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Producción: Tomás Lukin
Por Nicolás Diner *
La migración es un derecho humano esencial e inalienable de las personas. Así lo establecen los pactos internacionales, que en nuestro país tienen rango constitucional, y la legislación nacional. Los procesos migratorios, por lo tanto, no deben analizarse desde una perspectiva utilitarista. Sin embargo, en vista a las recientes declaraciones del jefe de Gobierno de la Ciudad y del eco que han tenido en muchos discursos públicos –en los que se caracteriza a la inmigración como una plaga que depreda nuestros recursos, utiliza nuestros hospitales y escuelas sin dar nada a cambio–, y de que la reaparición de este tipo de argumentos xenófobos se fundamenta en cierta lógica económica del sentido común, es que resulta necesario reflexionar sobre algunos aspectos económicos de las migraciones.
En el mundo hay diversos estudios y ejemplos que demuestran que los migrantes no son una carga social para la Nación que los recibe. A modo de ejemplo, en Inglaterra (donde el impacto de las migraciones es mucho mayor que en la Argentina), un estudio producido en el año 2002 por la Home Office (oficina gubernamental encargada, entre otros temas, del control migratorio) demostró que por cada libra que un inmigrante recibe por parte del Estado a lo largo de su vida, ya sea en forma de atención médica, educación, servicios previsionales u otros, éste aporta entre 1,09 y 1,18 libra, según el criterio de cálculo que se utilice. En Australia, estudios realizados en 2008 por una consultora privada arrojaron resultados similares: el impacto fiscal producido por la inmigración en las arcas del Estado es positivo en miles de millones de dólares. En España, el plan de regularización migratoria, impulsado por Zapatero un lustro atrás, permitió equilibrar las cuentas de la seguridad social mediante la incorporación de nuevos aportantes al sistema.
En la Argentina, como en el mundo, los inmigrantes aportan su fuerza de trabajo y contribuyen con sus impuestos al sostenimiento de la sociedad que los recibe. A los inmigrantes que cuentan con trabajos formales se les practican descuentos impositivos y previsionales que representan más del 32 por ciento de sus salarios netos, a lo que se les debe adicionar los aportes a las obras sociales. Además, sobre la parte de sus ingresos que consume, el 21 por ciento se destina al pago de impuestos (IVA). Se suele utilizar el argumento de las remesas al exterior para instalar la idea de la depredación. Pero una sencilla cuenta derriba esta argumentación: supongamos que un migrante tiene gran habilidad para ahorrar y consigue destinar el 25 por ciento de sus ingresos para enviarlos a su familia en el exterior. En este caso, el aporte fiscal de ese migrante casi duplicaría el valor de las remesas.
Ahora bien, muchos migrantes trabajan en la informalidad y por lo tanto no realizan aportes a la seguridad social, pero sí tributan a partir de sus consumos. En estos casos, sin embargo, la informalidad no es –al menos en la gran mayoría de los casos– una ventaja económica para los migrantes, ya que las pérdidas que sufren en términos de jornada de trabajo, condiciones laborales y salarios son muchísimo mayores que los impuestos que dejan de tributar. En tal sentido, la informalidad es un costo que se les impone a los migrantes más que una alternativa que éstos puedan elegir. Una investigación reciente realizada sobre el sector de confección de prendas de vestir por el economista Ariel Lieutier muestra que los trabajadores, principalmente de origen boliviano, que se desempeñan en los talleres clandestinos, reciben un salario equivalente al 50 por ciento del salario mínimo vital y móvil, y al 30 por ciento del salario básico de convenio de su sector. En este caso, si los trabajadores informales destinaran el 10 por ciento de sus bajos salarios como remesas al exterior, el aporte fiscal –por el IVA– seguiría siendo el doble que los envíos al exterior.
Finalmente, un sistema previsional sostenible en el mediano y largo plazo necesita de una relación razonable entre la cantidad de trabajadores activos y pasivos (jubilados y pensionados). En la Argentina actual, esta relación es baja y se ubica en el orden de 1 a 1,5 trabajador activo por cada pasivo. Con una población en proceso de envejecimiento, tasas de natalidad en baja y una suba en la expectativa de vida, harán falta cada vez más trabajadores para mantener el sistema previsional. Dadas las condiciones señaladas, éstos sólo podrán provenir de la inmigración. Sin perjuicio de todo esto, migrar es un derecho humano y no debería evaluarse sólo en términos económicos, tal como pretenden quienes, como Macri, sostienen un discurso antiinmigrante. Lo paradójico del caso es que ni siquiera la economía les da la razón.
