Página/12 :: Economía :: Inflación estructural

Con la inestimable colaboración de índices de precios al consumidor oficiales que repiten el 0,7 o 0,8 por ciento cada mes desde hace catorce en forma consecutiva, el tema de la inflación se ha instalado como uno de los más relevantes en el debate económico electoral. Ambito Financiero publicó esa curiosidad estadística elaborada por el banco de inversión Goldman Sachs, que también sabe jugar con números, habilidad que se descubrió con la debacle griega cuando facilitó la colocación de bonos de deuda de ese país hoy en desgracia. La originalidad de esas estadísticas públicas entorpece la comprensión del actual proceso inflacionario, dejando el terreno abonado para la irrupción de profetas de la ortodoxia, que reúnen antecedentes suficientes para mostrar que sus propuestas han fracasado al generar la más dramática crisis económica de la historia moderna del país. Sin mínima autocrítica, avalados por un coro disciplinado de la cadena nacional de medios privados, se presentan como portadores de saberes sobre la inflación. Su diagnóstico, con más o menos énfasis, con más o menos transparencia expositiva, se resume en que los aumentos de precios se deben a la exagerada emisión monetaria, al fuerte crecimiento de la demanda agregada y a los desmedidos aumentos de salarios. Ante ese cuadro de situación, la sugerencia, disfrazada como el camino para mejorar la distribución del ingreso, es un ajuste monetario, fiscal y salarial. El economista e historiador Mario Rapoport rescató del libro Los ministros de Economía, del periodista económico Enrique Silberstein, la siguiente sentencia, expuesta en los años ‘70: “Nos pasamos la vida hablando contra la inflación, todo gobierno y todo ministro de Economía (hoy políticos de la oposición con sus economistas de la city) lo primero que promete es combatir la inflación. Y, si uno se fija bien, el ataque a la inflación va dirigido al incremento de los costos, o sea al aumento de salarios. Jamás se ha combatido la inflación diciendo que se debe al crecimiento de las ganancias... Nadie se ha preguntado si las ganancias tenían sentido y si eran económicas”.

En el documento “Una revisión histórica de la inflación argentina y sus causas” publicada en el libro Aportes de la Economía Política en el Bicentenario, Rapoport explica que “si la inflación es un problema que reconoce múltiples causas, recomendar un remedio sin un análisis detallado es un acto de curanderismo o esconde, en realidad, intereses concretos”. Admite que se trata de un fenómeno complejo y que existe en el país una arraigada cultura inflacionaria. Menciona que economistas de la corriente monetarista expresan sus clásicas posturas para enfrentar el problema del alza de precios: reducir el gasto público, restringir la emisión monetaria y moderar el alza de salarios. Pese a la insistencia en el espacio público sobre esos determinantes ortodoxos de la inflación, el actual proceso de aceleración en la suba de precios que se verifica desde 2007 no identifica ninguno de los motores tradicionales de inestabilidad de precios. Reconocer esa carencia implicaría develar la matriz ideológica conservadora que apunta sobre la demanda agregada (gasto público, salarios) para defender las ganancias extraordinarias de conglomerados económicos con posición dominante en sectores claves de la economía.

Aunque parezca extraño ante la hegemonía en ámbitos académicos como públicos del pensamiento ortodoxo sobre la inflación, existen otras explicaciones sobre ese fenómeno desarrolladas por economistas argentinos de prestigio internacional. Ya en los años ’60 surgió un nuevo concepto de inflación planteado por el profesor Julio H. G. Olivera que refería a que en países periféricos el alza de precios no es de origen monetario sino estructural al obedecer, sobre todo, a rigidices y asimetrías de la economía, como el estrangulamiento en la balanza de pagos. Rapoport añade que “una mirada estructural no identifica el problema sólo con la inflación sino con un conjunto de otros problemas, como la distribución del ingreso, los cuellos de botella en el sector externo y en las cadenas productivas, la generación de tecnología propia o la acumulación de capital”. La inflación estructural es una característica particular de países subdesarrollados con problemas en el sector externo.

En esa trama compleja que se aleja de las recetas fáciles de la ortodoxia, una de sus facetas es la utilización del tipo de cambio y las retenciones para intervenir en una estructura productiva desequilibrada (agro competitivo por ventajas naturales e industria con una productividad más baja en términos comparativos) y el impacto de la evolución de los precios internacionales de las materias primas. Economistas y políticos que repiten postulados neoliberales hoy maquillados de sensibilidad social, acompañados por no pocos denominados progresistas y heterodoxos, que festejaron el voto no positivo del vicepresidente Julio César Cleto Cobos que implicó abortar la posibilidad de aplicar derechos de exportación móviles a cuatro cultivos claves como estrategia anticíclica ante shocks externos, tienen cuota de responsabilidad sobre el actual comportamiento de los precios de los alimentos. No sólo neutralizaron esa medida, sino que determinaron condiciones políticas, sectoriales y sociales que limitaron la posibilidad de subir retenciones, eficaz instrumento de política económica que permite disociar los precios internacionales de los domésticos en el sensible sector de alimentos. Según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los índices de precios internacionales de alimentos subieron casi 30 por ciento entre junio y diciembre de 2010, cerrando el año en niveles similares a los alcanzados durante el clímax del alza de precios del primer semestre de 2008. Esa tendencia continuó en la primera parte de este año hasta marcar el mayor registro desde que la FAO empezó a medir los precios de los alimentos en 1990. Sus registros señalan un aumento de 138 por ciento por tonelada en el precio de los alimentos en el mundo en nueve años, al pasar de 97,7 dólares en 2003 a 233,5 dólares en lo que va de 2011. La FAO informó que los precios de los productos cárnicos en ese período se incrementaron en 80 por ciento, el de los cereales 161 por ciento, mientras que los precios del aceite y el azúcar aumentaron 164 y 271 por ciento, respectivamente.

Ignorar esa trayectoria de los precios internacionales para examinar el comportamiento local muestra debilidad analítica, deliberada intención de confundir el debate o voluntad de proteger intereses sectoriales. Un interesante ejercicio de simulación sería estimar cuál hubiera sido el recorrido de los precios internos en estos años con retenciones más bajas o ninguna, y sin la política de acuerdos personal de la Secretaría de Comercio Interior con eslabones concentrados de la cadena productiva y de comercialización.

Ante un contexto internacional de alza de precios de materias primas y con un tipo de cambio competitivo, la aplicación de retenciones, y móviles, es la medida de corto plazo más eficiente para amortiguar ese impacto externo en los precios, además de contribuir a la redistribución de parte de la renta de la tierra hacia la industria local. Esa política es necesaria, no suficiente teniendo en cuenta el tipo de inflación que irrumpe por las mencionadas condiciones estructurales de la economía, lo que implica la necesidad de profundizar la recuperación de la industria con mayor grado de complejidad e integración local para superar esas restricciones. El fallido intento de la resolución 125 tiene un efecto más duradero en la economía y en los precios que la estrella fugaz Cobos.

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