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El Gobierno apelará ante la Corte Suprema los siete fallos adversos que dictó la Cámara de Apelaciones en lo Comercial por el comportamiento de los accionistas privados de Papel Prensa, entre los cuales uno pone fin a la intervención judicial de la empresa. El Ejecutivo presentará un recurso extraordinario ante el máximo tribunal alegando que “está en juego el patrimonio del Estado”, según adelantaron fuentes oficiales a Página/12. El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció ayer la apelación y se mostró muy crítico de los fallos, vinculándolos con “presiones” que ejercerían los grandes medios gráficos propietarios de la compañía, Clarín y La Nación. En ese tono, se volvió a referir a una “Justicia express” y denunció una supuesta maniobra de Clarín para condicionar la decisión de la Corte Suprema en relación a la ley de medios.
Los siete fallos de la Cámara están vinculados con distintos conflictos entre los socios privados de Papel Prensa y el gobierno nacional. Una de las decisiones de los camaristas terminó con la intervención judicial en la empresa, que había solicitado la Comisión Nacional de Valores (CNV) ante diversas irregularidades que encontró en el manejo interno de la compañía, como la aprobación del balance contable con la firma de autoridades que no estaban formalmente designadas, según la versión oficial. En esa ocasión, los accionistas privados de Papel Prensa también habían impedido la asunción de Alberto González Arzac en el Comité de Vigilancia. El pedido de la CNV fue respaldado en marzo pasado por el juez Eduardo Malde y ahora quedó revocado por la decisión de los camaristas José Monti, Alfredo Kölliker Frers y Juan Garibotto, de la Sala C.
“Son siete resoluciones en contra de la CNV en su intento por ocupar en el directorio de Papel Prensa los lugares que le corresponden al Estado”, cuestionó Boudou. “Es lo más oscuro del apriete en la Argentina –se descargó, irritado–. Es parte del lobby que Clarín y La Nación hacen sobre el Poder Judicial, la oposición política y el resto de los empresarios.” Fuentes de la CNV dijeron a este diario que los camaristas “no han dicho una palabra sobre el hecho de que la intervención judicial en Papel Prensa fue decretada como consecuencia de la desobediencia que el directorio de dicha sociedad exhibió durante varios meses a las resoluciones de la CNV, que es el organismo de control externo de ella”. Utilizarán este argumento en la próxima instancia judicial.
Otro duro golpe para el Gobierno fue la remoción que dispuso la Cámara de Apelaciones de Beatriz Paglieri, Pablo Cerioli y Eduardo Gallo como directores por el Estado, ordenando que en su lugar asuman los funcionarios suplentes. En referencia a esta decisión, el Estado apelará que la Cámara dio lugar de forma suspensiva al recurso que interpuso la empresa, “contradiciendo abiertamente la ley de procedimientos administrativos, que en forma expresa dispone el carácter devolutivo –sin efectos suspensivos concretos– de esa apelación”, adelantaron desde la CNV.
En el Gobierno especulaban con un revés en segunda instancia, y parte de la decisión de presentar el informe “Papel Prensa: la verdad” tuvo que ver con anticiparse a esa probable situación –que ahora se confirmó–, que podía generar un escenario desfavorable para la difusión del documento, admitieron fuentes oficiales a este diario. De todos modos, el ministro sostuvo que los fallos de los camaristas impiden que el Estado tenga acceso a la información de la empresa y pueda trabajar sobre un plan de negocios para incrementar la producción de papel celulosa. De las 158 mil toneladas que produce la compañía –precisó Boudou–, 110 mil se destinan a los accionistas principales, Clarín y La Nación, mientras que el total de papel consumido por los diarios de todo el país asciende de 270 mil toneladas, teniendo que importar lo faltante, en muchos casos con fuertes sobreprecios.
La estrategia oficial frente a los fallos será la presentación de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, justificando que la decisión de los camaristas pone en juego al patrimonio del Estado, propietario del 27 por ciento de las acciones de la empresa como socio minoritario. “Lo que hizo la Justicia fue una expropiación de la propiedad estatal. Vulnera la seguridad jurídica de los pequeños inversores que tienen escasa representación en cualquier empresa privada”, disparó. Además, vinculó la decisión judicial con una supuesta presión del Grupo Clarín. “Nosotros solemos lidiar con los fondos buitres en el plano financiero, ahora se les está cayendo la careta a los verdaderos buitres de la Argentina”, completó. En la misma línea, Boudou mostró una nota publicada anteayer en Clarín donde se afirma que la Corte ya tendría los votos necesarios para fallar en contra de la ley de medios. Consideró que “o (Héctor) Magnetto tiene esa información o mafiosamente está intentando condicionar el pensamiento de los jueces de la Corte Suprema”.
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