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El sector rural, la industria maderera, el trabajo doméstico y la actividad de la construcción constituyen los principales focos de informalidad laboral del país. Los datos corresponden a las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo durante el primer semestre del año. La cantidad de asalariados no registrados se ubica en el 34,6 por ciento, pero en algunos sectores de la economía la cifra oscila entre el 75 y 85 por ciento.
A pesar de las evidentes mejoras en materia de empleo y legislación laboral registradas desde la crisis de 2001-2002, la precariedad e informalidad representan un problema estructural del mercado de trabajo local. Los ingresos que perciben quienes se desempeñan en esas condiciones son 45 por ciento inferiores a los de aquellos que acceden a empleos formales similares. La brecha se amplía significativamente en sectores como las trabajadoras de casas particulares o el empleo rural. Según los datos de la cartera que encabeza Carlos Tomada, los asalariados de hasta 22 años que no completaron el secundario conforman el grupo más vulnerable a las condiciones de este tipo de puestos de trabajo. La informalidad reduce costos laborales de las empresas y permite sostener elevadas tasas de ganancia. En algunas ramas de actividad, las altas tasas de no registro –junto con otras condiciones precarias de empleo– funcionan como una restricción a la hora de reclamar salarios.
No obstante, se ha observado un importante retroceso desde el pico de 49,9 por ciento alcanzado en 2003, y en el primer trimestre del año el trabajo no registrado se ubicó en el 34,6 por ciento. “El universo de informalidad se redujo 30 por ciento desde 2003. Poco a poco construimos una estructura para fiscalizar y controlar con mayor presencia territorial. Pero todavía resta un amplio grupo. Cuanto más se regulariza la economía clandestina, nos acercamos a un núcleo duro que es más difícil de eliminar”, apuntó a Página/12 el subsecretario de Fiscalización, Guillermo Alonso Navone. El funcionario estimó que en el corto plazo un objetivo plausible es “bajar la informalidad 10 puntos porcentuales más, hasta el 25 por ciento. Esa sería una cifra más aceptable”. Navone resaltó, además, que “de cada cien puestos informales que detectamos, 43 se regularizan antes de llegar a las multas. Nunca antes habíamos superado el 37 por ciento de regularización”. Entre enero y junio se relevaron 208 mil trabajadores y se detectó 34 por ciento de informalidad, en sintonía con el promedio a nivel nacional. La cifra crece en algunos sectores puntuales. En la industria maderera se registró una tasa del 65 por ciento y la construcción evidenció cifras similares en algunas regiones del país como el NOA y NEA. Para los trabajadores de casas particulares, las cifras superan el 80 por ciento, mientras que en 2003 casi la totalidad del conjunto de trabajadores del sector se desempeñaba en condiciones irregulares. La informalidad en restaurantes, lavaderos de autos, locales bailables, gimnasios y espectáculos musicales también se ubicó por encima de la media. “Enviamos a los inspectores a los nichos de informalidad, por eso encontramos niveles tan elevados”, explicó Navone a este diario.
La cartera laboral estima que la informalidad en el empleo rural asciende al 75 por ciento. En algunos casos puntuales, como en el sector de huertas salteñas, las fiscalizaciones detectaron tasas de no registro del 92 por ciento, superando los guarismos observados en años anteriores. Los operativos realizados durante la cosecha de yerba mate y algodón en el NEA encontraron niveles de entre el 45 y 47 por ciento de informalidad. En Mendoza, las inspecciones a viñedos durante la temporada de poda, injerto de frutales y atado de viña mostraron que el 50 por ciento de los asalariados no se encontraba registrado.
Para el especialista del Ceil-Piette Germán Quaranta, “el sector agropecuario argentino se distingue por los altos niveles de precariedad y la baja calidad del empleo, que se reflejan en los bajos salarios, la inestabilidad laboral, el predominio del trabajo no registrado y los altos índices de accidentes de trabajo”. La remuneración promedio del sector se ubica levemente por encima del salario mínimo y es un 60 por ciento inferior a la del promedio de la economía. En este escenario, resalta la relevancia de la propuesta de reforma del Régimen de Trabajo Agrario.
Los operativos de fiscalización realizados en comercios, espectáculos, transporte, empresas de viaje, hoteles, restaurantes y bares durante la temporada de verano que pasó resultaron en tasas de no registro oscilando entre el 31 y 41 por ciento.
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