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Producción: Tomás Lukin
Por Fernando Groisman *
La recuperación económica que exhibió Argentina reconoce en el aumento del empleo y en los incrementos salariales dos de sus pilares fundamentales. A su vez, ambos factores constituyeron los mecanismos principales para el logro de mejoras en las condiciones de vida de la población. Habiendo transcurrido varios años desde el cambio del régimen macroeconómico es oportuno revisar algunos aspectos del mercado laboral que son de utilidad para caracterizar el panorama social vigente en nuestro país. En particular, es un ejercicio interesante excluir del análisis al período 2002-2003 que comprende la etapa de salida respecto del piso que significó la crisis de 2001 en Argentina. Vale recordar que el PIB en el primer trimestre de 2004 se ubicó levemente por debajo del valor que exhibió a comienzos de 2001 (previo a la abrupta caída posterior). Mediante este recorte temporal es posible focalizar la atención en los cambios acaecidos en la sociedad argentina una vez alcanzado cierto umbral de crecimiento.
Entre 2004 y 2009 –primeros trimestres de cada año– el volumen de ocupación creció 14,9 por ciento frente a un aumento del 7,5 por ciento en la oferta de trabajo (es decir el conjunto de ocupados y desocupados). Este ritmo en la generación de empleo es el que explica la progresiva reducción de la tasa de desocupación durante el período. Una segunda característica a resaltar es la fuerte escalada que experimentó el empleo registrado en la seguridad social. En efecto, estos puestos de trabajo –representan empleos de mejor calidad– se incrementaron 44,1 por ciento alcanzando a sectores sociales tradicionalmente postergados, mientras que en el mismo período los trabajadores en puestos no registrados en la seguridad social crecieron un 6,8 por ciento. Entre otros factores, seguramente influyó en este resultado la sanción de un nuevo régimen laboral en 2004 que retomó gran parte de los principios protectorios del trabajo, que habían sido derogados por las sucesivas reformas a la Ley de Contrato de Trabajo de 1974.
Es ampliamente reconocido que el acceso a un puesto de trabajo registrado en la seguridad social modifica sustancialmente la situación social de las personas. En efecto, cuando en aquellos hogares que obtienen la totalidad de sus ingresos de ocupaciones precarias alguno de sus integrantes accede a un puesto de trabajo registrado, las condiciones de vida de esa familia mejoran notablemente. No sólo porque las remuneraciones son superiores –la brecha puede estimarse en torno de un 45 por ciento–, sino porque le otorga a ese hogar un flujo estable de ingresos que reduce sensiblemente la inseguridad económica que suele afectar a estas familias. Una manera directa de visualizar la magnitud de este fenómeno es contabilizando a la población perteneciente a aquellos hogares que dependen centralmente de los ingresos laborales de sus miembros pero en los que, no obstante, no hay trabajadores en puestos registrados. Puede constatarse que en 2004 el 36 por ciento de la población calificaba en esa condición y que esa cifra se redujo al 26 por ciento en 2009.
La mejora ha sido muy marcada, sin embargo, cabe también interrogarse acerca de las causas de la persistencia de un sector de la población que no ha podido escapar de la precariedad ocupacional. Algunas pistas para entender el fenómeno son que en la mayoría de estas familias el nivel educativo de los adultos es bajo (no han finalizado los estudios secundarios), la proporción de ocupados es también reducida y alrededor del 60 por ciento de estos últimos se desempeñan en sectores en los que la no registración es muy alta: construcción, servicio doméstico y comercio. Hay que tener en cuenta que el empleo no registrado en el servicio doméstico trepa a cerca del 90 por ciento, es del 60 por ciento en la construcción y de 45 por ciento en comercio.
Este cuadro de situación impone la necesidad de intensificar el esfuerzo tendiente a mejorar la calidad de las ocupaciones. Es alentador, por ejemplo, el proyecto de reforma al régimen de trabajo de servicio doméstico anunciado a comienzos del corriente año. Asimismo, la baja tasa de actividad en los hogares más pobres sugiere la necesidad de instrumentar mecanismos que faciliten la incorporación plena de los miembros adultos de estos hogares al mercado de trabajo. En esta línea son adecuadas todas aquellas medidas dirigidas a la mejora en las competencias laborales, el aumento de la oferta de centros de cuidado infantil así como las políticas de estímulo a la instalación de unidades económicas productivas en zonas segregadas espacialmente, entre otras. Cabe resaltar también que las políticas de transferencia de ingresos, como la Asignación Universal por Hijo, son mecanismos idóneos y necesarios para sostener los niveles de bienestar y reducir la incertidumbre económica de aquellos hogares privados de empleos de buena calidad.
