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El presidente de Telecom Italia, Franco Bernabé, rechazó ayer el pedido formulado por el Gobierno para que la empresa cumpla con el cronograma de desinversión fijado por la Comisión de Defensa de la Competencia. “No se puede forzar a los accionistas de una empresa a hacer algo que entra en conflicto con sus intereses”, aseguró. El empresario sostuvo además que no está preocupado porque “hasta ahora los tribunales nos han dado la razón”, en referencia al fallo judicial que el viernes suspendió la vigencia del cronograma, motivando la reacción oficial. La otra novedad la aportó el Parlamento Europeo, donde cuatro eurodiputados italianos le enviaron un escrito a la Comisión Europea donde la interrogan sobre “cómo pretende proteger las inversiones de una empresa europea, que desde hace años está presente en el mercado argentino, del clima de intimidación e ilegalidad de las autoridades de Buenos Aires”.
Bernabé dejó en claro ayer que la empresa no está dispuesta a respetar el plazo del 25 de febrero fijado por la comisión antimonopolio para concretar la venta de sus acciones de Telecom Argentina. Cuando llegue esa fecha, entrará en vigencia el segundo período de desinversión por otros seis meses, pero en ese caso la CNDC tendrá un papel predominante en la venta. El cronograma fue suspendido por la Justicia, aunque el Gobierno ya apeló y el ministro de Planificación, Julio De Vido, adelantó el lunes que además contemplan la posibilidad de enviar al Parlamento un proyecto de ley para quitarle la concesión a la firma. Esa jugada podría derivar en una estatización de la firma que cuenta con el respaldo de los sindicatos. El lunes se pronunció a favor de la iniciativa Foetra Buenos Aires y ayer hizo lo propio la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones (Foeesitra)
Telecom Italia no se quedó atrás y también logró adhesiones. Cuatro diputados italianos del Parlamento Comunitario salieron ayer a respaldar el accionar de la compañía anticipándose a lo que podría venir. Los conservadores Gabriele Albertini y Mario Mauro y los socialistas Gianni Pittella y David Sassolin remitieron una pregunta escrita al Ejecutivo comunitario donde le piden que se defina sobre el tema. Además de la interrogación, los eurodiputados escribieron una carta al presidente de la comisión, el portugués José Manuel Barroso, y a los otros comisarios competentes para tratar de captar su atención.
La disputa por el control de la compañía comenzó en abril de 2007, cuando Telefónica de España acordó su ingreso en Telecom Italia y, de manera indirecta, en Telecom Argentina, su principal competidor en el país. La operación se concretó en octubre de ese año, pero las empresas intervinientes se negaron a notificar los cambios accionarios ante la CNDC, argumentando que la transacción no constituía una concentración económica y que, por lo tanto, no estaba alcanzada por el régimen de control previo de fusiones y adquisiciones. Ese rechazo forzó a la autoridad regulatoria a iniciar una investigación de oficio de donde surgió que sí tenían que hacerlo. La decisión se informó el 9 de enero de 2009 y el 27 de agosto se conoció el dictamen final que obliga a Telecom Italia a vender su filial. Los italianos apelaron esa decisión ante la Justicia, pero al mismo tiempo le confirieron mandato al Crédit Suisse para analizar la existencia de inversores interesados en la compra de sus acciones. El listado incluye a Eduardo Eurnekian, el Grupo Clarín, Telmex e IRSA, entre otros.
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