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La caducidad de la licencia de Fibertel para ofrecer servicios de Internet, anunciada anteayer por el Gobierno, tendrá su debate parlamentario. Para allanar el camino de esa discusión, los diputados del Grupo A –PJ disidente, PRO, UCR, Coalición Cívica, PS y el GEN– realizaron una conferencia de prensa en la cual se mostraron solidarios con la compañía del Grupo Clarín y cuestionaron al Ejecutivo por la decisión tomada. “Esto forma parte de un ataque certero y sistemático contra la libertad de expresión”, afirmó Oscar Aguad (UCR). Por su parte, Pino Solanas, líder de Proyecto Sur, también defendió a la compañía. “No existe libertad si no hay opciones para los consumidores”, manifestó el legislador. El conglomerado opositor presentará un proyecto de ley para intentar derogar la Resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones. Sin embargo, desde el oficialismo relativizaron la posibilidad que tiene el Congreso de derogar una decisión administrativa que le compete “exclusivamente” al Ejecutivo y sobre la cual no pesa ninguna facultad delegada.
“Se trata de un abuso de uno de los poderes del Estado. Seguramente los jueces nacionales actuarán con el fin de restablecer el orden jurídico violado”, manifestó Aguad, durante la conferencia de prensa que se realizó ayer al mediodía en el salón José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados. Los legisladores anunciaron que intentarán revocar la decisión del Ejecutivo a través de un proyecto de ley. De hecho, la cívica Patricia Bullrich adelantó a Página/12 que ya tiene elaborado un predictamen.
“Si una empresa recibe el visto bueno de la Inspección General de Justicia (IGJ) luego de una fusión, como fue el caso de Cablevisión y Fibertel, y a la vez solicita la transferencia de la licencia de telecomunicaciones pero el Estado se demora ocho años en responder, el acto administrativo queda firme de hecho y la compañía está en condiciones de ofrecer sus servicios por la licencia que solicitó”, manifestó Bullrich a este diario. Es decir, la oposición interpreta que el no pronunciamiento del Estado durante ese tiempo sería equivalente a “una aprobación de hecho”. Este será uno de los argumentos que utilizarán a la hora de plantear la derogación de la Resolución 100, que coincide con la posición asumida por la empresa.
En 2003, Cablevisión se fusionó con Fibertel. Si bien la compañía manifestó que en ese momento no se necesitaba realizar una transferencia de licencia, aunque había hecho el pedido formal, la situación cambió cuando decidió disolver la sociedad Fibertel, el 15 de enero de 2009. “El Ejecutivo tardó muchos años en resolver el tema de la licencia y la oposición se acordó tarde de preocuparse por la situación jurídica de los usuarios, sobre todo teniendo en cuenta que la compañía de Internet dejó de existir el año pasado”, indicaron a este diario desde el oficialismo.
Según manifestó Federico Pinedo durante la conferencia de prensa, el plazo de 90 días que otorgó el Gobierno para realizar la migración coincide con el tiempo que demandará la Justicia en expedirse sobre el tema, luego de la medida cautelar presentada por Cablevisión. “Para cuando el prestador se vuelva a hacer cargo del servicio, la empresa ya podría estar vaciada por el señor Moreno, por el señor De Vido y por el señor Kirchner, que se habrán llevado los clientes a otras empresas que sean amigas suyas”, manifestó el diputado, con tono irónico.
Quien también se expresó a favor de la empresa, aunque por fuera de la conferencia de prensa, fue Pino Solanas. El diputado aseguró que los consumidores dejarán de tener libertad “al no contar con opciones para acceder al servicio de Internet”. “Lo que se esconde detrás es otorgarles a los amigos del Gobierno más poder en los medios de comunicación. De esta manera se está conformando otro monopolio, que son las telefónicas”, vaticinó, en una línea conceptual similar a Pinedo y el resto de los opositores del Grupo A.
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