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En medio de los preparativos del viaje que la presidenta Cristina Kirchner iniciará hoy a Chile, en la Cancillería argentina seguían ayer con ojo atento la evolución del conflicto comercial con Brasil, que tuvo su pico de tensión el martes, cuando citaron al embajador en Buenos Aires, Mauro Viera, para plantearle un reclamo formal. Según la visión del Palacio San Martín, la decisión brasileña de detener sin previo aviso camiones con productos argentinos en la frontera se debía al inicio de la época electoral en el país vecino y el consiguiente endurecimiento de “la línea San Pablo” en Itamaraty, en referencia a los funcionarios que responden a los intereses de los poderosos industriales paulistas. Recordaban que el candidato que marcha al frente en los sondeos, José Serra, es justamente el gobernador de San Pablo.
En el gobierno argentino reconocían que Brasil atravesaba algunos problemas comerciales. Por ejemplo, que sus exportaciones a Argentina habían caído más que las argentinas a Brasil y que, en general, se le venían presentando serios inconvenientes debido a la pérdida de competitividad del real. Con todo, no aceptan el reclamo acerca de que esos productos que Argentina dejó de comprar a Brasil los reemplazó con exportaciones chinas. “No nos parece que sea así”, deslizaban.
Lo que ven es que por culpa del real caro Brasil está sufriendo la “reprimarización” de sus exportaciones –con ventas cada vez más centradas en materias primas y productos con poco valor agregado–, una situación que tiene a los industriales paulistas al borde de un ataque de nervios. Eso habría derivado en una pérdida relativa de fuerza de la línea de funcionarios del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva más proclives al Mercosur, como son el canciller Celso Amorim o el asesor Marco Aurelio García, y el endurecimiento de los sectores conservadores, tradicionalmente enemigos de la alianza continental. A propósito, Lula ayer volvió a bregar porque el Senado de su país apruebe algún día la incorporación de Venezuela al Mercosur, algo a lo que los legisladores de derecha se vienen oponiendo sistemáticamente.
Esta situación –aseguran– fue la que derivó en la sorpresiva determinación de sancionar a la Argentina con la detención de camiones en los pasos fronterizos como respuesta a las “licencias no automáticas” que venía aplicando el país a productos brasileños como calzados y textiles. En la Cancillería argentina marcaban las diferencias entre la forma en que se tomó una medida y la otra. Argentina cumplió con el requerimiento de anunciar su decisión con 21 días de anticipación y publicarlo en el Boletín Oficial. Brasil no sólo no lo anticipó, sino que la lotería de los camiones argentinos que se penalizaban o no dependía de un misterioso listado que manejaban los agentes fronterizos.
En ese sentido, también marcaban diferencias en cuanto a los objetivos elegidos. Así, Argentina retuvo productos industriales que no sufren daño por permanecer algún tiempo a resguardo, mientras que Brasil eligió en muchos casos productos perecederos. Otro dato era que también afectaban productos regionales, sabiendo que pueden resultar vitales para muchas economías provinciales. El daño fue resaltado ayer por el secretario de Industria, Eduardo Bianchi (ver recuadro).
En la Cancillería le ponían un límite a la resolución del conflicto: el 18 de noviembre está prevista una reunión entre Cristina Kirchner y Lula, en el marco del trato de integración que existe entre ambos países. Hasta ese día no descartaban viajes o nuevas reuniones de ministros, pero les resultaba imposible que los presidentes se encontraran sin antes tener solucionado el entuerto. “Aunque sea el 17 a la noche o el mismo 18 a la mañana, este tema tiene que estar solucionado”, indicaban en el Palacio San Martín.
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