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El Gobierno apeló ayer la cautelar que suspendió la aplicación de la resolución 100, a través de la cual se había declarado la caducidad de la licencia de Fibertel dando 90 días para cambiar de compañía. La presentación se realizó en el Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, a cargo de José Deglague, porque el juez Elvio Bautista Sagarra tomó la resolución y al mismo tiempo se excusó alegando que el tema no era de su competencia. Deglague se limitará a elevar el escrito a la Cámara Federal, instancia donde se deberá resolver la apelación.
Sagarra se expidió aplicando una medida de no innovar, pero en el mismo escrito sostuvo que “las presentes actuaciones deberán continuar su tramitación ante la Justicia Federal de La Plata”. La insólita actitud fue cuestionada incluso por Cristina Fernández de Kirchner. La Presidenta también sembró sospechas porque el expediente no le llegó a Sagarra después de un sorteo, sino porque estaba llevando un expediente caratulado “Asociación de Vendedores Ambulantes de la Provincia de Buenos Aires contra la Municipalidad de La Plata” y el juez admitió la radicación por conexidad por “tratarse de intereses colectivos difusos que se dicen vulnerados”. Luego puso el amparo y se excusó.
El equipo de abogados del Ministerio de Planificación, dependencia que estuvo a cargo de la presentación, argumentó que en el fallo de Sagarra no hay ningún fundamento que acredite que en este momento los usuarios estén siendo perjudicados por la medida ni que haya riesgos en un futuro cercano, porque la resolución 102 protege expresamente sus derechos, dejando en claro que la migración deberá garantizar igual calidad y costo del servicio.
De hecho, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Ernesto Marinelli ayer se manejó con más prudencia y antes de resolver sobre otro pedido de cautelar solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y a Cablevisión que le informen sobre las características del servicio de Internet en la Capital Federal.
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