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Esta semana, posiblemente hoy mismo, el Poder Ejecutivo ingresará al Congreso el proyecto que solicita la reapertura temporal del canje de deuda en mora tras el default de diciembre de 2001. El propósito es formular un nuevo canje de títulos a los bonistas que rechazaron la permuta ofrecida en 2004/2005, los denominados “holdouts”, y que mantienen papeles de deuda por un valor aproximado a los 20 mil millones de dólares. Simultáneamente, el Gobierno presentará ante las principales bolsas de valores internacionales los nuevos bonos que ofrecerá en canje, buscando su aprobación. Una misión de funcionarios de la cartera económica visitará, en los próximos días, a las autoridades de los entes de control de los centros bursátiles de Estados Unidos, Italia, Alemania y Japón, en torno a los cuales se supone que está concentrada una amplia mayoría de los tenedores de títulos de la deuda en default no canjeados.
El canje de 2005, que permitió a Argentina salir de la mayor moratoria contemporánea, declarada en 2001 por 90.000 millones de dólares, fue aceptado por 76,15% de los acreedores, pese a que imponía una importante quita del valor nominal. En el Palacio de Hacienda estiman que en los próximos diez días quedaría definido el cronograma de reuniones en el exterior, presentaciones de la oferta y eventuales encuentros con bonistas.
En la entrevista con Página/12, publicada el último sábado, el ministro Amado Boudou señaló que se estaba “pensando en llevar adelante alguna propuesta segmentada, donde sean los propios tenedores de deuda quienes se seleccionen para ir a una u otra”. La intención es ofrecer una alternativa más atractiva para bonistas individuales de Italia o Alemania, y no quedar atados a los reclamos o presiones de los capitales especulativos conocidos como “fondos buitre”.
La reapertura del canje de deuda debería habilitarse mediante una modificación a la llamada Ley Cerrojo. Ayer, en declaraciones radiales, el jefe del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, precisó que el proyecto declara “la suspensión por el término de un año de los efectos de la ley cerrojo para permitir la reapertura del canje”. La “Ley Cerrojo” fue sancionada el 9 de febrero de 2005 –antes de que cerrara el canje de ese año– para inducir a una mayor aceptación de los bonistas al impedir al gobierno nacional reabrir la operación. El proyecto que el Ejecutivo enviará esta semana al Congreso explicitará que el nuevo canje de deuda deberá concretarse con una mejora en términos financieros para el país respecto de la operación que se llevó a cabo en 2005. Es decir, debería resultar menos ventajosa para los bonistas que adhieran ahora respecto de los que aceptaron sumarse en 2005. Esa mejora para el país debe incluir una quita igual o superior al 65 por ciento, que fue la pérdida que sufrieron los bonistas entre los títulos que recibieron en 2005, por su valor presente, y el que hubieran cobrado a la misma fecha por los “defolteados”, de haberse reconocido sus condiciones originales (vencimiento e intereses).
Boudou anticipó que confía en conseguir la adhesión mayoritaria de bonistas institucionales (bancos, principalmente) e individuales que compraron “de buena fe” los títulos. Los fondos buitre o especulativos, dijo, lo tiene sin cuidado.
La expectativa es que un arreglo sobre una buena porción de la deuda pendiente de reestructurar abrirá las puertas de acceso al crédito a empresas privadas e instituciones financieras argentinas, lo que a su vez volcaría una mayor disponibilidad de crédito para el mercado interno. Y más barato. En particular, se espera una ampliación en la oferta de crédito hipotecario, apalancado en disponibilidad de fondos externos.
El Gobierno firmó la semana pasada una “Carta Mandato” con tres bancos internacionales (Barclays, Citi y Deutsche), los que elevaron una propuesta de colocación de los nuevos títulos, asegurando contar con la anuencia de al menos tenedores de 10 mil millones de dólares en títulos en default. En base a ello, propusieron dar un crédito en fondos frescos por el 10 por ciento de lo colocado en nuevos títulos: es decir, por un mínimo de 1000 millones de dólares.
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