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La suerte de TGN se definirá en la Justicia, que tendrá que resolver si homologa el reciente acuerdo de reestructuración de deuda que la privatizada controlada por Techint alcanzó con la mayoría de los acreedores. La negativa de otros, Anses entre ellos, impide eludir los tribunales para reformular la deuda defolteada en diciembre y que derivó en la intervención del Estado. La negativa del organismo oficial está basada en la misma idea dominante en los despachos oficiales: en las actuales condiciones de operación, esa compañía energética tendrá muchas dificultades para honrar sus obligaciones.
Transportadora de Gas del Norte envió ayer a la Bolsa de Comercio y a la CNV una notificación sobre el resultado de la asamblea de acreedores, que desarrolló el miércoles. El 87,95 por ciento de los presentes (que, a su vez, representaban poco más del 72 por ciento del universo de tenedores de obligaciones negociables) avalaron la oferta de la compañía.
En resumen, ésta ofrece a los tenedores de deuda realizar un pago en efectivo con una quita del 60 por ciento o una refinanciación con pagos a siete años y una tasa que oscila entre 6,5 y 8,0 por ciento anual. Este esquema supuso una mejora importante respecto de la oferta que la empresa había formulado en abril y que implicaba una quita del 75 por ciento para la opción de pago al contado y plazos más largos y tasas más bajas para quienes optaran por la otra vía. Anses, que tiene poco más del 7 por ciento de las obligaciones en su poder, había aceptado esa propuesta, pero por expreso mandato del Ministerio de Planificación modificó ese criterio.
Apareció un factor que resultó decisivo en ese cambio de opinión. El interventor designado por el Estado, cuyas atribuciones se limitan a auditar, elevó al Enargas un informe advirtiendo que la oferta de reestructuración de deuda no es sustentable, por lo menos con el actual esquema de tarifas. TGN tiene sus precios congelados y contratos de exportación caídos, con demandas judiciales en su contra por ese motivo. Dos cuestiones que no podrá superar en el corto plazo. Ese análisis de Roberto Pons fue tomado por la Comisión Nacional de Valores y remitido al juez que entiende en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial, con el añadido de que existe información “asimétrica” entre los acreedores, lo que podría inducir a algunos tenedores a aceptar una propuesta de TGN que en rigor no es sostenible.
La Anses no estuvo sola en esa negativa. La mutual de los trabajadores, Sancor Seguros y Prevención ART también se opusieron. De no existir esta negativa, TGN hubiese tenido allanado el camino para cerrar un acuerdo general fuera del APE, una instancia previa al concurso de acreedores y que las empresas prefieren reservar para situaciones extremas. Ahora, será el Juzgado Comercial Nº 2 el que decidirá si el acuerdo arribado con la mayoría de acreedores se homologa y, en este caso, si se impone al resto. O si lo rechaza. Mientras, Pons continúa con su tarea teniendo en cuenta que su auditoría fue prorrogada hasta fines de noviembre.
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