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La autoridad regulatoria del mercado gasífero, el Enargas, dispuso ayer la intervención por 120 días de la distribuidora Metrogas, tras conocerse que la prestadora solicitó su concurso preventivo de acreedores por no poder hacer frente a los compromisos financieros que vencen en el corriente mes. “La sociedad –dice una nota emitida por la firma Metrogas–- no ha podido generar fondos líquidos suficientes para afrontar vencimientos inminentes de su deuda financiera”, que a lo largo de junio suman 20 millones de dólares. En la misma nota, la empresa se queja de tener “sus tarifas congeladas desde hace once años, pese a haber suscripto un acuerdo transitorio”. En un comunicado posterior, el Ministerio de Planificación negó dicho acuerdo y respondió a Metrogas que la causa de la cesación de pagos no son “las tarifas congeladas”, sino el endeudamiento en dólares que arrastra desde fines de la década del ’90. La intervención busca garantizar la normal prestación del servicio en el área de distribución correspondiente (dos millones de clientes en Capital y oeste y sur del Gran Buenos Aires) y reestructurar la deuda a través del concurso de acreedores. Fuentes oficiales aseguran que no hay intención de reestatizar la compañía. La continuidad del accionista principal y operador, BG Group (ex British Gas), sin embargo, fue puesta en duda por allegados a la propia compañía.
Al describir los pasos que la llevaron a tomar la decisión de pedir la convocatoria de acreedores, Metrogas expuso ayer, en nota a la Bolsa de Comercio, que “la búsqueda de alternativas para el refinanciamiento de la deuda no resultó exitosa (...). La sociedad no ha podido generar fondos líquidos suficientes para afrontar vencimientos inminentes de su deuda financiera, ni el pago de determinadas obligaciones comerciales e impositivas”. Tal situación llevó al directorio a resolver ayer la convocatoria de acreedores, medida que, sin embargo, “no compromete” el servicio de distribución de gas, asegura.
La empresa que gestiona Metrogas es BG Group, una derivación de la anterior British Gas, de origen británico como esta última. Es titular del 55 por ciento del capital accionario de Gas Argentino, la sociedad concesionaria. Su socio minoritario es YPF SA, con el restante 45 por ciento. Ayer, voceros de esta última aclararon que no tienen ninguna vinculación con la gestión de Metrogas y adelantaron que, en los próximos días, se resolverán “las acciones a seguir” para preservar el valor de los activos (participación accionaria) pertenecientes a la petrolera.
Tal como recordaron ayer el Enargas y el Ministerio de Planificación, BG mantiene abierta la demanda entablada contra el Estado nacional ante el Ciadi, tribunal internacional dependiente del Banco Mundial, reclamando una indemnización de 200 millones de dólares por el cambio de condiciones contractuales a partir de la salida de la convertibilidad. “La actual situación tarifaria de Metrogas es de exclusiva responsabilidad de dicha empresa, ya que su accionista mayoritario y operador técnico nunca desistió ni suspendió la demanda, entorpeciendo el normal desarrollo del proceso de renegociación”, apunta el Enargas en su comunicado. La cartera de Planificación, por su lado, se refirió al mismo tema señalando “la sistemática y obstinada negativa de la empresa a renunciar a la demanda”, y recordó que, “por principio, el gobierno argentino no negocia bajo ninguna presión”.
El Enargas puntualizó, además, que “desde el inicio de sus operaciones (1993), Metrogas incrementó sistemáticamente su exposición financiera durante cada uno de los ejercicios económicos, privilegiando endeudarse en lugar de utilizar los recursos generados por la propia empresa”. Es decir, giraba ganancias al exterior –en favor de sus accionistas– y pagaba honorarios por operación a la misma accionista principal, mientras que sus necesidades de fondos de operación los obtenía por préstamos externos. Mientras tanto, el gobierno menemista miraba para otro lado.
La relación entre las autoridades de Metrogas y el gobierno argentino viene en franco deterioro desde hace años. En diversas oportunidades, Metrogas había esgrimido el peligro de cesación de pago para presionar sobre un aumento de tarifas que nunca se concretó. La sangre nunca llegó al río, pero esta vez la cosa se plantea distinto. La presentación a concurso de Metrogas era esperada desde hacía por lo menos una semana. Un alto directivo de BG estuvo en Buenos Aires en los primeros días de junio y allí se habría transmitido la decisión de la firma británica de “no hacer más esfuerzos” para sostener la situación. En ese momento, en el Gobierno se empezó a trazar la estrategia de contención a la situación que desataría el default.
“La intervención tendrá como objetivo la reestructuración de la deuda y se extenderá hasta que haya concluido satisfactoriamente”, informó ayer el comunicado de Planificación. A diferencia de la intervención en TGN (transportista de gas, con Techint como accionista principal) ante un caso similar de cesación de pagos, esta vez no hay coadministración con el concesionario. La voluntad de BG de seguir al frente de Metrogas no está clara. Hay versiones que indican que varios fondos buitre han “comprado deuda” de Metrogas a bancos extranjeros con la intención de controlar la asamblea de acreedores. Pero también circuló que empresarios del sector adquirieron obligaciones negociables (deuda) de Metrogas, apuntando a una participación protagónica en la misma asamblea. En este caso, no para especular con sacar diferencia de los papeles de deuda, sino para acceder al control de la empresa si BG abandona. Fuentes oficiales aseguran que no hay intención de reestatizar la distribuidora, pero no verían con malos ojos el desembarco de empresarios locales con voluntad de operar y gestionar la empresa gasífera en reemplazo del actual responsable.
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