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En el país existen más de 800 conflictos relacionados con la posesión de la tierra, que involucran a campesinos y comunidades originarias. Los problemas están vinculados con desalojos, inconvenientes en los arrendamientos, la falta de reconocimiento a la posesión veinteañal, entre otras causas. Este dato se desprende de un informe que está elaborando la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) en un programa del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (Proinder), que depende del Ministerio de Agricultura. El objetivo del trabajo es aportar un insumo científico y cuantitativo para que las organizaciones campesinas puedan solicitar al Estado la regularización de la tenencia de la tierra. Un caso emblemático en esta disputa ocurre en Salta, donde la jueza Ana María De Feudis de Lucía mantiene en ejecución 40 juicios contra campesinos, a pesar de que existe en esa jurisdicción una ley votada a fines del año pasado que puso freno a los desalojos.
El “estudio de relevamiento y sistematización de problemas de tierra de la agricultura familiar”, elaborado por los investigadores de la Unsam, estaría listo para fines de junio. Según indicó a Página/12 uno de los investigadores involucrados, cada conflicto puede involucrar a múltiples personas. Un caso paradigmático ocurre en Formosa, donde en un solo terreno están afectadas aproximadamente 1300 familias.
La pregunta inicial que dio nacimiento a este proyecto de investigación fue cuántas familias de agricultores familiares fueron desplazadas por el proceso de ampliación de la frontera agropecuaria, la extranjerización de la tierra y las expulsiones. “Los desalojos que se ejecutan contra los pequeños campesinos deberían ser considerados como causas de derechos humanos, sobre todo por la violencia que se ejerce contra nosotros”, señaló a este diario Alfredo Riera, presidente de la Asamblea de Pequeños Productores del Chaco Salteño.
En diciembre del año pasado, la Cámara de Senadores de Salta sancionó por unanimidad una ley que les puso freno a los desalojos por 18 meses. La normativa fue promulgada por el gobernador Juan Manuel Urtubey dentro de los plazos legales. Sin embargo, los juicios no se frenaron. Es más, surgieron nuevas causas, todas con un denominador común: la jueza que continúa impulsando los juicios es Ana María De Feudis de Lucía, del juzgado Civil y Comercial Nº 1 (Distrito Judicial Norte, Circunscripción Tartagal).
Entre noviembre de 2004 y septiembre de 2010, De Feudis llevó adelante 75 causas contra campesinos. De ese total, resolvió 32, todos en contra de los pequeños productores. El resto de las causas continúa en trámite. La estadística, a la que tuvo acceso este diario, fue elaborada por la Asamblea de Pequeños Productores.
Uno de los últimos intentos de expulsión ocurrió en abril de este año, ya con la ley vigente. De Feudis ordenó expulsar al campesino Alberto Yapura de un terreno de 200 hectáreas (que forma parte de un lote mayor de 4000 hectáreas), ubicado en el lote fiscal Nº 7. El pedido de desalojo al que hizo lugar la magistrada fue hecho por Ubaldo Tomislav Vujovich Villa, un ex coronel acusado de privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada y torturas contra Silvia Benjamina Aramayo, secuestrada en la madrugada del 24 de septiembre de 1976. La denuncia por estos hechos fue realizada en 2009, ante la fiscalía federal Nº2, a cargo de Eduardo Villalba.
“Lo importante a remarcar en todo esto es que la jueza presenta animosidad contra los campesinos, a pesar de que existe una ley que suspendió los desalojos rurales. Por eso las distintas organizaciones están buscando el juicio político de la magistrada”, afirmó a Página/12 Florencia Gómez, especialista en tenencia de tierras rurales. Esta es la misma magistrada que también falló a favor de Gianfranco Macri, el hermano del jefe de Gobierno porteño.
El campesino Yapura vive en el lote fiscal número 7 –conocido también como Las Tranquitas– desde 1964. Ocupa aproximadamente 200 hectáreas sobre un total de 4000. Además de él, viven otras 42 familias. Vujovich se presentó ante la Justicia y dijo que tenía títulos de esa propiedad emitidos en Bolivia. Sin embargo, documentos de la Dirección General del Inmueble y la Dirección de Catastro indican que el lote en cuestión pertenece a la provincia de Salta y que Yapura tiene su posesión. La aprobación de estos planos aparece con fecha enero de 2004.
El Ministerio de Producción y Empleo, Programa de Tierras Fiscales indicó en julio de 2007 que “no se encontró en la base de datos información sobre posesión y/o adjudicación a favor de Vujovich”. Este dato surge del propio fallo firmado por De Feudis, en 2008. Así y todo, continuó con los intentos de desalojo, que ahora deberían frenarse por la normativa provincial. “Es la propia jueza la que no cumple con la ley”, aseveró Riera, quien también recibió la semana pasada un pedido de desalojo.
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