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Producción: Tomás Lukin
Por Andrés Tavosnanska *
La industria argentina atravesó en la post convertibilidad un período de expansión extraordinario. Tras un cuarto de siglo de desindustrialización (1976-2001), se levantó y prácticamente duplicó su nivel de actividad, creó alrededor de medio millón de puestos de trabajo registrados e incrementó sus exportaciones en más de 30 mil millones de dólares (correspondiendo cerca de la mitad de la suba a las manufacturas de origen industrial); todo en apenas seis años. Cualquiera que se hubiera animado a pronosticar un desempeño remotamente parecido allá por los años 2002-2003, seguramente hubiera sido enviado de urgencia a una institución psiquiátrica. Sin embargo, así ocurrió.
La dinámica de la producción manufacturera tuvo como motor al nuevo modelo macroeconómico surgido de las ruinas del uno a uno, el cual combinó un tipo de cambio real alto, con retenciones crecientes a los principales productos primarios, tasas de interés reales bajas o negativas, tarifas de servicios públicos subsidiadas y una política fiscal y de ingresos expansiva. Este contexto macro le dio a la industria un mercado interno en franca expansión, mientras gozaba al mismo tiempo de costos reducidos. Sin embargo, si algunas de estas condiciones iniciales podrían convertirse en rasgos estructurales del nuevo modelo (como la disminución de la renta financiera), otras difícilmente se repitan: en particular, parece poco probable (y, menos aún, deseable) un retorno al salario de 400 dólares que la industria pagaba en 2002-2003.
¿Puede la industria argentina ser competitiva sin hacerlo a costa de nuevas devaluaciones y caídas del salario real? Los pocos países que lograron emprender procesos de desarrollo productivo sostenidos se apoyaron no sólo en modelos macroeconómicos “prodesarrollo”, sino también en la articulación de un entramado institucional para la promoción industrial que combinó –en distintas dosis– bancas de desarrollo, laboratorios y universidades públicas, empresas estatales y oficinas públicas encargadas de controlar el comercio exterior y la distribución de cuantiosos beneficios fiscales. Estas medidas fueron acompañadas, además, por políticas complementarias de distintas áreas de gobierno, desde la infraestructura hasta la educación básica.
A pesar de que muchos intentan asociar a la promoción industrial con prácticas vetustas que atrasan dos siglos, estas políticas fueron y son aplicadas por numerosos países con marcado éxito. Cabe recordar el rol que el Instituto Nacional de Salud y el Pentágono tuvieron (y tienen) en el desarrollo de las industrias farmacéutica y electrónica en Estados Unidos; el peso del Bndes financiando la transnacionalización de las grandes empresas brasileñas (Vale do Rio Doce, JBS, Petrobras, etc.) o el de Embraer en la industria aeronáutica del mismo país; la influencia de la Fundación Chile y la Corfo en el despegue del salmón chileno; la importancia de la acería Posco en la expansión de la industria metalmecánica coreana o de la burocracia del MITI (Ministerio de Industria y Comercio Internacional de Japón) y en el desenvolvimiento de la industria japonesa.
Nuestro país no estuvo ajeno a este proceso: armó en su momento una compleja red de estímulo a la producción manufacturera que hizo posible que la industria argentina creciera de forma continua durante casi medio siglo de industrialización sustitutiva de importaciones (4 por ciento anual entre 1930 y 1975). Sin embargo, en las décadas siguientes este sistema fue desarticulado, dejando a la industria argentina compitiendo en inferioridad de condiciones, incluso con países vecinos como Brasil y Chile, que no llegaron tan lejos en la destrucción de sus bancos estatales y sus principales empresas públicas.
El futuro de la industria local depende fundamentalmente de que el país pueda reconstruir las capacidades estatales perdidas, ampliando y mejorando la calidad de la intervención pública. No se trata de recuperar las instituciones del siglo pasado, sino de aprender de esa experiencia (y de la internacional) y utilizarla para construir un nuevo sistema de promoción industrial que se adapte a las necesidades y desafíos actuales de la estructura productiva.
