el agravante de que como las camas son tan escasas, la indicación para ingresar a un paciente a terapia intensiva es que debe ser agudo y recuperable. Las camas son escasas porque no da la estructura, porque el sistema de salud pública tuvo una descentralización a las provincias o municipios sin presupuesto suficiente. Y esto lo sufrimos igual que cualquiera porque es estructural, lo sufren todos los argentinos. Nosotros ya habilitamos dos hospitales: el de Ituzaingo y el de Echeverría. También otro en Abra Pampa, Jujuy, que es de adobe con chapa de cinc. Tenemos en ese hospital 1962 beneficiarios y atiende a 12.000 personas.

–Si para las camas de terapia intensiva se priorizan los casos agudos y recuperables y son muy escasas, muchos ancianos pueden morir por esa causa.

–Esto es parte de la crueldad del sistema. Es muy duro.

–Entonces existe una buena razón para, en vez de ahorrar, invertir en más camas de terapia intensiva.

–Las dos cosas son importantes. Hay que tener reservas para mantener el servicio en momentos de crisis y hay que comenzar a construir hospitales. Y ya lo estamos haciendo. El tema es que el PAMI no financia hospitales que sean exclusivamente para beneficiarios, porque la responsabilidad de un gobierno es cuidar a toda la población. La obligación es cuidar a todos los que aportan. Al 75 por ciento que aporta, que es miembro de la comunidad trabajadora, y al 25 por ciento que estoy obligado a asistir. Todos tienen derechos. El PAMI podría hacer 5 o 6 hospitales especializados en gerontología y no se solucionará el problema a los beneficiarios por algo sencillo: porque el PAMI tiene 4,2 millones de beneficiarios dispersos. Si estuvieran todos juntos, se construyen diez hospitales y listo. Pero están dispersos en todo el territorio.

–Con la salida de los intermediarios se evitó la corrupción estructural. ¿Qué tipo de corrupción existe ahora?

–Siempre estamos a la pesquisa de pequeños fraudes. Casos en que algunas firmas y sellos de médicos son falsificados. Por ejemplo, a un jubilado de 76 años le recetaban 42 cajas de viagra por mes. Llevamos un registro y cuando algo se dispara, actuamos. Tuvimos casos de insulinas en no diabéticos, por ejemplo. Hacemos la denuncia y se investiga. En muchos casos no es el médico. Generalmente, hay alguna connivencia con algún empleado del PAMI que les dan recetarios. Los que lo hacen tienen el dato del beneficiario y falsifican la receta. Van a una farmacia, que muchas veces también forma parte de la estafa, y lo compran.

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