El cuadro tarifario aprobado por el Enargás discrimina muy fuertemente contra la industria, al igual que el decretado para la tarifa eléctrica. Llegan el FMI y el Banco Mundial.
Por Raúl Dellatorre
El Gobierno espera que la suba salga como por un tubo. En la punta esperan angustiados usuarios.
El aumento “a cuenta” de la renegociación golpeará no sólo a los hogares conectados a la red.
El aumento en la tarifa del gas por redes que deberán abonar los industriales, si el ajuste pasa el filtro de la Justicia, alcanzará al 17,7 por ciento en algunas regiones del país, de acuerdo a los nuevos cuadros tarifarios que ayer difundió el Ente Nacional Regulador del Gas. El esquema de distribución de incrementos repite el aplicado para la tarifa eléctrica: para favorecer a los sectores de menor consumo, la suba es mayor en otras franjas de clientes, castigando particularmente a la de los usuarios industriales. También hay un impacto sensiblemente más alto que el promedio en el precio del gas natural comprimido (GNC) suministrado a las estaciones de servicio, que van del 8,2 al 19,8 por ciento.
Mientras desde Washington se informaba que la semana próxima vendrá a Buenos Aires una misión conjunta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial “a fin de analizar el marco para seguir adelante” en el tema de las tarifas públicas, en el Palacio de Hacienda se aclaraba que recién llegaría el lunes 17. El primer anuncio fue formulado por Thomas Dawson, portavoz del FMI, en conferencia de prensa. Un vocero del Ministerio de Economía señaló que “de acuerdo a lo establecido en el acuerdo alcanzado con el FMI, los dos organismos multilaterales prestarán asistencia en términos de asesoramiento y recomendaciones” en el marco de la renegociación de los contratos de los distintos servicios públicos.
El Enargás aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas por redes en línea con lo dispuesto por el decreto 146/03, firmado el miércoles pasado por el presidente Eduardo Duhalde. Estos aumentos, al igual que los establecidos para el servicio eléctrico, serán considerados “a cuenta” de lo que se resuelva al concluir el proceso de renegociación de los contratos de las empresas de servicios públicos. Ambos ajustes, sobre la luz y sobre el gas, fueron cuestionados ante la Justicia por las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, reclamando una acción de amparo que frene la aplicación de los aumentos. En los primeros días de la semana próxima, culminada la feria de verano, habría una definición no bien se designe un juez para la causa.
Los nuevos cuadros tarifarios para el gas excluyen del aumento a aproximadamente 1,9 millones de consumidores residenciales (categoría R1) por estar contemplados en la denominada tarifa social. Es decir, los que no alcanzan determinado umbral de consumo mínimo, que varía de acuerdo a la región de que se trate (500 m3 anuales en área metropolitana y provincia de Buenos Aires, centro del país, Litoral y Salta, hasta 4700 m3 anuales en Tierra del Fuego). También quedaron excluidas de los aumentos de la tarifa del gas las usinas eléctricas.
Para el resto de los usuarios, según la categoría de cliente, los aumentos se ubican en el siguiente rango:
- Clientes residenciales, 5,6 a 7,4 por ciento;
- Comercios, 7,3 a 9,9 por ciento;
- Industriales, 6 a 17,7 por ciento;
- GNC vendido a estaciones de servicio, 8,2 a 19,8 por ciento.
Es decir, que a pesar del intento del gobierno por minimizar el impacto del ajuste de tarifas señalando que sólo afectaría en unos centavos al presupuesto familiar, no contempló en su discurso que habría una repercusión mayor sobre los costos de las empresas consumidoras de gas. En particular, en empresas químicas que utilizan el gas como materia prima, el aumento en sus costos será muy sensible. La mayor o menor capacidad de absorberlo dependerá, también, de su posición frente a la exportación.
Desde la Secretaría de Energía, se había propuesto la liberación del precio del gas adquirido por firmas industriales exportadoras, que se beneficiaron fuertemente por la devaluación, para permitir aplicar un ajuste menor al resto de la industria. La idea hasta ahora no prosperó, aunque nadie haya explicado cuáles son las objeciones a la medida.
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