La industria argentina mostró en estos años la potencialidad que tiene en rubros tan disímiles como la tecnología nuclear, maquinaria agrícola, instrumental médico, biocombustibles, diseño de indumentaria, software o biotecnología, por sólo nombrar algunos. Dejó en claro también el impresionante impulso que le puede dar un modelo macro orientado hacia la producción. Esperemos que en los próximos años podamos comentar los efectos que tuvieron la implementación del compre nacional, la creación de una banca de desarrollo o las audaces apuestas tecnológicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
* Economista de AEDA.
Por Diego Coatz *
La dinámica económica argentina reciente presenta un conjunto de elementos clave para indagar en forma crítica la implementación de políticas productivas en general e industriales en particular. La instrumentación de un esquema macroeconómico que reorientó los incentivos a favor de la producción y el trabajo derivó en la generación de casi 5 millones y medio de empleos, el récord histórico de inversión sobre producto sobre finales del año 2007 y la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, cimentado tanto por el incremento de la base exportadora como por la ampliación del mercado interno. Todo ello sirve de base a un conjunto de resultados relevantes, aún más a la luz de lo ocurrido en otras economías de la región en un contexto de términos de intercambio favorables. Argentina ha demostrado su gran capacidad de generar riqueza cuando lo que se potencia es el crecimiento. No se trata, sin embargo, de buscar cualquier crecimiento sino uno que genere nuevas oportunidades para los sectores más postergados.
A esta altura, son pocas las voces que cuestionen que el camino al desarrollo se debe erigir integrando las fuerzas productivas, agregando valor a la producción de commodities tanto agropecuarios como industriales, desarrollando proveedores pymes locales con capacidad de innovación y generadores de empleo. Sin embargo, existen todavía dos carriles necesarios y complementarios que se deben recorrer para agilizar la convergencia a estándares de vida similares a los países más prósperos. El primero de los carriles requiere la coordinación de los instrumentos de política –monetaria, cambiaria, comercial, fiscal, de ingresos, entre otras– a fin de garantizar la acumulación de capital reproductivo y desalentar la especulación y las actividades rentísticas.
En este sentido, la competitividad-precio de los bienes transables (que contempla no sólo el tipo de cambio nominal sino la evolución de los costos, aranceles, retenciones, reintegros junto a otros incentivos fiscales de acuerdo a la agregación de valor) resulta clave para el desarrollo de producción interna, tanto para satisfacer la demanda local (sustitución de trabajo importado por trabajo nacional) como para la dinámica de las exportaciones, particularmente de los productos con mayor valor agregado (agropecuarios e industriales) de manera que se garanticen más y mejores puestos de trabajo. Adicionalmente, la política cambiaria debe contribuir a evitar maniobras especulativas.
Sin embargo, esto es condición necesaria pero no suficiente. El segundo carril que requiere un programa de desarrollo es el de repensar las políticas de oferta: una política industrial integral que corrija gradualmente los desequilibrios estructurales de la matriz productiva y reduzca la vulnerabilidad y dependencia del aparato productivo.
No recorrer en forma simultánea estos carriles impediría una diversificación y ampliación de la matriz productiva que permita resolver el problema estructural de nuestro país: la brecha externa. Décadas de retrocesos en la integración de la industria nacional derivaron en un elevado requerimiento tanto de bienes intermedios importados para la producción local como de bienes de capital para la inversión, como así también de bienes con elevado contenido tecnológico.
Los grandes desafíos implican buscar respuestas para algunos de los siguientes interrogantes: ¿cómo se reduce la brecha entre los 699 dólares promedio que reciben los argentinos por cada tonelada exportada y los casi 1800 dólares que pagan por una tonelada importada? ¿Cómo se resuelve el déficit de más de 400 mil puestos de trabajo que deja el intercambio comercial y la alta dependencia de manufacturas de origen industrial (más de 90 por ciento del total importado frente al 30 por ciento del total exportado)? O, en el mismo sentido, ¿cómo se logra avanzar en la agregación de valor a la producción alimentaria (los alimentos elaborados tan sólo representan el 25 por ciento del complejo agrícola y agroindustrial exportador)? En estas respuestas están los ejes centrales que permitirán a la Argentina superar sus limitaciones históricas, no para tan sólo aumentar su generación de divisas sino para comenzar a desandar el camino hacia un desarrollo integrado e incluyente en nuestro país.
* Profesor FCE-UBA. Economista Jefe del Centro de Estudios de la UIA y miembro del Dto. de Estrategia y Planificación de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, Capítulo Buenos Aires.
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