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El canje está en etapa de diseño, pero en el Ministerio de Economía quieren terminar con todo el proceso antes de fin de año. Aunque no se conocen las condiciones de la operación, en Hacienda estiman que la nueva emisión de deuda podría generar una carga anual de 500 millones de dólares en concepto de servicios durante los próximos ejercicios. Para estimarlo suponen un nivel de aceptación muy elevado –en torno del 85 por ciento– y la suscripción de un título similar al de 2005 por un monto que oscilará entre los 6 mil y 9 mil millones de dólares. El Ejecutivo no descarta ofrecer títulos que ajusten por CER como se hizo hace cuatro años y asegura que los bonistas se harán cargo de las comisiones de los bancos que organizan la operación. El proyecto recibirá tratamiento legislativo la próxima semana.
El ministro de Economía, Amado Boudou, visitó ayer la Cámara de Diputados para explicar la medida acompañado de su secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino. El oficialismo asegura que existe consenso entre los bloques, si bien diputados como Carlos Raimundi (SI) y Claudio Lozano (Proyecto Sur) cuestionaron la decisión del Gobierno. El ministro sostuvo que el objetivo es bajar el costo del financiamiento externo e interno para el sector privado a través de señales al mercado. “No estamos buscando una solución fiscal, las finanzas públicas no lo requieren”, aseguró Boudou. Varios especialistas heterodoxos advierten que existen otras herramientas del Estado para bajar las tasas y lograr redireccionar el crédito hacia los sectores productivos.
Boudou dividió a los holdouts en tres segmentos: los bonistas individuales, los institucionales y los fondos buitre. El secretario de Finanzas apuntó que entre esos grupos existen juicios por una cifra que ronda entre 4 mil y 5 mil millones de dólares. La mitad estaría en manos de fondos buitre que continuarán por esa vía. Lorenzino explicó que aquellos que acepten esta propuesta deben renunciar a toda acción judicial que hayan iniciado por el cese de pagos de esos títulos públicos y remarcó que esos bonistas no podrán recibir un trato diferencial.
“Es difícil determinar quiénes son los titulares de los bonos, ya que en los últimos años muchos cambiaron de manos desde los bonistas individuales hacia tenedores institucionales”, explican en Economía. Los tres bancos que acercaron la propuesta –Barclays, Deutsche y Citibank– garantizan la participación de la mitad de los que rechazaron la oferta de 2005 y el Gobierno aspira a superar el 60 por ciento de los 29 mil millones en default –20 mil millones de capital y 7 mil millones de intereses–. El Barclays encabeza la propuesta para reconectar al país con el golpeado y muy líquido sistema financiero internacional.
Para lograr ese objetivo, Boudou confirmó que los funcionarios de la cartera realizarán una gira (road show) buscando interesar a los minoristas y fondos de inversión. Esos bonistas poseen cerca de 7500 millones de dólares. El recorrido para seducir holdouts pasará por Europa, principalmente Italia y Alemania, y Japón. Allí se encuentran la mayoría de los tenedores individuales. También visitarán los principales centros financieros, Londres y Nueva York. “Para los viajes que encabezará el secretario de Finanzas falta un tiempo, todavía estamos en la etapa de diseño. Tenemos que esperar la suspensión del cerrojo y que los organismos reguladores de los distintos países acepten la propuesta”, apuntaron. El proceso ya se inició y puede llegar a demorar unos 30 días.
Boudou y Lorenzino aseguraron repetidas veces que “la oferta será necesariamente peor que la realizada en 2005, eso está en la ley”. Según explican en Economía, cualquier proceso que se inicie vinculado con los bonos que participaron de la operación hace cuatro años (reapertura o nueva oferta) debe estar disponible para los bonistas que entraron en el primer canje. No es que puedan duplicar sus tenencias sino que, si deciden participar ahora, deberán devolver sus bonos y los intereses que cobraron a cambio del nuevo papel. Por eso afirman que “si el Estado hace una oferta mejor todos van a querer participar, sería una locura”.
Los fondos de inversión y bancos que participen del canje deberán aceptar una quita superior al 65 por ciento para recibir el nuevo bono. Pero obtendrán una ganancia con la diferencia entre el valor que pagaron para hacerse de esos papeles y el que el Gobierno fije para canjearlos. El Ejecutivo no descarta que los tres bancos involucrados posean ellos mismos títulos en default.
Entre las cuestiones que restan por definir está el lugar del pago. Para evitar juicios y embargos de los fondos buitre, el Gobierno podría decidir que sea dentro del territorio nacional. Tampoco descartan ofrecer deuda que ajuste por CER. Los funcionarios que trabajan en la sintonía fina del proyecto sostienen que el Estado no pagará comisiones, que correrán por cuenta de los bonistas. En 2005 ese “costo” rondó los 200 millones de dólares. El Estado sí se hará cargo de algunos costos administrativos de los bancos como los abogados.
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