* Licenciado en Administración (UBA), miembro del Departamento de Trabajo y Empleo de la SID - Capítulo Buenos Aires - www.sidbaires.org.ar
Por Ernesto Mattos *
Las crisis económicas son expulsoras de fuerza de trabajo en cada rincón del globo. En Estados Unidos se decidió la construcción de un muro en la frontera con México para frenar a los millones de migrantes, aunque esa iniciativa no resolvió ninguna cuestión vinculada con las crisis de Internet y las hipotecas subprime. Cruzando el Atlántico, los fracasos de los objetivos de la estrategia de Lisboa (2000), que suponía una Unión Europea competitiva y desarrollada para 2010, se expresaron en la especulación financiera y la liberalización económica que terminó con diversas crisis en Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y España, amenazando con romper el respaldo del euro. Como respuesta a ello se propusieron ajustes estructurales y reducción del gasto social propuestos por el FMI. Arturo Jauretche nos diría: “Asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador, escrito por el almacenero”. Acompañando las crisis económicas en los países europeos, se aprobó en el Parlamento regional en 2008 la directiva “Retorno”, como una solución conservadora a una crisis económica, la cual refiere al endurecimiento en el trato a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular dentro del territorio del macro–Estado europeo.
Esas políticas restrictivas a la movilidad humana son contra el migrante, sujeto que termina sin derechos y expulsado. Pero, en la mayoría de los casos, termina siendo fuerza de trabajo y contribuye al no envejecimiento de la sociedad europea. Este panorama internacional nos deja planteados tres ejes: la xenofobia, la persecución y la criminalización de la migración.
Las recientes manifestaciones xenofóbicas realizadas por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, sobre la “inmigración descontrolada”, van a contrapelo de las normas vigentes en la Argentina, como la Ley de Migraciones Nº 25.871, sancionada en el año 2003 y reglamentada en 2010, que conceptualiza a la migración como un derecho humano y establece que “el Estado, en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.
La normativa citada ha sido considerada como un ejemplo a nivel mundial y pionera en la región. El Estado argentino tuvo como objetivo (2003-2010): la transformación social mediante la aplicación de las políticas económicas necesarias para revitalizar una redistribución del ingreso; se implementó la Asignación Universal por Hijo, diversos subsidios para los sectores productivos generadores de empleo, subsidios que complementan los salarios de diversas familias que están aun en el sector informal; ampliación de la población en edad de jubilarse y la Ley de Microcrédito. Estas políticas económico-sociales se complementaron con la “regularización” de los migrantes que fueron llegando desde los países hermanos; regulación bajo el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria “Patria Grande”: 423.697 fue la cantidad de personas inscriptas, se otorgaron 98.539 radicaciones permanentes, se dieron 126.385 radicaciones temporarias; y 187.759 de los inscriptos no completaron la documentación.
La mayoría de los radicados provienen del Paraguay (248.144), Bolivia (104.984) y Perú (47.455), según los datos de la Dirección Nacional de Migraciones. El 65 por ciento de estas personas tiene entre 18 y 40 años, o sea, son la fuerza de trabajo de la construcción, obreros textiles, servicio doméstico, niñeras, vendedores ambulantes. Pero no sólo el crecimiento económico y las políticas adoptadas por el Estado argentino han atraído a los hermanos latinoamericanos sino, también, a personas de los países centrales (Estados Unidos y Europa), que tras sus diversas crisis económicas (2001-2010) han expulsado fuerza de trabajo. Un dato importante es que los permisos de ingresos al país de forma temporaria para trabajar en diversas actividades nos arrojan lo siguiente: 5281 personas de Estados Unidos, 1275 personas de España y 1213 personas de Francia.
Mientras el mundo se sumerge en diversas crisis económicas, expulsa su fuerza de trabajo de sus países, la Argentina regulariza y asiste socialmente a las diversas personas que quieran habitar el suelo argentino para trabajar, no discriminando ni estigmatizando a las comunidades que en definitiva aportan cultural y productivamente al país. Para ir terminando, se nos caen estas palabras de don Arturo Jauretche: “Lo nacional no es lo xenófobo, lo nacional es lo universal visto por nosotros”. La Gran Nación Latinoamericana, el Abya Yala, abierta al mundo en un contexto de cierre de fronteras.
* Investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche.
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