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Los dirigentes de las entidades que integran la Mesa de Enlace buscarán hoy unificar posiciones en su evaluación del cese de comercialización de una semana, que finalizó el domingo. De acuerdo con la lectura que se haga de la situación, se empezarán a considerar los próximos pasos a dar para apoyar el reclamo de una mejora del precio que recibe el productor de trigo en el mercado. Por ahora, las opiniones están divididas entre profundizar el lockout y la alternativa de levantar las medidas de fuerza para reemplazarlas por otras acciones simbólicas, como amagar pagar los impuestos con bolsas de trigo. Entre una y otra postura también aparece el abismo entre quienes, dentro de la Mesa, buscan barrer la presencia del Estado y optar por el libre mercado, y quienes quieren un Estado activo, pero a la vez pretenden preservar un perfil opositor, tomando distancia de las posiciones del Gobierno.
La postura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de Sociedad Rural (SRA) es tajante: para Mario Llambías y Hugo Biolcati, sus respectivos titulares, el eje de todos los males es la participación del Estado en el mercado. No quieren cupos que garanticen el abastecimiento interno, no quieren subsidios para los molineros que compensen la suba internacional del precio y eviten su traslado al precio interno del pan y los fideos. Quieren un mercado libre, en el que los cuatro grandes exportadores consoliden su hegemonía en base a pagar el precio más alto, aunque se queden con todo (incluso con el grano que hoy va para la molienda interna). Por eso querrían un paro patronal de comercialización por tiempo indeterminado hasta que se derrumbe todo el andamiaje de regulación oficial.
Federación Agraria insiste en levantar el dedo acusatorio contra las exportadoras, pero pone distancia de la posición del gobierno y de una definición sobre cuál debería ser el alcance de su intervención. Busca encontrar diferencias entre el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, acusando a este último de embarrar el campo con acuerdos de transferencia en favor de los molineros que no se trasladan al productor y terminan aplanando el precio del trigo en el mercado. En definitiva, dicen, a precio más bajo, mayor beneficio para el exportador. Los federados no hablan de libre comercio, pero van a la misma medida de fuerza con los ruralistas.
Coninagro por momentos se endurece, y en otros momentos vacila. Ayer dejó en claro, además, fuertes diferencias internas. Durante el fin de semana, su titular, Carlos Garetto, se mostró junto a Biolcati acompañando el reclamo de éste para que Domínguez renuncie “si no era capaz” de resolver el problema del trigo en los términos que ellos pretenden. Ayer, el segundo de Coninagro, Eduardo Sancho, se diferenció. “Yo no pediría la renuncia de Domínguez, que está trabajando desde el ministerio en forma mancomunada con las economías regionales y se están registrando avances sustanciales”, manifestó. Después de estas declaraciones, Garetto, ayer por la tarde, se preocupaba en aclararle a quien aceptara escucharlo que él no había pedido la renuncia del ministro, “simplemente” había acompañado al patrón del mayor tambo de Latinoamérica (Biolcati) cuando éste lanzó la diatriba.
Todas las manifestaciones de ayer de los dirigentes agropecuarios pretendieron explicar las razones de una pobre repercusión del cese de comercialización y, en cambio, centraron el debate interno en torno de los próximos pasos. “El pago en especies es una herramienta, ya que con el cese de la comercialización de granos hay que tener cuidado: una cosa es usarlo una semana de manera simbólica, que permitió instalar el tema, y otra es parar la economía argentina”, sostuvo Buzzi en defensa de su propuesta. “Esperemos que el gobierno no nos lleve hacia esto último”, se atajó, para poner distancias.
CRA y la Rural propusieron, además, impulsar la publicación por sus propios medios del “precio lleno” del trigo, el denominado FAS (por la sigla en inglés de “franco al costado del buque”) teórico, lo cual no es una medida de fuerza en sí sino, en todo caso, la admisión de que las entidades no se han ocupado hasta acá de implementarlo, como servicio al productor.
Por ahora no hay previstas nuevas reuniones entre el Gobierno y la Mesa de Enlace. Sin embargo, el ministro Domínguez ya ratificó su postura: “No habrá retrocesos, la Argentina va hacia un proceso con más intervención del Estado en el comercio de granos, como un garante del abastecimiento interno”.
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