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Producción: Tomás Lukin
Por Carlos Bianco *
Luego de que el último 17 de mayo los presidentes pro témpore del Mercosur, Cristina Fernández, y de la Unión Europea (UE), José Luis Rodríguez Zapatero, retomaran las negociaciones para la celebración de un acuerdo de asociación entre ambos bloques, en los próximos días tendrá lugar una ronda de negociaciones Mercosur-UE con el objetivo de instalar de manera formal una mesa de negociación y definir mecanismos de trabajo. El objetivo último es la concreción de un acuerdo de asociación compuesto de tres grandes capítulos de orden distinto: I) político, de modo de institucionalizar las instancias de diálogo que actualmente funcionan de manera voluntaria, II) de cooperación, que si bien ya está en vigor, funciona fuera de un acuerdo marco general, y III) comercial, con la idea crear un tratado de libre comercio (TLC).
En relación con este último aspecto, se especula con liberalizar el 90 por ciento del comercio interbloque a través de la disminución de las barreras comerciales existentes en un período de diez años. Las principales demandas de los países del Mercosur se concentran en torno de la liberalización de los mercados agropecuarios y agroindustriales europeos, protegidos con altos aranceles, por múltiples medidas de carácter paraarancelario y por fuertes subsidios a la producción local. Por el lado europeo, los reclamos se refieren a una mayor apertura comercial en los sectores industriales, en general, y del complejo automotriz, en particular. Asimismo, los países de la UE estarían también interesados en la inclusión de otras disciplinas, tales como servicios, compras gubernamentales, propiedad intelectual e inversiones.
Si bien en la actualidad el principal escollo a la celebración del acuerdo se trata de la fuerte resistencia europea a la apertura de sus mercados agropecuarios y alimentarios –en particular, de países como Francia, Irlanda, Rumania y Polonia, cuya producción de alimentos representa parte importante de su actividad económica–, los principales perjudicados con la firma del acuerdo serán los países del Mercosur, probablemente, a excepción de Brasil, que cuenta con una estructura industrial mucho más desarrollada, competitiva y consolidada. Para el resto de los países del bloque, la celebración del acuerdo implicaría una significativamente mayor exposición a la competencia de los productos industriales provenientes el Viejo Continente, con su consiguiente impacto sobre el patrón de especialización productiva y comercial.
En este sentido, la constitución de un acuerdo de libre comercio con un socio de semejante escala y nivel de desarrollo, determinará para el comercio interbloque una especialización comercial de tipo Norte-Sur, tal como lo predicen los modelos tradicionales de comercio internacional, en donde los productores europeos pasarán a abastecer a los países del Mercosur de bienes industriales intensivos en capital y conocimiento, al tiempo que estos últimos proveerán a aquellos de alimentos, materias primas y algunos bienes industriales intensivos en mano de obra. De esta forma, al asegurarse una especialización productiva basada en ventajas competitivas de carácter estático y al limitarse aún más las posibilidades de hacer uso de la política comercial e industrial, se estará virtualmente cerrando la posibilidad de verdadero desarrollo para los países del bloque; es decir, de un desarrollo vinculado con la industrialización, con todos los efectos benéficos que ello implica en términos de creación de empleo, desarrollo tecnológico y fortalecimiento del mercado interno.
En este contexto, el gobierno nacional se comporta de manera contradictoria y desconcertante. Por un lado, el discurso oficial sobre el modelo productivo a seguir tiene que ver con el fortalecimiento de la industria, en el marco de una mayor integración latinoamericana. Por el otro, ha sido el mismo Gobierno el que, aprovechando la presidencia pro témpore del Mercosur, ha relanzado las negociaciones para la celebración del acuerdo con la UE, bajo el argumento de que de esa forma se generarán externalidades positivas, inversiones y un mayor clima de negocios sobre el aparato productivo local. Ante las indefiniciones del Gobierno sobre un modelo de desarrollo –que se explicita en la falta de políticas definidas, más allá de lo meramente retórico–, la intención de firmar un TLC con la UE parecería tratarse de una señal hacia la consolidación de un tipo de especialización productiva en donde Argentina terminará funcionando como proveedor internacional de materias primas, alimentos y manufacturas de origen agropecuario. Al parecer, tendremos que esperar a que los campesinos franceses, irlandeses, polacos y rumanos, con su férrea resistencia a la liberalización del sector agropecuario europeo, nos ayuden a levantar nuestro propio bastión en favor de la industrialización.