* Investigador del Conicet y UBA.
Por Emiliano López * y Lisandro Fernández **
Desde la crisis de la convertibilidad, la economía argentina ha mostrado una senda de crecimiento económico sostenido. La crisis de las economías del centro no parece haber impactado significativamente en la evolución del producto. La devaluación del peso y el tipo de cambio competitivo –que implicaron la redistribución de ingresos a favor del capital– pusieron fin a los años de recesión dando comienzo a un ciclo de valorización del capital exitoso. Un crecimiento acumulado el PBI del 68 por ciento desde 2002 hasta el cuarto trimestre de 2009, una balanza comercial superavitaria y la fortaleza de las cuentas fiscales son algunas de las características de la nueva modalidad de desarrollo capitalista en Argentina. La pregunta que se nos plantea aquí es cuáles han sido los efectos de este nuevo escenario macroeconómico sobre los niveles de empleo y si es suficiente con el crecimiento económico para mejorar la inclusión social.
En primer lugar, el nivel de empleo creció entre 2002-2008 un 25 por ciento. Si comparamos los períodos de expansión de la convertibilidad y de la posconvertibilidad, es claro que el incremento del empleo total luego durante la posconvertibilidad es sustancialmente superior. Entre 1995 y 1998 –período de mayor crecimiento de los noventa– el aumento del número de trabajadores empleados no superó el 10 por ciento. No obstante, el crecimiento económico no asegura por sí solo creación suficiente de puestos de trabajo. El aumento del empleo asalariado en relación con el incremento del PBI se hizo cada vez menor entre 2003-2009. Así, las tasas de desempleo no lograron reducirse por debajo del 8 por ciento de la población trabajadora.
Si nos quedamos con las variables macroeconómicas, olvidamos que el modelo actual presenta características que arrastra de la década pasada y que reflejan importantes barreras a la solución de fondo a los problemas estructurales del desarrollo del país. Los recortes a las contribuciones patronales que redujeron el costo salarial –sobre todo para el gran capital– y la flexibilización laboral que introdujo la informalidad y precarización del empleo a través de la tercerización, subcontratación del personal o la deslocalización de tareas, continúan operando en la realidad más de allá las reformas de la legislación laboral implementadas por el Estado desde 2003.
La precariedad e informalidad laboral se han impuesto como un rasgo distintivo del proceso de acumulación en la economía argentina y constituyen una estrategia del gran capital para abaratar el costo laboral, lo cual permite mejorar su competitividad. Datos recientes indican que, si bien el “empleo en negro” viene descendiendo desde el pico de 2002, todavía tenemos niveles similares a los de la década pasada. Hacia fines de 2009 el 36 por ciento de los asalariados no poseía descuento jubilatorio. Estos números resultan más preocupantes si consideramos únicamente los trabajadores del sector privado: un 45 por ciento se encuentra hoy en esta condición de contratación precaria. Por supuesto, esta situación tiene impactos a nivel de los ingresos de los trabajadores. Aun reconociendo el avance que significa la reapertura de las paritarias y negociaciones colectivas, las diferencias salariales entre trabajadores formales, no formales y del sector público son significativas. En efecto, los salarios reales del sector privado registrado se ubican un 12 por ciento encima del nivel de 2001 y este crecimiento es superior a los incrementos que recibieron los trabajadores no registrados y los del sector público, cuyos aumentos fueron inferiores en 16 y 36 por ciento, respectivamente.
La virtuosa dinámica del producto y sus impactos sobre el empleo no han logrado revertir la precariedad e informalidad laboral que parecen estar asociadas a la reestructuración capitalista de la economía argentina que vino de la mano del programa neoliberal. Este proceso de reestructuración de actividades productivas –con preponderancia de las industrias extractivas y primarias– y fuertemente marcado por la influencia de los grandes capitales transnacionales, no se ha modificado sustancialmente y es aquí donde deben buscarse las explicaciones de los altos niveles de precariedad laboral, como así también de los límites cíclicos del crecimiento del empleo.
Por supuesto, estos problemas no constituyen límites infranqueables para el accionar estatal. El Estado debe avanzar en modificar este patrón de acumulación, que implica más que el reconocimiento de ingresos universales mínimos –en línea con el Banco Mundial– para los excluidos del empleo formal que no permiten traspasar la barrera de una modalidad de desarrollo capitalista excluyente. En definitiva, las reformas estructurales del neoliberalismo parecen duraderas y es allí donde radican las barreras y los límites de la integración social a través del empleo.
* Economista (UNLP) - Becario del CeilPiette/Conicet.
** Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social.
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