* Investigador UNQ/Cenda.
Por Marcelo Saguier *
La UE y el Mercosur reanudan las negociaciones para un acuerdo de asociación tras su estancamiento en 2004. Además de crisis financiera internacional, el contexto actual está signado por los crecientes cuestionamientos al impacto de las empresas transnacionales (ET) por su falta de respeto a los derechos socio-ambientales y humanos. Botnia es un caso testigo de esto. Los acuerdos comerciales muchas veces tienen motivaciones relacionadas con el acceso a los recursos naturales. La perspectiva de un acuerdo interregional plantea interrogantes sobre el tipo de modelo de desarrollo al que aspiramos desde el Mercosur, así como su relación con los derechos económicos, sociales y culturales de sus pueblos.
Los vínculos entre acuerdos comerciales, ET y derechos humanos se han instalado como un tema ineludible en las dinámicas de relacionamiento entre América latina y los países industrializados. La ratificación parlamentaria de los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por Colombia con los Estados Unidos y con Canadá no encuentra apoyo político a causa de los numerosos asesinatos a dirigentes sociales, desplazamientos forzosos de comunidades e impactos ambientales en ese país con la supuesta complicidad de ET. Luego de dos años de intensos debates el parlamento canadiense viene de ratificar el cuestionado TLC, con una enmienda que incorpora un controversial mecanismo de evaluación de impactos en los derechos humanos, laborales y ambientales. La ratificación del acuerdo plurilateral recientemente firmado entre la UE, Colombia y Perú pone en el escenario regional otro foco de conflictos.
El proceso UE-Mercosur no es ajeno a estos desarrollos. Muchas de las ET europeas con inversiones en los países del bloque sudamericano están siendo interpeladas públicamente por complicidad en violaciones a derechos humanos y ambientales por una coalición de organizaciones sociales latinoamericanas y europeas, en coincidencia con eurodiputados que impulsan en el Parlamento europeo a una agenda de regulación para las inversiones europeas en el exterior.
Los conflictos e impactos socio-ambientales suscitados en torno de la finlandesa Botnia en el río Uruguay son demás evidencia de la necesidad de establecer criterios comunes sobre estándares, regulaciones y políticas a nivel del Mercosur para determinar tratamiento de las inversiones extranjeras directas, de acuerdo con pautas de sostenibilidad socio-ambiental y equilibrio regional. Un acuerdo con la UE que no contemple esto afectaría no sólo las condiciones de desarrollo sostenible en nuestra región, sino también las perspectivas de profundizar un proceso de integración sudamericano.
Como parte del proceso político de asociación, el Mercosur y la UE tienen la oportunidad de instaurar mecanismos institucionales que obliguen a las ET a someterse a las normas internacionales. Los códigos OIT y las directrices OCDE para empresas multinacionales pueden tomarse como referencia para aumentar la responsabilidad legal directa de las empresas matrices por acciones, así como las de sus respectivas empresas proveedoras y contratistas, en cualquiera de los países comprendidos por un eventual acuerdo. Asimismo, la obligatoriedad de la presentación de informes, como un derecho a la información pública, acerca de los impactos socio-ambientales de las empresas.
Para esto es central el liderazgo de la política estatal coordinada con nuestros socios regionales, y en consulta con organizaciones sindicales, ambientales y sociales que representen a los potenciales damnificados por los efectos negativos que puedan tener las inversiones. La agenda de Responsabilidad Social Empresaria promovida por las ET no plantea una alternativa que pueda prescindir de las funciones regulatorias del Estado. El carácter voluntario de la RSE como modelo de autorregulación constituye su principal limitación.
Estos temas son parte un nueva generación de política internacional que expresa la búsqueda de formas de intervención pública para gobernar procesos productivos transnacionales en economías interdependientes. Evidencia de ello es la iniciativa de alto perfil que impulsa John Ruggie, representante especial del secretario general de la ONU, para generar consensos básicos intersectoriales en la definición de un marco global que delimite claramente las responsabilidades y obligaciones jurídicas de las empresas con los derechos humanos.
Lo que está en juego con un acuerdo de asociación UE-Mercosur es el riesgo de que se establezca un “régimen de impunidad” que habilite a que las ganancias de las ET con inversiones en ambos bloques se hagan a costa de violaciones de derechos básicos de las poblaciones. En la globalización neoliberal los principales violadores de derechos humanos son las empresas transnacionales.
* Profesor de estudios internacionales-Investigador Conicet/Flacso
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